Correa junto a otros dirigentes de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) están siendo investigados por la Justicia Federal por el supuesto delito de falsificación de documentos públicos, para hacerse del manejo del sindicato de empledos del ingenio Marapa, lo que le valió posteriormente, acceder al máximo cargo de la federación.
La demanda fue presentada oportunamente por el dirigente Rodolfo Antonio Reinoso, que pertenece al ingenio Aguilares, ante la sospecha de que Correa junto a un grupo de personas se postularon como autoridades obreras del ingenio Marapa, cuando no prestaban servicios en esa fabrica azucarera.
Luego de la feria judicial, el fiscal Federal N°1, Carlos Brito, resolvió emitir una serie de oficios dirigidos al Ministro de la Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, para que remita al ministerio público la certificación de autoridades del sindicato de empleados del ingenio Marapa y la totalidad de los antecedentes administrativos presentados por el citado sindicato, desde la puesta en conocimiento del acto eleccionario llevado a cabo el 10 de marzo de 2018, hasta la obtención del certificado de autoridades.
Entre los actos administrativos reclamados, el organismo nacional deberá informar el tratamiento dado a las impugnaciones y reclamos realizados contra Correa y compañía por los otros dirigentes de la FEIA, entre ellos, los sindicalistas de los ingenios La Trinidad, Bella Vista, Aguilares y Santa Bárbara.
A su vez, el fiscal Brito envió otro oficio, el número 1635/2019 a la firma Azutra SA. (de Martín Luque), que explota el ingenio Marapa, para solicitarle que indique si “los señores Juan Ramón Correa, Deolindo Alderete, Rodrigo Albornoz, Octavio González, José Acuña, Marian de los Angeles Barcat, Estefanía del Valle Díaz, Erika Tripke, Hernán Farías Peñalva y Lorena Lucena prestan servicios en el Ingenio Marapa, debiendo informar fechas de ingresos y/o egresos”.
Pero este lunes, al llegar el expediente a manos del fiscal General, ante la licencia de Brito, Gómez consideró oportuno ampliar la investigación y libró oficio a la Administración Federal de Ingesos Públicos (AFIP), para que informe en relación al historial laboral de Juan Ramón Correa y los arriba mencionados.
El fiscal Gómez también decidió solicitar al Correo Argentino informes en relación a la autenticidad de las cartas documentos que cruzaron Reinoso y la empresa Azutra, para conocer sobre la existencia de antecedentes laborales de Correa en el ingenio Marapa.
Además, el representante del ministerio público solicitó al Ministerio de la Producción y Trabajo de la Nación, copia de los expedientes del 18 de marzo; del 10 de abril y del 2 de octubre de 2018 referidos al proceso eleccionario de autoridades del ingenio Marapa.
Al parecer, por el impulso que tomó la causa en los tribunales federales, el respaldo político conseguido por Correa, de parte de los popes de la Confederación General del Trabajo (CGT), no le servirá de mucho. El documento cegetista que declaraba el estado de alerta y movilización, llevaba la firma de los líderes nacionales Carlos Acuña y Héctor Daer, quienes quizás desconocían el ardíd desplegado por Correa y que merece el tratamiento de la Justicia Federal.
