El 4 de abril de 2017 un hecho conmocionaba a Burruyacu. Cerca de las 11, cuatro hombres ingresaron a la sede del Correo Argentino y escaparon después de apoderarse de más de $ 3 millones. Pero el plan de fuga no fue tan brillante. Dos de los autores fueron aprehendidos por personal de Gendarmería nacional. Poco más de dos años después, los detenidos fueron condenados a ocho años de prisión en un juicio abreviado, que se realizó en el Tribunal Oral Federal (TOF).
Era un día más en la localidad del noreste de la provincia. Los habitantes de esa ciudad y de zonas cercanas esperaban para cobrar jubilaciones, pensiones y planes sociales. De pronto, cuatro hombres llegaron al lugar y, después de reducir a golpes al único policía que había allí, se dirigieron al sector de caja, amenazando con armas cortas y largas a las casi 100 personas que se encontraban en el local.
Los asaltantes cargaron el dinero en bolsas del Correo y escaparon. En el camino se encontraron con vecinos que a gritos y arrojándoles alguna que otra piedra intentaron detenerlos. Se subieron en dos motos y huyeron del lugar en medio de un caos generalizado. Los testigos avisaron a las autoridades de lo que había sucedido y se montó todo un operativo para buscar a los delincuentes.
A los pocos minutos, una camioneta de Gendarmería sorprendió cerca del ingreso de la ruta que va a Garmendia a dos de los cuatro asaltantes. Los gendarmes fueron atacados a balazos cuando intentaron detenerlos. Entonces, la camioneta de la fuerza federal embistió a los sospechosos, que quedaron tirados a la vera del camino y más de $ 2, 8 millones en billetes de diferente denominación, desparramados por el campo. El resto del botín, según confirmaron fuentes judiciales, habría quedado en poder de los otros dos asaltantes que huyeron en la otra moto.
Los pesquisas descubrieron que la banda venía planeando el ataque desde hace varios días. A los pocos minutos de que los detenidos ingresaran al Centro de Salud para ser atendidos por las heridas que habían sufrido, una mujer se acercó a la guardia policial para informar que esos eran los hombres que habían asaltado a su familia el sábado a la madrugada. Luego amplió la denuncia asegurando que la moto que apareció en las imágenes era la que le habían llevado ese día. Esa revelación les sirvió a los investigadores para aclarar varios puntos oscuros. A la familia que sufrió el atraco también le sustrajeron un VW Gol Trend. Los vecinos de Burruyacu habían notado un automóvil de esas características merodeando por el pueblo horas antes de que se produjera el hecho.
Según fuentes de la investigación, a los policías les pareció extraño que los asaltantes hayan decidido utilizar motos para escapar y no un vehículo para transportar más de $ 3 millones en mochilas. Otro detalle: la familia fue asaltada por cinco personas y ahora se preguntan si ese quinto hombre los habría esperado en el vehículo, lo que les llamó la atención a los pesquisas.
El desenlace
Pasó el tiempo y los otros participantes del asalto no pudieron ser ubicados. Según los investigadores, huyeron de la provincia al saber que tenían a las fuerzas detrás de ellos. Pese a que tenían pedido de captura vigente, nunca pudieron ser ubicados ni se encontraron los más de $ 400.000 del botín robado. Además Luis Diosquez y Manuel Alberto Salvatierra dijeron que habían participado solos en el hecho.
El fiscal Pablo Camuña, que dirigió el proceso, solicitó en más de una oportunidad a la Justicia ordinaria que le remitiera el expediente de la causa en la que imputados estaban acusado del robo de la moto y del auto que fueron utilizadas para cometer el asalto.
Su idea era de unificar las causas para imputarles dos delitos, ya que consideraba que el primer hecho fue cometido para perpetrar el segundo. Pero su planteo no prosperó y los acusados aún no fueron enjuiciados por ningún tribunal.
Diosquez, representados por Silvia Furque; y Salvatierra, asistido por el defensor oficial Adolfo Bertini, llegaron a un acuerdo con el fiscal Camuña para que se sometieran a un juicio abreviado. Este paso se concreta cuando los imputados se declaran culpables del hecho del que están acusados, se llega a un acuerdo y un tribunal lo avala. Los jueces aceptaron el convenio y terminaron condenando a los acusados a ocho años de prisión por el delito de robo doblemente agravado (con armas de fuego, en lugar poblado y en banda), en concurso real con resistencia a la autoridad y en concurso ideal con abuso de armas.
La pena podría haber sido mayor si la Justicia ordinaria le giraba la causa por el asalto que cometieron a la familia que le quitaron los rodados utilizados en el atraco.
