La cuarentena obligatoria cumplió este lunes cuatro meses y, con mayores o menores restricciones a lo largo del país, provocó una caída histórica en la actividad económica. El dique de contención que intentó levantar el Estado para asistir a empresas y familias resulta insuficiente para evitar que se incrementen en estos 120 días los índices de pobreza y de desempleo, que alcanzarán niveles históricos.
La extensión del aislamiento social, que impide la circulación normal de personas y fuerza a distintos sectores de la economía a funcionar a media máquina, obligó al Gobierno a prolongar la duración de su paquete de ayuda al sector privado.
La pandemia, de todas formas, encontró al Ejecutivo en medio de una crisis económica ya iniciada, sin posibilidades de financiamiento en el mercado -y mientras trata de resolver la reestructuración de la deuda-, y con una única forma de cubrir el costo de su asistencia: mediante la emisión de dinero por parte del Banco Central.
El Gobierno de Alberto Fernández heredó una economía con un déficit primario en torno de 0,4%. Como consecuencia de la pandemia, el Ejecutivo necesitó expandir el gasto a un ritmo vertiginoso. Según los últimos datos, el rojo de las cuentas públicas se acerca al billón de pesos.
PBI: caídas históricas
La actividad económica sintió de manera inmediata el frenazo cuando el Gobierno estableció la cuarentena desde el 20 de marzo. Esos diez días más abril completo tuvieron un parate casi total de la economía en todo el país.
Entre mayo y junio el Gobierno nacional, junto a los provinciales, ensayó una serie de flexibilizaciones. Las más pronunciadas fueron en aquellas provincias y municipios con menor cantidad de casos de coronavirus.
Los datos mostraron que en marzo, con apenas 10 días de aislamiento social estricto, la caída de la economía fue de 11,5%. En abril, mes completo en cuarentena, tuvo lugar el derrumbe económico mensual más grave registrado: 26,4%.
Para mayo, según estimaciones privadas, el desplome de la actividad sería no menor al 15%. El dato oficial se conocerá este miércoles. De acuerdo a Analytica, desde que se inició la pandemia el PBI argentino se redujo un cuarto de su tamaño.
El desplome, sector por sector
Distintos rubros de la economía experimentaron caídas más significativas ante la imposibilidad de operar con cierta normalidad, incluso luego de la flexibilización parcial de la cuarentena.
Sectores como el hotelero, el gastronómico, la construcción y el esparcimiento fueron en primer lugar los más golpeados. En abril, mes completo en aislamiento estricto, la construcción cayó 86,4%; hoteles y restaurantes 85,6%; y servicios comunitarios y sociales 72,1%.
Hacia mayo hubo una desaceleración del retroceso, que de todas formas siguió siendo muy pronunciado. La actividad en las obras públicas y privadas se desplomó 48,6% al compararla con mayo del año pasado.
Para el caso de la industria manufacturera, la flexibilización parcial del aislamiento social hizo que en mayo la actividad fabril caiga 26,4%, mientras un mes antes el retroceso había sido de 33,5%. De hecho, en la comparación mensual hubo una leve mejora de 9%.
Ingreso Familiar de Emergencia
El IFE fue una de las medidas decisivas del paquete de anuncios que hizo el Gobierno nacional apenas iniciada la crisis sanitaria por el coronavirus. El objetivo fue tratar de sostener con ingresos a aquellos sectores vulnerables que se veían impedidos de continuar trabajando por la cuarentena.
Para eso, Anses planificó el pago de $10.000 para desempleados, trabajadores informales y otros que si bien están registrados forman parte del sector más castigado durante el aislamiento social, como por ejemplo las trabajadoras de casas particulares. Por otra parte, llegó a quienes cobran la AUH. Así, llegaría a unas 9 millones de personas.
El Gobierno aún se encuentra pagando el segundo bono de $10.000 y anunció en los últimos días que hará un tercer pago completo para esas 9 millones de personas en todo el país, independientemente del nivel de apertura de la cuarentena de cada región.
Según un estudio que hizo el Poder Ejecutivo semanas después de haber recolectado la información sobre las solicitudes del IFE, el 64% de los potenciales beneficiarios están bajo la línea de la pobreza o indigencia. Además, prácticamente todos los jóvenes que aplicaron para cobrarlo -99%- trabajan en la informalidad.
Programa ATP para pagar salarios
Otro pilar del sistema de asistencia del Estado en el contexto de pandemia fue para las empresas. A través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Gobierno buscó la forma de ayudar a las compañías de sectores afectados por la crisis a no interrumpir el pago de salarios y evitar así un desplome mayor en los ingresos de los hogares.
El programa consiste en una transferencia directa realizada por Anses a la cuenta de cada empleado. Desde junio, el Gobierno estableció una diferenciación entre las empresas que se encuentran en zonas con aislamiento social de aquellas que pasaron a distanciamiento social.
Para el primer caso, el Estado abona hasta dos salarios mínimos por empleado. Para el segundo caso, en las empresas de menos de 800 trabajadores en su plantilla, la ayuda es de un salario mínimo por empleado.
El ATP además incluye un diferimiento en el pago de contribuciones patronales. Las empresas que ingresen al programa no podrán hacer operaciones de contado con liquidación durante dos años. En ese tiempo, las compañías de mayor tamaño tampoco podrán repartir dividendos ni efectuar recompras de acciones ni operar con firmas vinculadas radicadas en paraísos fiscales.
Gasto público: emisión récord
Con los mercados internacionales cerrados en medio de la negociación de la deuda, y mientras aún busca recomponer la “normalidad” en el financiamiento en pesos local, la única alternativa que le quedó al Gobierno para financiar su paquete contra el COVID-19 fue la emisión monetaria.
De acuerdo a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en los primeros seis meses del año el Banco Central realizó transferencias al Tesoro por $940.000 millones. La combinación de mayor gasto y caída de la recaudación durante la cuarentena el sector público pasó de un superávit primario en los primeros seis meses del año pasado de $53.989 millones a un déficit de $911.124 millones.
En lo que va de la pandemia, el Gobierno lleva gastados casi $450.000 millones, al contabilizar todas las medidas económicas y asistenciales. Solo hasta junio, el Estado dedicó $131.000 millones para el pago del IFE, sin tener en cuenta todo el pago completo de la segunda cuota.
En segundo lugar, el salario complementario del programa ATP para ayudar al pago de sueldos insumió casi $87.000 millones. Luego le siguió las garantías ofrecidas desde el Estado para que las pymes puedan acceder a préstamos blandos, por otros $68.000 millones. Las transferencias a provincias implicaron $48.000 millones, los Aportes del Tesoro Nacional $38.000 millones, políticas alimentarias $18.000 millones y transferencias al PAMI $14.000 millones.
Desempleo y pobreza
Aún sin datos oficiales, se estima que las tasas de desocupación y de pobreza se dispararán como efecto de la pandemia y del parate económico. Las primeras cifras del Indec que reflejarán el impacto del coronavirus se conocerán en septiembre.
De todas formas, los primeros cálculos privados hacen prever un salto de esos dos indicadores que llevará las tasas a niveles históricos. Según publicó Ecolatina este domingo, el desempleo podría superar el 15% a junio. Un recuperación económica eventual hasta fin de año solo serviría para recortar esa cifra a 13,5%.
El aumento de la pobreza también es un hecho. El propio Gobierno admitió en distintas oportunidades que la cantidad de pobres e indigentes será mucho mayor que al inicio del año. Estimaciones oficiales hablan de un 40% de pobres hacia el primer semestre del año. La Universidad Católica Argentina calculó 45%.
El IFE, según el Ejecutivo, evitaría que la pobreza aumente entre 5 y 6 puntos porcentuales. En el caso de la indigencia, el impacto positivo sería de entre 4 y 7 puntos menos de personas que no puedan cubrir la canasta alimentaria como consecuencia del coronavirus. Representaría, entonces, entre 2,7 y 4,5 millones de personas.
El plan pospandemia
Alcanzados los cuatro meses de crisis sanitaria y económica por el coronavirus el Gobierno analiza cómo será el plan de salida para la economía una vez que termine la pandemia.
Este lunes el gabinete económico habló sobre ese tema. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero cuenta con un cuaderno de 370 páginas que elaboraron los funcionarios para establecer una línea de acción.
Las iniciativas incluirían, según trascendió, un fomento a la obra pública en barrios vulnerables, la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia a distintos sectores, la creación de puestos de trabajo para personas que actualmente cobran planes sociales, una moratoria grande para empresas e individuos y créditos blandos entre otros puntos.
A nivel macroeconómico, el Gobierno deberá sacar del congelamiento ciertos precios de referencia como las tarifas, boletos de transporte y naftas, lo que podría complicar el camino de desaceleración de la inflación. Las estimaciones hablan de una caída del PBI este año de 10% (FMI y Banco Mundial). Aún no está claro cuánto y en qué medida llegará la recuperación una vez que el coronavirus sea cosa del pasado.
