Una visita al barrio denominado El Cuadro, en Villa Quinteros, fue el detonante de la decisión del obispo José María Rossi de denunciar un drama al que los tucumanos parecieran habituados: las inundaciones. El pastor de Concepción reclamó acciones a las autoridades del Estado y un mea culpa porque los desastres ocurren cíclicamente por su proceder o falta de proceder. “A muchos funcionarios públicos les haría bien ver a los inundados: ir a sus casas y escucharlos. Es conmovedor y, por eso, después uno tiene que actuar. La visita que hicimos me motivó a decir estas palabras para tratar de ayudar”, explicó Rossi en un audio grabado en Concepción.
El contacto que generó el pronunciamiento sucedió el 3 de diciembre, días después de que vecinos de El Cuadro padecieran los efectos devastadores del agua. El pastor y el obispo coadjutor Melitón Chávez fueron hasta el paraje y se encontraron con un escenario tristísimo, según narró el primero. “Es una situación muy dolorosa. Desde el punto de vista material nosotros ya sabemos qué sucede: entra el agua a la casa; primero mata las gallinas; después pudre los muebles, arruina los electrodomésticos y dejan sin colchones… Si tenés suerte, no entran las víboras”, describió. Rossi añadió: “además de las cosas, está lo que queda adentro. Es muy duro hablar con la gente porque guarda mucha angustia. También ese es un daño grave, y se puede ver cuando la gente hace memoria de lo que le pasó y de lo que perdió. A veces el agua se lleva hasta los recuerdos de una familia”.
El sacerdote acotó que las palabras que dicen los inundados son muy reveladoras y que a él lo habían llevado a pensar en las causas de un desastre periódico que podría ser remediado. Rossi insistió que había responsables de estos males y que seguían sucediendo en parte porque la Justicia no los sancionaba. “No vi que el Poder Judicial intervenga para castigar a los culpables. El caso de La Madrid es emblemático. En su momento hubo mucho revuelo y se hizo un estudio sobre las obras que hacen falta para evitar que el agua se desborde, pero, al final, la acción estatal se concentró en cosas menores: los problemas de fondo siguen igual. E insisto en que los afectados saben quiénes causaron los daños. ¿Cómo es posible que la Justicia no investigue esto? ¿No hay forma de que el culpable pague?”, interrogó.
En abril de 2017, La Madrid quedó tapada por el agua proveniente del río Marapa. Más de la mitad de los 8.000 vecinos tuvieron que abandonar sus hogares e instalarse a un costado de la ruta 157. En aquella ocasión, algunos de ellos incluso dialogaron con el entonces presidente Mauricio Macri, quien visitó la zona dañada. Dos años después, nuevas inundaciones afectaron a alrededor de 40 familias, según relató la crónica de LA GACETA. Tanto la Nación como la Provincia hicieron estudios sobre las obras necesarias para contener el Marapa, pero no hubo avances. En febrero de 2018, una sirena “similar a la de los ingenios” fue instalada en la comisaría de La Madrid para alertar sobre las crecidas. Pero el sistema no funcionaba al momento de las inundaciones de 2019.
Todo sigue
“En las visitas a las víctimas uno escucha muchas cosas. Dicen, por ejemplo, que llovió más de lo normal. Aquí se ve el cambio climático agravado y acelerado por la intervención del hombre. Hay responsables de esto. Como dice el Papa Francisco en la encíclica ‘Laudato si’, existe un sistema económico de producción y consumo basado en la ambición, y no en el servicio a la comunidad. Cuando la ambición no tiene límites, en vez de construir, destruye. Aquí tenemos el caso del desmonte: ya sabemos lo que ocasiona y, sin embargo, sigue”, advirtió Rossi. El obispo subrayó que, pese a todo lo que había pasado, la reforestación era inexistente. “Continúan bajando maderas y volteando árboles. Hacen desastres y, después, los arreglan con una ‘multita’”, objetó.
No con un colchón
Además de la tala está el problema de la falta de mantenimiento de los canales y desagües. Rossi expresó que a algunos productores no les importaba tapar un canal si de este modo podía sembrar más superficie: “a lo mejor hay alguien que tiene unas hectáreas y cree que, por sacar un poquito de provecho, no va a perjudicar al mundo, pero resulta que el agua en vez de ir a los ríos termina en las casas de los vecinos y en los caminos. Los productores rurales deben ver qué está pasando con el manejo del suelo”.
Pero el obispo afirmó que tanto las víctimas de las inundaciones como los que contribuían a provocarlas dependían de que el Estado pusiera orden, planificara y controlara. “Es fácil echar la culpa a la gente y decir que tira basura a los canales, pero muchas veces lo hace porque no pasa el camión a recogerla. Ahí hay una ausencia del servicio público. Lo mismo pasa con la obstrucción de las cunetas en las zonas de los asentamientos. También allí hay una responsabilidad. La gente muchas veces no sabe: ocupa donde puede porque necesita una casa. Pero ahí falta el Estado, es decir, la planificación de las viviendas y la regularización de los asentamientos”, reprochó.
Rossi convocó a ir más allá de la superficie de las inundaciones y a buscar a los responsables que permanecen ocultos. “Los inundados padecen por acciones humanas y no sólo por fenómenos de la naturaleza. Alguien tiene que resolver esto. Las víctimas poseen derechos: deben ser resarcidas y esto no se resuelve con un colchón. ¿Qué hay de las pérdidas con valor afectivo y de salud? Está la angustia de los adultos y de los niños, que no la expresan y les hace más daño todavía. ¿Quién se hace cargo de esto? ¿O cada uno tiene que arreglárselas como pueda? ¿A mí me perjudica alguien y yo debo quedarme en el molde?”, preguntó retóricamente.
Investigación ausente
El discurso apuntó a la inacción judicial. “Cuando ya sucedió el desastre, cuando no hubo control, el Poder Judicial tiene que intervenir. La verdad es que no veo esa reacción”, cuestionó. el obispo. E insistió que los pobladores conocían a los autores de los desmontes y que, sin embargo, la Justicia “se quedaba quieta”. “Si hay responsabilidad del Estado es porque los funcionarios incumplieron sus obligaciones, pero falta la investigación”, precisó. Y recordó que en Tucumán existió una Fiscalía Anticorrupción hasta 2005 -fue eliminada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán con el acuerdo del entonces ministro público fiscal Luis de Mitri-. “Me parece que hace falta (reinstalarla). Si el Estado no crea estructuras que controlen a los funcionarios, habrá más desbordes y corrupción. Sin la complicidad y la desaprensión de parte de las autoridades públicas, las inundaciones no podrían pasar”, opinó.
El pastor católico explicitó que él no hablaba como experto, sino que sólo escuchaba, miraba y pensaba con sentido común. Y evaluó: “creo que toda la estructura del Estado debería movilizarse y hacer un mea culpa por su ausencia. La Iglesia también: ¿qué responsabilidad tenemos nosotros en el sufrimiento de nuestros hermanos inundados? ¿Qué podría hacer yo para que esto no suceda? Cada familia perjudicada tiene que ser un llamado de atención”.
Autor: Irene Benito | La Gaceta
