Son al menos tres los formularios, sistemas y planillas con las que las empresas de consumo masivo tienen que cumplir. Con sus precios casi congelados hace más de un año, las compañías acusan que se van quedando sin margen, pero a la vez, los precios de los alimentos no dan tregua.
En marzo, según la consultora LCG, aumentaron un 4,6%, por encima de lo que se estima que será la inflación general, más cercana al 4,1%. Esta semana se conocerá el número oficial del Indec, pero la mayoría de las consultoras ya arriesga que, tal como sucedió en enero y en febrero, los incrementos en el caso de los alimentos van a superar el índice total.
// El Gobierno renovó hasta julio el programa Precios Cuidados con un incremento de 4,8%
Solo en la primera semana de abril, LCG midió un alza de los alimentos del 1,3%. Para poner el número en contexto, la inflación anual en Brasil en 2020 fue del 4,5%.
Los que más subieron en los últimos siete días fueron los productos lácteos y los huevos, que se encarecieron 4,6%. Luego, las comidas listas para llevar (+2,1%), las carnes y los panificados y cereales (+0,9%) y las verduras (+0,7%).
“Esto muestra una aceleración respecto de las últimas semanas de marzo y además es un registro sumamente alto, que deja un arrastre con un piso del 3,6% para lo que queda de abril”, explica Julia Segoviano, analista de la consultora.
“Las personas más pobres, con menos ingresos, consumen mucho más alimentos y bebidas dentro de su canasta que los que más ingresos tienen: esta inflación los afecta directamente a ellos”, añade. En otras palabras, los niveles socioeconómicos más bajos destinan un mayor porcentaje de su ingreso total a esta categoría que los más altos.
Mientras tanto, y por más control y congelamiento que exista, no todos llegan a todos lados. A pesar de que las normas se respetan en las cadenas y los grandes supermercados, hay muchos almacenes y comercios de cercanía donde se pueden comprobar “precios reales”, por afuera de los valores de Precios Máximos.
La consultora Focus Market elaboró un cuadro con las diferencias en las que se ve, por ejemplo, que un kilo de arroz vale $73,55 en los lugares donde se respeta el congelamiento y $108,80 en los lugares donde no, es decir, una diferencia de 48%.
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“En marzo, la inflación de alimentos y bebidas superó el 4%. Acumula casi 15% en el primer trimestre y se ubica muy por encima de una inflación general, ya de por sí elevada (11,5%)”, suma Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina. “La inflación de este capítulo suele ser una buena referencia para la inflación del ‘bolsillo’, lo que da un indicio de que la caída del poder adquisitivo habría seguido en los primeros meses del año”, añade.
Los precios de los alimentos en este momento ajustan “como si el dólar hubiera pegado un salto”, explica Juan Ignacio Paolicchi, analista de Empiria. “Esto es consecuencia de la emisión pasada, que está pasando factura en el nivel de precios”, suma.
Controles que no controlan
La Secretaría de Comercio Interior, mientras tanto, intenta dar batalla y mostrar gestión con advertencias y con herramientas de control. Sobre lo primero, la semana pasada Paula Español, secretaria de Comercio Interior, amenazó con cerrar las exportaciones de carne si los precios no paran de subir.
Sobre el último ítem, el Gobierno ya elaboró dos herramientas, el Sipre y el Sifire, para controlar stocks y precios en el primer caso y para someter el lanzamiento de nuevos productos a la autorización oficial en el segundo. El argumento oficial es que las empresas de consumo masivo utilizan esta estrategia -la de la innovación- para esquivar controles de precios en aquellos que ya están bajo el paraguas de Precios Cuidados.
Precios Cuidados es, justamente, otra de las herramientas -en esta ocasión, consensuada- con la que el Gobierno quiere domar a la inflación de los alimentos y otros productos de consumo masivo. Con subas promedio del 4,8%, el programa voluntario se renovó hasta mediados de julio con 670 productos en la lista, solo 10 más que en su versión anterior.
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Contrariamente a lo que se creía -y a lo que afirmaron fuentes oficiales en distintas ocasiones- la lista de Precios Cuidados no se engrosó demasiado. El motivo estuvo en su “primo malo”, Precios Máximos, la herramienta obligatoria (no consensuado, ni dialogado) por la que el Gobierno determinó que las empresas de consumo masivo retrotraigan sus precios al 6 de marzo de 2020, en un contexto de emergencia que todavía no cede.
Unos 2300 productos tienen sus valores semicongelados (porque se autorizaron algunos aumentos, que igual no llegaron a compensar la suba de costos) hace más de un año. Las empresas están en pie de guerra: ya intentaron un recurso administrativo para parar el Sipre (todavía sin respuesta), preparan otro para el Sifire y, por lo bajo, piensan estrategias para lidiar con Precios Máximos.
Por el momento, hubo dos comunicados de AmCham, la cámara de comercio que nuclea a empresas estadounidenses, como Walmart y Pepsico, ambas jugadores clave en este segmento. “Precios máximos: Los tiempos se acortan”, tituló esta vez la institución, en un texto en el que solicita explícitamente que el Gobierno dé fin a la resolución por la que se creó la herramienta de congelamiento.
En el texto explica que, a su juicio, Precios Máximos conlleva riesgos como “pérdida de rentabilidad de las empresas, imposibilidad de generar nuevos empleos, limitación en nuevas inversiones y desabastecimiento de productos en el punto de venta”.
Aclara que hay empresas “con hasta el 30% de sus productos con rentabilidad negativa” y, para cerrar, lanza una advertencia: “Ante un ambiente regulatorio más hostil, restrictivo, e imprevisible, nadie planifica a mediano y largo plazo, y por ende la recuperación económica va a ser limitada e insuficiente”.
