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Abogados piden la publicidad de las auditorías

El presidente y el vicepresidente del Colegio exigieron el esclarecimiento de las irregularidades detectadas en el Juzgado N°5 de la capital.

AUTORIDADES DEL COLEGIO. El presidente Billone, el ex vicepresidente Musi y el vicepresidente Casal en diciembre. la gaceta / foto de antonio ferroni (archivo)

El Colegio de Abogados de la Capital demandó el esclarecimiento “hasta las últimas consecuencias” de las irregularidades advertidas en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5. En un comunicado conjunto, el presidente Marcelo Billone y el vicepresidente Carlos Casal solicitaron en particular que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán haga pública la auditoría que ordenó el 27 de marzo, un día después de que trascendiera la existencia de al menos 13 actuaciones paralizadas de pornografía infantil. Los dirigentes profesionales dijeron que las revelaciones eran alarmantes y pidieron a la Corte que aplique medidas contra los responsables, y que, si correspondía, inclusive avance contra los auditores que previamente avalaron la situación del Juzgado N°5.

Los letrados manifestaron que las anomalías ventiladas por la jueza Carolina Ballesteros a partir del momento en el que tomó posesión del cargo -8 de febrero- profundizaban la crisis de credibilidad de la Justicia. Hacia fines del mes pasado, la magistrada había detectado al menos 250 expedientes penales sin trámite, y alrededor de 2.500 actuaciones contravencionales (faltas menores) pendientes de resolución y de registración informática. Ese cúmulo de papeles parados incluye la causa de los 27 legisladores acusados de recibir coimas en 2002: según la secretaria Karina Rivera, este caso apareció bajo un armario y con una sentencia que anula el pedido de sobreseimientos dictada en 2010, pero que no estaba notificada a los imputados, que técnicamente siguen ligados a esta pesquisa con 17 años de antigüedad. También estaban paralizados los casos contra el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Armando Cortalezzi (PJ), y el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero (UCR). Mientras que el segundo dijo el martes que había sido objeto de todo tipo de operaciones desestabilizadoras, el primero afirmó que sería bueno saber por qué pasaron más de cuatro años y los jueces subrogantes no resolvieron el pedido de sobreseimiento emitido a su favor (se informa por separado).

“Es nuestro deber expresar la profunda preocupación que sentimos por la situación precedentemente señalada, que lesiona la ya deteriorada confianza que la ciudadanía tiene en el Poder Judicial”, dijeron Billone y Casal ayer, al término de la reunión del Consejo Directivo del Colegio.

Investigar y sancionar

Ballesteros empezó a comunicar al alto tribunal las anomalías halladas 10 días después de integrarse al despacho que había encabezado Mirta Lenis de Verahasta 2016, cuando se acogió a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. A posteriori, se hicieron a cargo en forma rotatoria de la oficina los subrogantes Marcelo MendilaharzuVíctor Manuel Rougés (se jubiló el año pasado en las mismas condiciones que Lenis de Vera) y Juan Francisco Pisa. Estos magistrados percibieron ingresos adicionales por atender el Juzgado N°5.

A poco de llegar a su nueva oficina, Ballesteros pidió el traslado y la investigación del secretario Carlos López y del prosecretario Demetrio Kuchimpos. Hace algunas semanas, ambos cuestionaron a la jueza y desconocieron las irregularidades que esta había encontrado. López, por su parte, consideró que era víctima de un ataque infundado en momentos en los que es candidato a ocupar la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 9 de esta capital (completan la terna el juez Facundo Maggio y el funcionario federal Ignacio López Bustos). “Es tal la falsedad de lo manifestado que se desconoce que un juzgado está sometido a controles diarios, semanales, mensuales y cuatrimestrales con un entrecruzamiento informático de datos. Las auditorías llevadas adelante en forma sistemática en el Juzgado N°5 arrojaron informes de un estado a destacar”, añadió López.

Billone y Casal expresaron que la crisis requería una respuesta firme de parte de la Corte. “Exigimos que se sustancien las investigaciones penales y administrativas, y las diligencias que permitan rápidamente y con el máximo rigor determinar quiénes son los responsables de tales hechos, y la aplicación de las más severas sanciones que correspondan”, afirmaron.

Un compromiso

Hasta el momento, el alto tribunal sólo reubicó a López y a Kuchimpos, y mandó a los auditores Mariana Tasquer y Agustín Ladetto a constatar los hallazgos de Ballesteros. En el entorno del presidente de la Corte, Daniel Posse, que hasta ayer estuvo en un viaje oficial en la Ciudad de Buenos Aires, anticiparon que aquel iba a esperar las conclusiones de Tasquer y de Ladetto antes de proponer medidas a sus pares Antonio Estofán (de licencia por razones médicas), Claudia Sbdar y Daniel Leiva (el vocal decano René Goane no se reintegró a su vocalía desde la feria de enero por dificultades de salud). Eso podría suceder hoy.

Fuentes judiciales deslizaron que el presidente de la Corte también había pedido las auditorías previas practicadas en el Juzgado N°5. Estos controles internos no están a disposición del público. En el pasado, el Colegio de Abogados ya había manifestado la necesidad de publicitar las fiscalizaciones. Esto ocurrió en la época en la que Ladetto, Tasquer y Luis Lezana Flores -se excusó respecto del Juzgado N°5- auditaron expedientes objetados del ex fiscal y hoy imputado Guillermo Herrera. Luego de que el control confirmara las irregularidades denunciadas por el Colegio y otros particulares en los casos “Jorrat”, “Valdez”, “Teves-Albarracín” y “Rigourd”, Herrera se acogió a la jubilación con el beneficio del 82% móvil.

Las autoridades de la entidad intermedia prometieron este miércoles que iban a permanecer atentos al desarrollo del affaire del Juzgado N°5. “Comprometemos todos nuestros esfuerzos en seguir de cerca la evolución de los acontecimientos y para disponer en el marco de nuestra competencia lo que sea procedente en aras de colaborar con la dilucidación de estos lamentables acontecimientos”, anunciaron Billone y Casal.

AUTOR

Irene Benito

Irene Benito