El juicio contra el ex senador José Alperovich (69) está en la recta final. Después de cuatro meses y una docena de audiencias, el 3 de junio empezarían los alegatos. Está por verse si antes el acusado por violación decide declarar, tal como aseguró que lo haría al inicio del proceso.
Alperovich sólo pisó los Tribunales para la primera audiencia y luego siguió el juicio desde Tucumán y por videollamada. Este jueves se esperan las declaraciones de ocho testigos, entre los que está el hijo de Alperovich, Gabriel.
Durante la etapa de testigos de la defensa, a cargo de Augusto Garrido, del estudio jurídico de Mariano Cuneo Libarona –que cedió la representación cuando asumió como ministro de Justicia de la Nación en diciembre de 2023– el fiscal Sandro Abraldes, pidió la detención de tres testigos por falso testimonio.
Se trata de Manuel Frías, mozo de Alperovich durante la campaña electoral de 2017-2019, periodo durante el cual una joven de entonces 29 años denunció haber sido víctima de abusos sexuales. Lo mismo ocurrió con Víctor Hugo Decataldo, un empresario de transportes que terminó en pareja con Sara, la hija de Alperovich, y con David Cayatta, ex custodio y chofer de Alperovich.
En los tres casos, la decisión de Juan Ramos Padilla fue esperar al final del juicio para resolver si les imputa este delito al considerar que incumplieron el juramento de decir verdad para beneficiar al acusado.
La denunciante, una sobrina de Alperovich, era su secretaria privada y tenía tareas de responsabilidad en el equipo de campaña del primo de su padre. La acusación por la que el fiscal Abraldes llevó a juicio a Alperovich es por tres intentos de abuso sexual y seis de violencia sexual agravada por acceso carnal. Las agresiones denunciadas habrían sido entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en Puerto Madero.
Durante el juicio los testigos de la defensa hicieron referencia al “profesionalismo” y la “eficiencia” de la denunciante durante el desarrollo de sus tareas en el equipo de campaña de José Alperovich mientras intentaba disputarle la gobernación a Juan Manzur, elecciones que perdió en 2019.
Además, apuntaron contra el vínculo de la joven con David Mizrahi, un concejal de Tucumán con quien mantuvo una relación en ese tiempo y que, siempre de acuerdo a los testigos, habría estado atravesado por la violencia.
Para desacreditar la denuncia de la joven y para justificar el resultado de las pericias que confirman su relato, la defensa apostó a la hipótesis de una “operación política” impulsada por su enemistad con el actual diputado nacional Carlos Cisneros, de la Asociación Bancaria en Tucumán y adversario político de Alperovich.
Los testigos del equipo de Alperovich postularon a Mizrahi como responsable de “lavarle la cabeza” a la víctima para que realizara la denuncia.
Los representantes de la querella, Pablo Rovatti y Carolina Cymerman, presentaron en varias oportunidades chats y mensajes que los testigos habrían enviado a la víctima para intentar obtener información y desalentarla a realizar la denuncia. Casi todos lo hicieron, incluso familiares y personas de su círculo íntimo: todos aconsejaron a la víctima “pensar bien” antes de tomar una decisión.
En el caso de Cayatta, el chofer de Alperovich, quedó expuesto por una serie de mensajes que envió a la víctima cuando ya se rumoreaba que denunciaría a Alperovich. “Que haces perdida. Mucho misterio transmitís y me preocupa”. Allegados al acusado llegaron a decirle a la denunciante que “la buscaban como a Paulina Lebbos”, haciendo referencia a una joven asesinada el 26 de febrero de 2006, después de ir a bailar.
El crimen de Paulina Lebbos es un caso emblema de la impunidad en Tucumán. La joven estuvo desaparecida 13 días, el crimen quedó impune y la justicia ordenó la investigación de César Soto (pareja y padre de la única hija de Paulina) y Sergio Kaleñuk, hijo de un ex funcionario del gobierno de Alperovich. La causa está paralizada por las permanentes apelaciones y está a un paso de prescribir.
Se realizaron tres juicios y condenaron a seis personas por el encubrimiento en el crimen de Paulina, entre ellos la cúpula de la Policía tucumana y el ministro de Seguridad de Alperovich. Además condenaron al primer fiscal de la causa, Carlos Albahaca, también como encubridor.
No es casual que el crimen de Paulina sobrevuele la sala de audiencias de los tribunales de la calle Paraguay. Es que detrás del femicidio hace décadas se sospecha los “hijos del poder” como responsables del crimen y la responsabilidad del poder político en su encubrimiento.
Tanto es así que Cayatta no es el primer chofer de Alperovich en declarar en un juicio, ya lo había hecho Daniel Eduardo Paz, el anterior. El hombre se fue preso de la sala de audiencias del segundo juicio por el crimen de Paulina luego de que los jueces consideraran que mentía en su declaración. Como él fueron otros 11 los testigos acusados por falso testimonio. Paz murió imputado y por eso lo reemplazó Cayatta.
Decataldo, por su parte, también fue cuestionado durante su declaración. En su testimonio no pudo explicar por qué usó el chat de Instagram para escribirle a la víctima.
“Mi idea era sacarle información para saber qué era lo que estaba ocurriendo. Para ganar su empatía le dije cosas que no eran ciertas. Se rumoreaba la denuncia podía ser por una cuestión política o económica”, dijo. En esos mensajes le manifestó a la víctima que “también lo habían acosado” (por Sara Alperovich, su pareja) y que “José es un animal”.
“Miente ahora y mintió antes. Este testigo está evidentemente caseteado y por eso voy a pedir que sea inmediatamente detenido por falso testimonio”, pidió el fiscal al interrumpir su testimonio.
Frías también fue cuestionado y se solicitó para él una imputación por falso testimonio al mostrar contradicciones en su relato cuando lo consultaron por llamadas perdidas a la denunciante cuando se rumoreaba que iba a realizar una denuncia por los abusos que había sufrido.
