Los embates de ex trabajadores de la Mutualidad Provincial en contra de su titular, el legislador jaldista Daniel Deiana, se dan en todos los frentes. Decididos a que se analice y eventualmente se sancione la conducta del parlamentario, formularon planteos ante los gobiernos provincial y nacional, la Legislatura, la Defensoría del Pueblo y el Banco Macro. En paralelo, acudieron con denuncias formales ante los tribunales provinciales y federales.
Celia Beatriz Rocha, Enriqueta del Carmen Pappa, Osvaldo Alberto Ibarra y Patricia del Valle Giollitto, además de una quincena de firmas más, solicitaron incluso al gobernador Juan Manzur que remueva al titular del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), Regino Racedo; y que la Provincia no devuelva el código de descuento a la Mutualidad Provincial, quitado en marzo por el propio mandatario. A Racedo le reprochan -según el texto- su inacción y falta de control frente a las presuntas irregularidades que señalan en la administración de la mutual provincial. Por eso, además, reclaman que este organismo sea intervenido.
Los denunciantes iniciaron hace un par de meses una campaña de difusión de su cruzada contra Deiana. Grabaron videos y los difundieron para que la sociedad conozca sus reclamos. Se trata de ex trabajadores que insisten con una serie de denuncias por supuestos maltratos y hasta de anomalías en la gestión del actual legislador. De hecho, consideran que esta conducta de Deiana amerita que sea separado y removido de su banca y así lo hicieron saber en la nota remitida al vicegobernador, Osvaldo Jaldo.
“Inexplicable inacción del Ipacym”.
Según relataron en los escritos, la administración de la Mutualidad Provincial se ha caracterizado por tener deudas “con sus trabajadores, obras sociales, AFIP y aportes al sistema de seguridad social”. “Acreditan estas afirmaciones la cantidad de juicios con sentencia, ejecución de sentencia y con medidas cautelares que se encuentran registradas ante los tribunales ordinarios”, señalaron.
Abrumado por estas deudas, advirtieron, se diseñó un sistema para eludir esos compromisos. “Para evitar el pago de las deudas el presidente Deiana generó un fideicomiso, transmitiendo al mismo la totalidad de los bienes y servicios de la Mutualidad; en definitiva, vació el patrimonio de la Mutualidad para no pagar las deudas contraídas generando un engaño sobre los jueces y acreedores”, describieron. Y añadieron: “forman parte del fideicomiso miembros del consejo de administración de la Mutualidad. Por lo tanto, se ha utilizado una herramienta jurídica para burlar las sentencias judiciales que ordenan el pago a los acreedores y evitando el pago de esos fallos”.
A ese fideicomiso, de acuerdo con las denuncias, se cedieron las cuotas de los asociados. En consecuencia, la Mutualidad Provincial no puede hacer frente a las obligaciones y por eso piden a los directivos del Banco Macro, como agente financiero oficial, que suspenda las retenciones en las remuneraciones de los trabajadores estatales. “Quienes dirigen la Mutualidad han constituido un fideicomiso y cedieron todas las cuotas sociales que tiene a percibir la Mutualidad de parte del Gobierno. La finalidad de esta maniobra es simple, procura no pagar las deudas que mantiene dicha entidad mutual con los trabajadores despedidos, con los distintos acreedores y en especial generar deudas con el fisco nacional (sistema de aportes y contribuciones), obras sociales y prestadores”, reseñaron.
El reclamo de los ex trabajadores llegó al punto de que fueron recibidos por la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, a quien le relataron sus padecimientos. Rocha, una de las principales denunciantes, contó que en 2004 cuando fueron despedidas por la administración de la mutualidad, comenzaron el proceso de judicialización, pero que aún no lograron cobrar. “Son muchos trabajadores que fueron despedidos, con mucha antigüedad. Todo esto le ha causado un prejuicio institucional que nadie cree que esta mutualidad esté económicamente como está”, cerró la mujer, que llegó a ser la responsable administrativa de la filial de Banda del Río Salí.
Además de las presuntas anomalías administrativas, diferencias salariales adeudadas y despidos sin causa, Rocha y sus compañeros formularon denuncias por persecución y agresiones de una empresa de seguridad que trabajaba en la Mutualidad. “El 26 de abril de 2011 mandó a una empresa a que me persiguiera tres días. En un intento de sacarme me dejó moretones en los brazos. Hice las denuncias y el expediente quedó archivado. Esta situación fue vivida por muchos de mis compañeros. En el caso de las mujeres, este señor mandaba a los matones, identificados con el título de colaboradores ad honorem, a quienes les pagaba con insumos de las filiales, por ejemplo diciendo que se enviaban 10 mil litros de lavandina para una oficina de cuatro por cuatro”, expresó en un video que viralizó.
Enriqueta Papa es otra de las denunciantes, quien recordó que fue despedida a poco de iniciada la gestión de Deiana en la Mutualidad, en 2004. “Al poco tiempo Deiana me corre a mí y a varios compañeros más. En ese momento subí a hablar con él y le dije que necesitaba el trabajo, él me dijo que no le importaba, que él iba a echar a la gente que quisiera”, sostuvo la denunciante.
“Me retiré, pasó una semana, y él me citó y me dijo que firmara un convenio. A unos 50 o 60 empleados nos ofreció un convenio para que trabajáramos cinco horas, pero figuráramos con seis horas. Nos pagaría por cinco horas y la otra se la quedaba él”, remarcó también en un video que difundió.
La réplica de Deiana
El legislador jaldista atribuyó el recrudecimiento de las denuncias en su contra a la interna en el peronismo. “La interna del PJ en Tucumán hizo que ‘mágicamente’ aparezcan algunos personajes que no pertenecen a la Mutualidad, y que intentan desprestigiarme a mí y a la entidad con mentiras e infamias con fines políticos partidarios, promovidas por dirigentes cercanos al diputado nacional Carlos Cisneros”, apuntó.
Luego, Deiana confirmó la existencia de fideicomisos para administrar los recursos, pero negó que esto tuviera que ver con una maniobra para eludir compromisos. “Todos están denunciados por la entidad y la Justicia no les dio la razón en sus planteos porque son inconsistentes. Hace más de 15 años que gestionamos con instrumentos legales como fideicomisos que se suscribieron antes de que los mismos estuvieran en juicios por lo cual es inadmisible que digan que fue para impedir derechos que no tenían. Deben dejar de difamar y esperar que la Justicia se expida sin buscar sacar ventajas de internas políticas qué trata de poner de rehén a la Mutualidad”, enfatizó.
