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Acuerdo con el FMI: desaparece el artículo pero no el ajuste

Aumento de la presión impositiva, suba de tarifas a todo trance y recortes en los fondos a provincias, más fernandistas vs. cristinistas. Lo que viene detrás del arreglo con el Fondo.

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En la votación del acuerdo con el FMI en Diputados solo quedó el primer artículo del proyecto. Foto Rolando Andrade Stracuzzi
Descacharreo

Sonaba a mucho, si no a despropósito y hasta a cierta ingenuidad, pretender que la oposición acompañara a los apurones y sin chistar el paquete de medidas y políticas de ajuste que el Gobierno terminaba de cocinar con el Fondo Monetario.

Y que lo hiciera, encima, bajo la amenaza de que si sus dirigentes no apoyaban serían responsables, en palabras de Martín Guzmán, de crear “una situación de profundo estrés cambiario, con consecuencias inflacionarias y efectos sobre la actividad económica, el empleo y la pobreza”. Dicho de otra manera, un poco o bastante más de lo que ya tenemos.

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Todos los dardos disparados desde las cercanías del Gobierno apuntaron al ministro de Economía, que fogoneó la movida hasta último momento, aunque está claro que nada se hizo sin la venia de su jefe, Alberto Fernández. Obvio, pegarle a Guzmán sale gratis, pero la cuestión no resulta ni tan obvia ni tan gratis cuando se repara en la firma que aparece al pie del proyecto de ley original: es, justamente, del Presidente.

Ese intento de acomodar las cosas según convenga e incluso forzando la mano quedó implícito, si se prefiere evidente, en una frase que Fernández coló en medio del barullo político.

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“Discutí dos años con el Fondo, al que desprecio tanto como ustedes”, vociferó con aires de campaña durante un acto con intendentas y concejalas oficialistas. Hablaba de los dos años largos que se fueron en cerrar el acuerdo y que, en verdad, se les fueron a Guzmán y compañía.

Ahora una interpretación del arreglo con Juntos por el Cambio y con otras fuerzas, a cargo de Sergio Massa y del tipo empate técnico: “Cuando se busca trabajar en un acuerdo, todos ceden algo”. Falaciael que cedió, apremiado por una derrota que se le venía encima y por un vencimiento del 22 de marzo imposible de pagar fue el Gobierno.

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Dos artículos clave había en el proyecto de ley que llegó a Diputados. El primero autorizaba al Poder Ejecutivo a negociar la refinanciación de la deuda con el Fondo tomada durante el gobierno de Mauricio Macri. Nada que cuestionar, el sapo, grande como una casa y a la vista de todo el mundo, estaba en el segundo artículo: acoplaba al permiso un paquetazo de medidas de todos los colores, menos de alguno que siquiera se pareciese al rosa.

Para que se entienda mejor: el artículo primero tenía apenas tres líneas y el segundo, un centenar de páginas densas e interminables. Sobrevivió el de las tres líneas y desapareció el del centenar de páginas: “Empate uno a uno”, diría Massa.

De una especie semejante fue la vía de escape que ensayó Carlos Heller, el jefe de la Comisión de Presupuesto de Diputados. “Voy a votar con la nariz tapada”, afirmó. Lo concreto es que votó el arreglo con el FMI, y nadie vio que lo hiciera con la nariz tapada.

Aclaración de un especialista: “El Fondo nunca exigió que el programa del Gobierno fuese aprobado por el Congreso. Eso fue un invento de Guzmán, no una condición del organismo que, por otra parte, no figura en ninguna de sus reglas”.

Por si hace falta poner en limpio el resultado después de este batifondo de consignas para la tribuna, tenemos que ha desaparecido el artículo 2 del proyecto oficial, pero no las medidas, las políticas y los objetivos incluidos en el artículo 2. Falta saber cómo se instrumentará todo eso que es, al fin, el corazón del acuerdo con el FMI.

Ahí aparece potente un revalúo inmobiliario nacional para el que se ha usado, como ejemplo, un modelo que en el afán de acercarlas a la realidad multiplica por cuatro el valor fiscal de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo, detrás de la movida, pasa por aumentar al mango la recaudación del impuesto a los bienes personales sin tocar las alícuotas, o sea, por una vía solo en apariencia indirecta.

Según los números que aparecen en el paquete oficial, la medida alcanzaría, en 2022, a 400.000 contribuyentes con 570.000 propiedades urbanas. Y podría rendir alrededor de $ 400.000 millones en tres años, de los cuales $ 70.000 millones ingresarían en 2022 y más del doble en cada uno de los años siguientes.

Presión impositiva pura, nuevamente, lo que sigue dentro del programa es un golpe a la evasión que, en datos de hoy, le dejaría a la AFIP alrededor de $ 211.000 millones adicionales en 2023 y $ 705.000 millones anuales entre 2023 y 2025.

Fiscalismo al palo por donde se mire y, eso sí, ni hablar de algo semejante a un recorte de la en unos cuantos sentidos insostenible carga tributaria.

Aun cuando luzcan razonables y teóricamente resulten inferiores al índice salarial, más de lo mismo hay en los aumentos de las tarifas residenciales de la electricidad y del gas.

En promedio, a quienes cuentan con tarifa social les toca un 21% y el 43% al resto. O a una parte del resto: los usuarios que el Gobierno considere de altos ingresos pierden por completo los subsidios y se ganan, en cambio, incrementos del 155% en electricidad y del 146% en el gas, según estimaciones privadas.

Así no sea de la misma magnitud, un problema generalizado salta visible a esta altura de la historia: la cantidad de ajustes que van acumulándose. Y, añadidos, algunos que ya asoman en puerta.

Guzmán ha aclarado que el objetivo de este modelo son los subsidios energéticos, no las tarifas. Clarito: “Si el costo de la energía es mayor (al implícito en los cálculos), el aumento de las tarifas va a tener que ser mayor”, ha dicho.

Y podría o debiera ser mayor, si se confirman las proyecciones privadas que anotan importaciones de gas natural y licuado por US$ 7.500 millones para este año con un incremento nada menos que de US$ 5.500 millones respecto de 2021.

En tren de sumar podas o aumentos según los casos, el programa convenido con el Fondo contempla limitar las transferencias discrecionales de recursos de la Nación a las provincias y a las empresas estatales. Si esa regla se cumple al pie de la letra, Buenos Aires y Axel Kicillof pasarían de grandes privilegiados a grandes damnificados.

Durante el 2021 de las elecciones legislativas, recibieron impresionantes $ 170.000 millones contra módicos $ 34.800 millones de Córdoba, la segunda del ránking, y muy módicos $ 23.000 millones de Santa Fe y CABA, las terceras. O sea, 39% del total contra el 8 y el 5% respectivamente.

Está claro que, al modo que sea, el acuerdo con el FMI será protagonista del tiempo político que va de aquí a las presidenciales de octubre del 2023. Empezando por la ruptura del Frente de Todos, entre digamos fernandistas y cristinistas, que es como decir fractura y disputas expuestas al interior del núcleo gobernante. O, llanamente, desatino e irresponsabilidad juntos.

Si fuese por la caída del blue, el achicamiento de la brecha cambiaria y una cierta calma en el mercado, se podría decir que el primer round fue para el albertismo. Y también que las variables económicas dislocadas, el riesgo de desgobierno y una inflación camino de superar el 50% no auguran nada perdurable.

Previsiblemente, el cristinismo buscará diferenciarse del Gobierno, machacar con el FMI y apostar a los coletados del ajuste, como si no hubiese tenido arte y parte en el ajuste de estos años.

Y el país… Bien, gracias.

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