Este lunes, 5 de agosto, se realizó una audiencia de formulación de cargos y solicitud de medidas de coerción contra una mujer, de 37 años. Por expresas instrucciones del titular a cargo de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, Carlos Saltor, el auxiliar de fiscal, Francisco Galíndez, la imputó por el delito de administración fraudulenta en concurso ideal con falsificación de documento, en calidad de autora.
Según la Fiscalía, desde septiembre del 2018 hasta el 25 de abril del 2022, la víctima contrató a la imputada para trabajar con ella en una empresa que se dedica al cultivo de caña de azúcar.
En ese contexto con el pasar del tiempo fue adquiriendo mayor responsabilidad en el desempeño de sus tareas administrando, tanto cuestiones personales como laborales de la víctima, como ser controlar el pago de sueldos y emitir cheques bajo su supervisión y hasta acompañarla al banco para retirar fondos.
Luego de un tiempo, con la confianza ganada y sin autorización, es que recepcionó por parte del personal del banco chequeras pertenecientes a la firma y suscribió 90 cheques falsificando la firma de la víctima, los cuales presentó en la entidad bancaria y cobró el dinero, causando un perjuicio económico importante.
Entre las evidencias, el representante del MPF se refirió a la pericia caligráfica practicada por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). A continuación, Galíndez pidió medidas de coerción (de menor intensidad) por 90 días donde la acusada tendrá prohibido acercarse a la víctima como a su grupo familiar por un radio no menor a 300 metros.
“En este tiempo podremos avanzar en la investigación ya que restan entrevistas y otra pericia por parte de esta Unidad Fiscal”, agregó. Finalmente, el juez actuante hizo lugar a lo solicitado.