El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación contra un técnico informático denunciado por un grupo de mujeres por acceder al contenido íntimo de las cámaras de seguridad privadas y de sus teléfonos celulares. En un allanamiento en su domicilio secuestraron gran cantidad de material y varios dispositivos. Una joven radicada en Famaillá y un hombre dedicado a prestar servicios como técnico informático mantuvieron una fuerte discusión en la vía pública, en la noche del domingo último.
La mujer le reprochaba que este tenía en su poder grabaciones íntimas a las cuales había accedido por las cámaras de seguridad de su casa. Personal policial intervino en la pelea y trasladaron a ambos a la comisaria de la ciudad. Allí, la joven realizó una denuncia formal contra el sujeto de 36 años. Según su presentación, todo comenzó con la decisión de instalar cámaras de seguridad en su vivienda, para lo cual contrató los servicios del especialista, que le pidió acceso a su cuenta de Google para la configuración.
Luego la víctima aseguró que la ex pareja del acusado, le contó que había visto archivos suyos en la computadora del técnico. Cuando se desarrollaba el trámite en la dependencia policial, otras tres víctimas (todas jóvenes mujeres de entre 20 y 23 años) se presentaron para realizar demandas similares contra la misma persona. En sus exposiciones señalaron que el individuo había hackeado sus teléfonos y redes sociales, accediendo a contenidos íntimos.
Ante esa situación, el sospechoso terminó amenazando a las víctimas con publicar el material obtenido de manera ilegal. Por este hecho tomó intervención la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Monteros, a cargo de Marcelo Leguizamón, quien ordenó la inmediata aprehensión del sujeto. A partir de la denuncia, el Ministerio Fiscal inició una causa penal contra el informático.
Entre las primeras medidas, el fiscal Leguizamón llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del individuo. Durante el procedimiento se secuestró gran cantidad de material fílmico (cerca de 90 archivos), tres computadoras, monitores y teléfonos celulares. Asimismo, se tomó en sede de la fiscalía, nuevos testimonios en donde las víctimas ampliaron sus declaraciones. Todas coincidieron en indicar que el hombre las amenazaba con difundir el material íntimo si lo denunciaban.
En cuanto a la calificación legal, Leguizamón indició que hasta el momento la carátula encuadraría en sustracción de información íntima, amenazas y coacción. “Estamos en una etapa incipiente de la investigación, en la que todavía faltan elementos que nos permitan determinar el daño real sufrido por las víctimas y el delito cometido por el acusado, ya que nuestra legislación no contempla un tipo penal específico”, señaló el fiscal Marcelo Leguizamón.
En este sentido, cabe mencionar que adelantó que todas las evidencias recogidas serán analizadas por peritos informáticos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). “La idea es establecer cuándo y de qué manera sucedieron los hechos y, si además de poseer el material, el mismo era distribuido a través de la red, con la cual se ampliaría la acusación”, concluyó.
