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Adela Seguí denunció ser perseguida durante 8 años por el oficialismo universitario

"He sido objeto de persecución política durante 8 años por defender los intereses patrimoniales de esta Universidad", manifestó Adela Seguí

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Adela Seguí denunció ser perseguida durante 8 años por el oficialismo universitario
Descacharreo

La Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, Adela Seguí, así lo expresó durante la última sesión del Consejo Superior. Además, Seguí cargó contra el Director de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto Gonzalez Navarro, y puso la lupa sobre los últimos convenios firmados con YMAD.

Mientras avanza el proceso electoral de la UNT, las tensiones crecen. Eso se pudo advertir durante la sesión del Consejo Superior celebrada en las instalaciones de la Facultad de Bioquímica. Sin duda alguna, el punto más álgido de la sesión fue cuando Seguí tomó la palabra y apuntó contra González Navarro, quien además de integrar el gabinete rectoral actual, encabeza junto al ex legislador Fernando Valdez, una nómina que le disputará la sucesión a la decana saliente.

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Días atrás, apelando al principio de acceso a la información pública, Gonzalez Navarro y Valdéz habían elevado una nota formal en el decanato de Derecho para conocer  en detalle la situación académica de los docentes.  El accionar de la dupla González Navarro – Valdéz, fue repudiado por la actual Decana en la última sesión del superior,  en la cual Adela Seguí, aseguró que la presentación realizada tiene intencionalidad política y electoral.

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“Es una payasada presentar una nota para acusarnos de faltar a la Ley de Información Pública. La Facultad de Derecho tiene oficina de Concursos, de Personal, nadie les hubiese negado esa información. Solo resulta irritante el procedimiento elegido por unos candidatos que no tienen otra manera de  hacer política que esa: ir a sacarse fotos con un fotógrafo al decanato para decir que presentaron una nota de pedido de acceso a la información pública”, expresó Seguí en su discurso, remarcando que desde su cargo como Director de Asuntos Jurídicos de la UNT, González Navarro  tiene acceso a todas las listas  de docentes, al carácter y a la situación de revista de todos los docentes de la UNT.

“Además, el Director de Asuntos Jurídicos de la UNT, es docente y forma parte de nuestra comunidad académica desde hace muchos años y conoce a todos los profesores y su situación, a menos que hayan estado ausente en todos estos años”, agregó la Decana, instando a la dupla a que no sean vagos,  vayan a las oficinas de la Facultad de Derecho para que le entreguen las listas y dejen de andar con fotógrafos cuando van a pedir un listado. 

“ El Director de Asuntos Jurídicos habla de acceso a la información pública y se olvida de  que el no ha informado a este cuerpo, al Consejo Superior,  cuestiones fundamentales para la vida la defensa de los derechos de la universidad”, disparó Seguí, responsabilizando a González Navarro de  haber contribuido a que  en la reunión clave del directorio de YMAD, en Octubre de 2019 , y en la ausencia de los representantes de la UNT en el directorio de YMAD, se aprobara la exploración de la mina Agua Rica.

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Luego, Seguí apuntó contra el rector José García. “González Navarro ha faltado gravemente a sus deberes, ha cajoneado una información que ha comprometido el patrimonio de esta universidad y tengo que pensar que fue él porque sino debería pensar que fue usted señor Rector el que dio las instrucciones…Si le correspondía a este Consejo Superior enterrarse a término de que estaban por firmar un convenio comprometiendo los bienes de la universidad,  y el patrimonio de YMAD”, disparó la Decana saliente de Derecho, definiendo la explotación de Agua Rica como esa operación multimillonaria que vaya a saber a quienes realmente ha beneficiado.

“ He sido objeto de persecución política durante 8 años por defender los intereses patrimoniales de esta Universidad  y esos dos señores ( González Navarro y Valdéz) se permiten venir a hablar del acceso a la información pública. El Director de Asuntos Jurídicos de esta universidad no conoce lo que es el derecho y el deber de la información de los funcionarios públicos a sus superiores o a los órganos correspondientes para que no ocurran situaciones lesivas como las que han ocurrido”, concluyó Adela Seguí.

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