En la jornada de hoy, los 6 empleados municipales que pertenecían a la PPC y habrían sido despedidos por cuestiones de ideología política, acudieron a la Defensoría del Pueblo y fueron recibidos por el Ing. Cobos para exponer su situación y buscar una solución favorable luego de esta decisión en la que habría estado involucrado el Intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. José Ledesma, Nicolás Puchetta, Cinthia Ledesma, Luciana Gómez Márquez, Exequiel Amaya y Luciana Pereyra, son 5 de los 6 empleados apartados de sus funciones, los cuales denunciaron que no recibieron ninguna notificación escrita por parte de la Municipalidad, solo mensajes de Whatsapp y de manera verbal por parte del Director de esta repartición.
“Tenemos las pruebas de que el mismo Director nos dijo que desempeñamos de manera excelente nuestras funciones pero que quedamos apartados por cuestiones políticas” afirmó José Ledesma y confirmó que seguirán hasta las últimas consecuencias para obtener respuestas. Por su parte, Nicolás Puchetta comentó que presentarán una nota en el Concejo Deliberante, para posteriormente continuar con las acciones legales contra el Municipio de San Miguel de Tucumán.
Los trabajadores confirmaron que estaban bajo el régimen de un contrato temporario, el cual los priva de ciertos derechos laborales como lo son no cobrar aguinaldo por ejemplo. “Muchas veces era mejor estar callados en vez de denunciar por miedo a quedarnos sin empleo” afirmó José Ledesma, y añadió que el Director de la repartición se rió de ellos mientras los notificaba del despido. “Además de reírse mientras nos despedía, se manejó de manera provocativa con nosotros, puso la cara y dijo “Si están enojados me pueden pegar donde quieran” cuando ni siquiera podíamos reaccionar porque nos estábamos quedando en la calle” explicaron.
Surgió el rumor en las últimas horas de que los trabajadores de la PPC fueron apartados de sus funciones por vinculaciones con el ex Subsecretario de Relaciones Institucionales, Daniel Frías, pero los empleados aseguraron que ingresaron a la PPC luego de aprobar las capacitaciones. “Así como dieron la cara para despedirnos, pedimos que ahora nos reciban y dialoguemos” fue el pedido de los empleados. Por su parte, el Ingeniero Cobos aseguró que la solución de este caso debe ser judicial, al violarse derechos laborales y humanos. ”Los empleados buscan la reincorporación, son un grupo de trabajo que está bien calificado, en caso de ser un despido político sería un hecho muy grave y preocupante” aseguró Cobos.
