La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó ayer, a través de un comunicado, su “preocupación” y “absoluto rechazo” ante el anuncio de la creación, por parte de sectores vinculados a la defensa de políticos y funcionarios, de un tribunal de ética para el juzgamiento del Lawfare, con sede en Madrid, “pero con implicancias locales, y que incluye el cuestionamiento, ya anticipado, de la labor de periodistas”.
El término “Lawfare” remite al supuesto uso de los tribunales y de la prensa para una “guerra jurídica de desprestigio”. Esta semana se dio a conocer que el constitucionalista Eduardo Barcesat y el ex juez Baltasar Garzón integran esa especie de tribunal ético que tendrá como meta investigar los procesos judiciales que involucran a políticos de relevancia en América Latina, como Cristina Fernández de Kirchner, Lula Da Silva y Rafael Correa, entre otros.
“El trabajo de distintos medios y periodistas en la Argentina permitió que se destaparan grandes tramas de corrupción y que la Justicia avanzara luego en su esclarecimiento, como sucede desde hace décadas en todas las democracias modernas”, sostuvo Adepa. Y advirtió que el “autoproclamado tribunal del Lawfare” parte de la hipótesis “de una supuesta estrategia orquestada entre sectores del Poder Judicial y la prensa, con objetivos ajenos a los de sus respectivas funciones en la sociedad”.
“Sin autoridad alguna, pretende determinar lo que denomina ‘distorsiones a la verdad’. Y llega incluso a mencionar nombres de periodistas de reconocida trayectoria, con un claro objetivo de represalia y estigmatización”, señaló la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Y recordó una versión reciente sobre una estrategia similar.
“Luego de haber repudiado la trasnochada idea de establecer una Conadep del periodismo, como también en su momento acciones similares como el ‘juicio popular’ contra periodistas en Plaza de Mayo, encabezado por Hebe de Bonafini, vemos reflotar esa intención con el proyecto de este insólito ‘tribunal ético’.
En el terreno de la prensa, persigue el mismo objetivo: deslegitimar la labor periodística y perseguir a quienes quieren investigar y denunciar al poder, que es una de las funciones básicas del periodismo profesional”, indicó Adepa.
