“Sí, su Señoría. Lo reconozco”. Para recuperar la libertad, Alberto Felipe López (p) y Arturo Alejandro Augier debieron pronunciar -cada uno a su turno -estas palabras ante el juez Sebastián Mardiza. Los hombres se convirtieron en los primeros condenados por el caso de la venta ilegal de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, un escándalo que se desató en noviembre de 2024 con el hallazgo de cientos de kilos de comida en un allanamiento en Manantial Sur. Y mientras se define el futuro procesal del resto de los imputados en este expediente, en el gobierno sostienen el foco en el supuesto cabecilla del grupo, el dirigente barrial Juan Alberto López Cansillieri.
López (p) y Augier, asesorados por su defensor Javier Lobo Aragón, firmaron el acta de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por Brenda Deroy. En el documento se estableció una pena de ejecución condicional de tres años de cárcel por ser responsables de los delitos de peculado (el primero, como coautor, el segundo, como partícipe necesario). El convenio, que contó con la aprobación de la Fiscalía de Estado -ejerce el rol de querellante, con la actuación del abogado José María Molina– incluye una serie de pautas de conducta para López (p) y Augier, entre ellas “realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo”. El tipo de tarea, el lugar de destino y los plazos serán determinados por la Oficina de Políticas Reparatorias del MPF, según se comunicó en la audiencia virtual.
Operativo y secuestro
A fines de noviembre de 2024, la Policía realizó un allanamiento en la casa de López Cansillieri, en Manantial Sur, en el marco de una causa caratulada “lesiones leves agravadas”. Allí, los efectivos encontraron 792 cajas de puré de tomate, 615 botellas de aceite, 900 paquetes de arroz, 1.180 paquetes de yerba, 945 paquetes de fideo, 1.190 paquetes de harina, 1.010 paquetes de lenteja, 790 paquetes de azúcar, 30 paquetes de harina y 40 unidades de leche en polvo. Toda esa mercadería había sido entregada por el Ministerio de Desarrollo Social. Además, encontraron anotaciones y otros indicios que daban cuenta sobre la comercialización de estos productos.
En la pesquisa, los investigadores recopilaron documentación que enumeraba los módulos alimentarios aportados a organizaciones barriales a nombre de López Cansillieri y de López (p) para su supuesta entrega en favor de personas en situación de vulnerabilidad. Los cargamentos eran retirados de la sede de la empresa logística Hacha de Piedra, camino al aeropuerto, para su posterior acopio y comercialización. Incluso, en otros operativos, la Policía logró dar con más mercadería de Desarrollo Social, lo que hace presumir que se trataba de un operatoria que se había repetido en diversas ocasiones. Según el expediente, para llevar adelante esta operatoria se requirió de la participación de otras personas, entre ellas, Augier, Brenda Gisell Muñoz y Malvina Soledad Décima. Con esta modalidad, expresa la imputación, “López Cansillieri accedió a 1.460 módulos, los que eran vendidos en cuestión de días”. La hipótesis del caso considera a este dirigente como el principal responsable del grupo, que había conformado un “bloque” de organizaciones sociales para incrementar el volumen de módulos. La expectativa en el gobierno es que, si no acepta una pena de ejecución efectiva -o sea, más alta que la dictada a su padre-, López Cansillieri afronte un debate oral y público. De hecho, este acusado no formó parte de la audiencia que convalidó el proceso contra López (p) y Augier.
El acta del juicio abreviado, que incluye las declaraciones de testigos clave y el listado de la mercadería secuestrada, fue firmada por la titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, Marta Mariana Rivadeneira.
Si bien ambos acusados recibieron tres años de condena condicional, en el caso de López (p) se consideró como agravante el hecho de que haya sido funcionario público al momento del delito (había formado parte de la Unrel hasta su disolución, a fines de 2023, y luego había sido desvinculado de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por un sumario). Por ello, se incluyó en su pena la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El juez Mardiza, tras escuchar la exposición de Deroy y de consultar a los acusados si aceptaban los términos fijados, dispuso un cuarto intermedio para resolver. Al volver, el magistrado confirmó el cumplimiento de los requisitos para el acuerdo, y aclaró que la normativa impedía fijar una pena mayor a la pautada por las partes. Por pedido de la defensa, dio el visto bueno también para que López (p), quien permanecía con prisión preventiva en la seccional 15, y Augier, quien estaba bajo el régimen de arresto domiciliario, recuperen la libertad. Además, ratificó las pautas de conducta, a las que agregó la prohibición de perturbar de cualquier modo a los testigos que declararon en el caso.
Con esto, a poco más de seis meses del escándalo, se cerró el primer capítulo en el caso de la venta de mercadería ilegal.
