Casi la mitad de los tucumanos que hoy trabajan no podrían recibir una jubilación cuando alcancen la edad prevista para su retiro. Si a ese universo de personas se le suman los desocupados o quienes perciben salarios en blanco cercanos a la línea de la pobreza, el panorama de los próximos años parece mucho más desolador. La crisis del sistema previsional es recurrente, no ha tenido resolución y para la mayoría de la gente aparece como un asunto de “viejos”, aunque tarde o temprano todos llegarán a enfrentarlo.
Según datos oficiales, el empleo no registrado en el tercer trimestre del año pasado llegó al 47,2% de quienes trabajan en la provincia. El dato abarca a poco más de 136.000 personas que no tienen aportes previsionales. La foto podría ser pasajera, pero, en la serie histórica, Tucumán sólo estuvo por debajo del 40% de trabajo en negro en cinco de los 86 trimestres medidos desde 2003 hasta la fecha. La película muestra, entonces, un universo de personas que trabaja desde hace más de una década sin descuentos para su jubilación. Los trabajadores “en negro” son la segunda fuerza laboral de la provincia, por encima de los estatales.
El otro frente de tormenta está vinculado con la masa de empleados en blanco que percibe salarios muy bajos o con varias categorías como “no remunerativas”. La frase refiere a montos que no generan aportes al régimen social. En uno y en otro caso, la proyección de estos trabajadores es que, aún con derecho a jubilarse, sus ingresos de futuro estarán por debajo de la línea de la pobreza. En este rubro, el problema afecta a los ocupados del sector privado y también a la planta estatal que involucra a más de 100.000 personas.
La ley vigente prevé que quienes no pueden acceder a una jubilación ordinaria por no cumplir con la edad requerida y los años de aportes, pueden cobrar una PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) cuyo valor es equivalente al 80% de una jubilación mínima. Para ello deberán tener 65 años, dejar de recibir cualquier pensión por viudez y demostrar estar en situación de vulnerabilidad social.
La jubilación es un derecho reconocido a quienes finalizan su período laboral activo. En nuestro país, comenzó a ser reconocida a comienzos del siglo XX y luego se hizo masivo. El llamado “sistema de reparto” implica la financiación de los retiros con el porcentaje de los aportes que realizan quienes aún estaban en actividad. El sistema generó equilibrio cuando el promedio de aportantes era de cuatro empleados por un jubilado.
En los años 90, Nación impulsó cambios de fondo. La reforma estableció un sistema de capitalización en el que cada trabajador aportaba a una cuenta individual de jubilación con la expectativa de recibir una pensión en función de los aportes realizados. Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) tenían a su cargo el manejo de esos créditos. Aquella reforma previsional implicó el traspaso de las cajas previsionales de las provincias al sistema nacional. El año próximo se cumplirán 30 años de la transferencia del régimen previsional tucumano. En 2008, Nación volvió a estatizar el régimen y desaparecieron las AFJP.
El Gobierno anunció que trabaja en una reforma previsional para darle “sustentabilidad” a un sistema que se presenta como “quebrado”. La propuesta implicaría, además, distinguir entre los potenciales jubilados que cumplieron con sus aportes y aquellos que ingresaron al beneficio con alguna moratoria. No se descarta aumentar la edad jubilatoria e igualar a hombres con mujeres. El retorno de las jubilaciones privadas también está en agenda. La falta de empleo, las nuevas modalidades de trabajo y el aumento de la expectativa de vida han puesto en crisis a un sistema que nació en el denominado “Estado de Bienestar”. Los datos muestran que el mundo estudia cómo resolver el problema, pero en Argentina las necesidades siempre parecen más urgentes.
Sabemos que nuestro sistema jubilatorio está quebrado y enfrenta numerosos problemas. El más grave es la discrecionalidad en los montos de las jubilaciones: personas que aportaron lo mismo reciben haberes muy distintos, sin justificación. A esto se suma un problema estructural: el envejecimiento poblacional y la alta informalidad laboral, que generan cada vez menos aportantes para sostener a quienes ya se jubilaron.
Debemos hacernos una pregunta: ¿por qué nuestra economía, especialmente en Tucumán, fomenta tanta informalidad? La respuesta está en los números, que no cierran para nadie. La formalidad es tan cara debido a los costos que impone el Estado.
En Tucumán, lo vemos todos los días. Desde el comerciante que debe elegir entre pagar impuestos o contratar a alguien en blanco, hasta el trabajador que acepta cualquier condición laboral porque necesita llevar un plato de comida a su mesa. Es una realidad que nos duele y que no debería ser normal.
Tucumán tiene la tasa de desocupación más alta del NOA y más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad. Esto no es casualidad. El propio oficialismo reconoció que cada ministerio trabajaba más en construir alianzas políticas que en atender los problemas reales.
Mientras tanto, Tucumán se ha convertido en una máquina de destruir empresas, aumentar impuestos y expandir un gasto público que no da respuestas. La presión tributaria no ha dejado de crecer; hoy somos la segunda provincia con mayor carga impositiva del país. Los “kioscos” del gobierno tucumano no solo han devorado las empresas; también han destruido las oportunidades. Tucumán tiene el potencial para cambiar si empezamos a poner el foco en quienes verdaderamente sostienen la economía: los emprendedores, los trabajadores y las familias tucumanas.
El Gobierno es duro con los más débiles y blando con los más poderosos. Lo quieren hacer con la moratoria previsional es de una crueldad insólita. El año pasado el Gobierno tuvo superávit gracias a que, primero, licuó, y después, congeló las jubilaciones. Está claro que este año el rumbo va a ser el mismo: van a profundizar el ajuste a los jubilados y, principalmente, a las jubiladas. Cuando Mili habla de “motosierra profunda” está hablando de esto. La verdad es que si el Gobierno no prorroga la moratoria sólo 3 de cada 10 hombres y 1 de cada 10 mujeres va a poder jubilarse.
En Tucumán casi la mitad de los trabajadores no podrán jubilarse cuando lleguen a la edad prevista para hacerlo. O sea el 90% de las mujeres van a quedarse sin la posibilidad de jubilarse. Es un trato indigno para personas que toda su vida trabajaron dentro y fuera del hogar. Las mujeres que no podrán jubilarse son personas que pasaron arduas horas ocupándose de las tareas de cuidado y, en muchos casos, haciendo malabares con trabajos precarios y en negro. Pero claro, el Gobierno premia a los empresarios que tuvieron trabajadores en negro y castiga a los trabajadores y, principalmente a las trabajadoras, que fueron negreado. Estos empleadores tuvieron a sus trabajadores en negro, no hicieron los aportes y por lo tanto se quedaron con esa plata que era para la jubilación de los trabajadores. O sea, estos empresarios les robaron a los trabajadores. El Gobierno, lejos de tener reproche, los considera “benefactores sociales” y el año pasado los premió con moratoria, condonación, facilidades de pago, etc. con quien si es implacable es con esos trabajadores que tuvieron que aceptar trabajar en negro o que, en algunos casos, ni sabían que no les estaban haciendo los aportes. Como dije, duro con los más débiles y blando con los poderosos que nunca hizo los aportes. Por eso es que la prórroga de la moratoria es urgente y no hacerlo demuestra la falta de humanidad de este Gobierno.
