Opinión. “Lo que nos dejó la semana“
“Mi sentencia estaba escrita desde antes del comienzo de este procedimiento”, fueron las sentidas palabras que expresó el ahora ex juez Enrique Pedicone luego de que se confirmara el hecho de que fue destituido de su cargo por parte de la mismísima Legislatura provincial. ¿Acaso esta destitución injusta y sin pruebas demuestra que es cierta su denuncia en contra del vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva?
Y es que el tema Pedicone, narra la gravedad institucional que intenta tapar Osvaldo Jaldo con total cinismo para proteger a Leiva, al menos esa es la sensación que quedó flotando en el aire, luego de que se consumara la destitución de Pedicone. Es por ello que dijo que no podía decir que esta expulsión lo sorprendiera. “Se ha hecho aquí lo que quiso el poder político, en especial el administrador de esta Legislatura, el vicegobernador Osvaldo Jaldo”, apuntó.
Sin embargo, de forma descarada el vicegobernador comentó que el jury de enjuiciamiento no depende del Poder Legislativo, debido a que está integrado por los tres poderes del Estado. Lo que sucede es que la injerencia del poder político domina todo en Tucumán, al punto de que recuerda su poder de penetración al accionar del narcotráfico, cuya mafia logra enquistarse gracias a infiltración en todas las instituciones.
Lo mismo ocurre con el poder político en esta provincia, a pesar de que Jaldo insistiera en el hecho de que hay división de poderes porque, según él, cada uno aportó lo suyo dentro de sus facultades. El problema es que todas las instancias piensan lo mismo debido a que responden a la voluntad del poder político sin dudar, por lo que, aunque le pese a Jaldo, claramente hubo intromisión política en el proceso de juzgamiento de Pedicone.
Y es que, es el Poder Judicial la más afectada de las instituciones de la República, por lo que la situación es más grave teniendo en cuenta que esto significa que lo que se produjo en todos esto años fue ni más ni menos que la conquista de la Justicia. Es por ello, que para los amigos hay todo, como el hecho de salvar al vocal de la Corte, Daniel Leiva, por parte de la Legislatura que conduce con puño de hierro Osvaldo Jaldo.
Pero, sin embargo, para todos aquellos que el poder político considere enemigos, no habrá ni siquiera Justicia. En ese marco es que se inscribe la destitución de Pedicone, es decir, se trató de una condena a la independencia judicial. En ese sentido, es una afrenta para el pueblo que Pedicone deje su puesto y que un personaje como Daniel Leiva siga sentado en la Corte, justamente, el máximo tribunal provincial.
Y es que estaba claro que Pedicone tenía la obligación de poner en conocimiento la injerencia indebida sobre el Poder Judicial que tiene el poder político.
En ese sentido, se inscribe en esta abominable lógica despótica el hecho de que se descubriera por parte de Tucumán Despierta, un complot que habría en contra de la Justicia orquestado por la mismísima Legislatura provincial, puntualmente, contra Claudia Sbdar y Daniel Posee.
Se trata de la titular del máximo tribunal y de uno de sus vocales, ya que ambos fueron dos de los más destacados firmantes de la confirmación de que el ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador oficialista, Jorge Yapura Astorga, tenga que dar explicaciones en la Justicia acerca de actos de corrupción que se le endilgan por medio de un juicio oral y público. Ahora bien, cabe preguntarse entonces, ¿Cómo es posible algo semejante?
En ese sentido, durante el transcurso de la semana, Tucumán Despierta descubrió y expuso que los pedidos de destitución de Sbdar y Posse, fueron realizados por parte de los indígenas de la comunidad diaguita de Tafí del Valle, que quedaron al descubierto por nuestro medio, con las actas que dejan en claro que habría un complot legislativo en contra de la Justicia y que estaría siendo ejecutado por el actual legislador provincial, Jorge Yapura Astorga.
Se trata de la denuncia que llevó a cabo la comunidad indígena del pueblo diaguita del valle de Tafí. Pero resulta ser que no habría contado con la autorización del consejo que está integrado por un total de 14 miembros de dicha comunidad. De hecho, con esa contundencia y claridad, queda expuesto en el acta que publicamos en la semana, donde ellos rechazan las acciones del cacique Santos Pastrana en contra de la Corte y acusan a Yapura Astorga de haber instado estas maniobras.
“Dicha decisión se toma básicamente debido a que hay intereses políticos y económicos del legislador Jorge Yapura Astorga, quién instó estas acciones”, dijeron por escrito en el acta a la que accedió Tucumán Despierta. Esto significa que, si el cacique Santos Pastrana no cumplió con los requisitos de su comunidad debido a que habría actuado de forma personal, como mencionan ellos mismos en el acta, no tendría validez los pedidos solicitados en la Legislatura.
Como ya señalamos desde este medio, se trataría claramente de un golpe institucional a la Justicia de parte del Poder Legislativo. Pero, ¿Acaso este golpe institucional forma parte de un todavía plan mucho más grande que consistiría en adueñarse de la provincia a partir del manejo de la Justicia? Y es que Osvaldo Jaldo ya maneja a su voluntad la Legislatura provincial, por lo que sólo le restaría conquistar la Justicia para tener el poder total en Tucumán.
Pero también cabe preguntarse: ¿Cuál es el papel que juegan en esto Claudia Sbdar y Daniel Posse? Sucede que, luego de este informe dado a conocer en exclusiva por parte de Tucumán Despierta, deberían denunciar un claro complot de parte del Poder Legislativo en su contra, para lograr la destitución. Al mismo tiempo, el resto de la Justicia debería ya en estos momentos actuar de oficio.
Justamente, quienes no se movieron nada al respecto, fueron los integrantes de la oposición, quienes evidenciaron una más que curiosa inacción. Y es que parecieran estar más ocupados en pelear entre ellos para ver cómo se repartirán los espacios en las listas de cara a las elecciones legislativas de este año, por lo que incluso hasta descuidan la administración de las pocas localidades que gobiernan en la provincia.
Una de las razones que se podrían esgrimir para que nada dijeran al respecto, pasa por el hecho de que tienen la cabeza metida de lleno en la carrera política de lo que será un 2021 electoral, sobre todo, pensando en lograr quedarse con la Gobernación de Tucumán. Pero, además, queda flotando en el aire otra sensación, justamente, la de una defensa corporativa cerrada a lo que hace en torno de la Cámara legislativa.
En una especie de versión tucumana de la frase “lo que pasa en Las Vegas queda en las Vegas”, parecería que lo que ocurre en la Legislatura queda en la Legislatura. Y es que ni dijeron absolutamente nada sobre este complot que provendría de la Cámara legislativa. Tal vez, especulen con la posibilidad de que, juicio político mediante, quede servida en bandeja la eventual designación a su gusto de nuevos jueces en la Corte Suprema. Sólo el tiempo lo dirá.
