Desde noviembre de 2024, el exfiscal Carlos Albaca, condenado a seis años de prisión por encubrimiento en el femicidio de Paulina Lebbos, cumple su condena en la comodidad de su casa. Lo que debía ser un beneficio temporario por razones de salud, se convirtió en una situación indefinida, sin audiencias de control ni revisiones judiciales.
Albaca, de 73 años, fue declarado culpable en 2021 por haber encubierto el crimen de Paulina Lebbos, asesinada en 2006. La condena quedó firme en 2023, cuando fue enviado a cumplir su pena en la cárcel de Villa Urquiza, lo que lo convertía en el único de los funcionarios implicados en la causa que estaba efectivamente tras las rejas. Sin embargo, el 1º de noviembre de 2024 la jueza penal Ana María Iácono le concedió prisión domiciliaria por un supuesto problema de salud ocular, que requería una intervención quirúrgica. El beneficio, válido por solo 30 días, nunca fue revisado ni prorrogado formalmente, y Albaca continúa en la comodidad de su domicilio, sin fecha de regreso al penal.
Un equipo de Tendencia de Noticias constató, mediante registros fotográficos y de video obtenidos el pasado 24 de mayo, que el exfiscal disfruta de la luz del sol desde su balcón, toma café, conversa con transeúntes y filma procesiones religiosas. En las imágenes se lo ve utilizando su celular sin dificultad, lo que contradice totalmente la presunta gravedad de su afección visual. Además, no se observa presencia de custodios ni control efectivo alguno por parte de las autoridades, a pesar de que la resolución judicial que le otorgó el arresto domiciliario transitorio exigía supervisión permanente y el uso de una tobillera electrónica.
La situación ha generado fuerte malestar entre los familiares de Paulina. Alberto Lebbos, padre de la joven salvajemente asesinada en 2006, expresó su indignación. “Es un desastre. Todas las causas están paralizadas”, dijo el referente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad en diálogo con Tendencia de Noticias. Además, Lebbos denunció que nunca fue notificado de la audiencia en la que se decidió la prisión domiciliaria del exfiscal, ni ha sido convocado para revisión alguna desde entonces.
Tampoco fue informada la abogada Soledad Deza, representante de la querella asumida por Letizia Nieva, hija de Paulina.
Deza reconoció que su participación se limitó a una audiencia previa en la que aceptaron el beneficio por razones humanitarias, “pero solo como medida provisoria y excepcional”. Desde entonces, no hubo comunicación oficial ni oportunidad de revisión.
La resolución judicial que le dio el beneficio de la prisión domiciliaria al exfiscal, que debía durar 30 días, parece haberse convertido en una forma elegante de impunidad. Fuentes judiciales aseguran que desde noviembre del año pasado comenzó a operar un entramado de influencias destinado a evitar el regreso de Albaca a la cárcel. Así, el único condenado que había sido efectivamente encarcelado por encubrir uno de los crímenes más emblemáticos de Tucumán, que interpeló a la cúspide del poder político, hoy pasea libremente por su balcón mientras la Justicia actúa como su cómplice.
Albaca no es el único exfuncionario con condena en este caso que recibe un beneficio de la Justicia para no terminar tras las rejas. El exjefe de Policía Hugo Sánchez, el exsecretario de Seguridad Eduardo Di Lella, el exsubjefe Nicolás Barrera y el exjefe de la Regional Norte Rubén Brito también tuvieron el mismo privilegio, en un patrón que alimenta la sensación de que para los poderosos en Tucumán la cárcel es apenas una amenaza simbólica.
