La Justicia apunta a funcionarios y empresarios por una trama de corrupción que sacude el sur tucumano.
La ciudad de Alberdi atraviesa una profunda crisis institucional y judicial luego de que se destapara un escándalo de corrupción, lavado de dinero y contrataciones irregulares que involucra a exfuncionarios, concejales oficialistas y la constructora Giménez Consulting Group.
La investigación tiene como eje principal a la empresa Giménez Consulting Group, que recibió fondos millonarios del municipio para ejecutar obras públicas que habrían quedado inconclusas o presentaron fallas graves. Entre ellas se destaca la construcción de la nueva maternidad municipal, por la que la firma cobró $15 millones. Sin embargo, los cielorrasos se desplomaron tras la primera tormenta, según denunciaron vecinos.
Otra obra adjudicada a la misma empresa fue la remodelación del ex mercado municipal, valuada en $400 millones, que fue suspendida por falta de pago. Esta construcción se convirtió en el epicentro del escándalo que provocó la intervención del municipio.
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz pidió la detención del exintendente Juan Campos y de su exsecretario de Hacienda, José Roldán. También se investiga a la legisladora Sandra Figueroa, aunque por sus fueros no puede ser arrestada. En paralelo, están bajo la lupa el concejal oficialista apodado “Loro” y un joven identificado como “el Toro” Flores, hijo de una exfuncionaria cercana a Campos.
Uno de los elementos más comprometedores en la causa es un audio donde, presuntamente, el empresario Giménez extorsiona a Campos para que renuncie a la intendencia. Para la fiscal regional Mónica García de Targa, esto podría configurar coacción agravada.
Además, se investiga la existencia de una “estructura paralela” dentro del municipio. El concejal “Loro” lideraba un grupo llamado “los chalecos verdes”, que realizaba tareas municipales con maquinaria y fondos provistos directamente por el Ejecutivo, sin rendiciones formales.
La intervención dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo busca reordenar el municipio y auditar las gestiones pasadas. Sin embargo, se teme que eventuales allanamientos de la Justicia interfieran con la recolección de documentación clave.
Mientras la Justicia federal indaga presunto lavado de activos ligado al narcotráfico, la Justicia ordinaria avanza sobre delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público, extorsión y encubrimiento.
