El pedido de excarcelación de Ricardo Jaime —exsecretario de Transporte condenado por la Tragedia de Once— ante la pandemia de coronavirus generó la semana pasada el rechazo de toda la oposición, y abrió una polémica dentro del Gobierno, que derivó en el llamado de atención de Alberto Fernández al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Sin embargo, consultado por el caso, el Presidente ahora aclaró que, al escuchar las explicaciones del funcionario, el planteo oficial le pareció “absolutamente aceptable”.
“El Gobierno no pidió la prisión domiciliaria de nadie. No es que el Estado representó a Jaime. No tengo nada que reprocharle”, aclaró el presidente sobre la presentación que hizo la semana pasada el secretario de Derechos Humanos ante la Cámara Federal de Casación Penal en el que solicitó la prisión domiciliaria de Jaime.
En diálogo con Radio con Vos, el jefe de Estado relató que, al conocer la noticia, llamó a Pietragalla porque “no sabía, porque lo primero que leí fue que el Estado había pedido la libertad”, y remarcó que tras escuchar las explicaciones de su funcionario, el planteo oficial le pareció “absolutamente aceptable”.
“El Gobierno no pidió la libertad de nadie. Hay una posibilidad procesal”, explicó el mandatario y afirmó que no tuvo nada que reclamarle a Pietragalla cuando el funcionario le explicó la actuación del organismo en el caso de Jaime. “Estamos hablando de derecho. La Secretaría de Derechos Humanos intervino en este caso [el de Jaime] y en casos que ocurrieron en el interior del país, no se puede negar a cumplir esa función. Lo cité para que me explique qué habían hecho y cuando lo escuché no tenía nada para reclamarle”, insistió.
Fernández resaltó además que “la cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa donde el contagio se puede dar con muchísima facilidad. Hay gente que está presa porque cometió delitos pero también hay gente que no tiene condena aún y están exponiéndose peligrosamente”.
La presentación, que llevaba la firma de Pietragalla y de Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la secretaría de Derechos Humanos, se confeccionó en carácter de “Amicus Curiae” y en sintonía con lo solicitado por Jaime, quien inició una huelga de hambre. Finalmente el pedido fue rechazado por la Cámara Federal de Casación.
Jaime está detenido desde el 2 de abril de 2016 por la causa en la que se investigaba la compra de trenes chatarras a Portugal y España. Tiene una condena confirmada por Casación en el marco de la causa por la Tragedia Ferroviaria de Once, en la que murieron 52 personas y 789 resultaron heridas.
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