En una carta publicada en las primeras horas del 2023, el presidente Alberto Fernández adelantó que pidió a los gobernadores provinciales que lo acompañen en un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, así como para investigar a los otros miembros del máximo tribunal.
Es luego de la pelea con la Corte por el fallo que obliga al Ejecutivo a restituir a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que le quitó en el año 2020.
En el extenso texto, Alberto hace un repaso de la gestión económica de su gobierno en el año que terminó. También celebra el Mundial obtenido por la Selección de Lionel Scaloni. Sin embargo, a mitad de la carta comienza a apuntar contra el Poder Judicial.
“Hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina. Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia”, apunta el Presidente.
En ese sentido, sostiene que el Consejo de la Magistratura fue “manipulado con insólitas interpretaciones” que le permitieron al Poder Judicial “meterse en las decisiones” del Congreso Nacional.
Esta mención es por el fallo que anuló una polémica decisión de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, al dar marcha atrás con los representantes de la Cámara baja en el estratégico Consejo de la Magistratura.
“Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”, disparó.
“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, adelantó Alberto.
También anunció que le pidió al ministro de Justicia, Martín Soria, que presente denuncias penales contra funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para investigar si hubo actos de corrupción con empresas.
“Aspiro a que en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad”, cerró Fernández.
Desde el kirchnerismo duro venían presionando al mandatario para que avance contra Rosatti y le pida el juicio político.
“Hay un conflicto de poderes, y esto se resuelve a través del juicio político a la Corte. Lo debe pedir el presidente y no hay nada que se lo prohíba. Existe en la actualidad una distorsión del sistema judicial y un vacío de derecho”, sostuvo hace unos días el ultra cristinista Leopoldo Moreau.
En este sentido, el ex radical consideró que el Presidente debe intervenir porque el máximo tribunal tiene intenciones de “sustituir al Poder Ejecutivo” e “intenta gobernar” a través de sus fallos.
La presión no es nueva, pero crece mientras se complica el escenario judicial de Cristina: la vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada a ocupar cargos públicos por corrupción. El 9 de marzo se conocerán los fundamentos de la decisión del tribunal oral que la condenó.
Pero además, la vice -en este caso a través de Fernández- presiona a la Justicia que debe resolver otros casos muy sensibles: la Cámara de Casación, por ejemplo, tiene que definir si se hace el juicio por presunta corrupción en el manejo de los hoteles y la inmobiliaria de los Kirchner (Hotesur y Los Sauces). Es, quizá, la decisión que más preocupa a la ex mandataria porque involucra a sus hijos. Florencia, a diferencia de Máximo y de su madre, no tiene fueros.
El oficialismo sabe que no cuenta con los números en el Congreso para remover a Rosatti. Pero sí puede instalar el tema en los medios e incluso avanzar en la comisión de Juicio Político, donde tiene mayoría: con 16 de los 31 miembros, puede convocarla y emitir dictamen.
Hasta ahí llegaría: en la Cámara de Diputados se necesitan dos tercios para aprobar la acusación y hoy el oficialismo no tiene ni mayoría simple para sesionar.
La última destitución ocurrió en 2005, cuando fue removido el juez de la Corte Antonio Boggiano.
