La historia tiene un final casi cantado. Con plata, el Presidente va a zafar de haber violado el decreto de suprema cuarentena que él mismo firmó y que prohibía a la gente moverse de sus casas, hasta para ver a sus familiares. El recuerdo está todavía fresquito. Calculan que hay 45.000 causas abiertas por cosas como las que hizo Fernández y miles de procesados y cantidad de sancionados con trabajos comunitarios.
Pero Fernández lo podrá resolver con $1.600.000. Sólo le falta un Ahora 12. Lo que hizo también lo sabe todo el mundo: quedó registrado en imágenes del cumpleaños 39 de su mujer, Fabiola Yañez, en Olivos. Fernández aparece en primer plano, rodeado de una docena de invitados. Las fotos derrumbaron un largo relato donde se sostenía que en pandemia no había habido ninguna fiesta en la quinta presidencial.
“El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento lo ocurrido”. ¿Cuándo admitió esto Fernández? Más de un año después de la fiesta y luego de que estallara el escándalo. En todo ese tiempo, Fernández fue y vino con negaciones, excusas y acusaciones a otro, hasta que ante las evidencias tuvo que rendirse. O, mejor dicho, las evidencias lo rindieron a él.
Unos pocos meses después de violar la cuarentena con Fabiola y sus amigos, Fernández como quien está libre de toda culpa, cargó sobre un chico surfer que había vuelto con su camioneta y tablas de Brasil y domicilio en un lugar y vivienda en otro. En el viaje lo pararon en la Panamericana, se negó a firmar la orden policial de recluirse en su casa legal de Flores y quiso surfear la cuarentena yendo a lo de su mamá en Ostende. Fue detenido.
Y el Fernández del “prefiero un 10% más de pobres y no cien mil muertos”, dijo otra de sus frases altisonantes: “Las fuerzas se van a encontrar con algunos que se creen poderosos. Pero sigan haciendo lo que están haciendo. Y a los idiotas les digo que la Argentina de los vivos se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente, no lo voy a permitir”. El surfer fue acribillado en medios y en las redes. Y Fernández siguió como si no hubiera dicho nada.
El caso cayó en el juzgado de San Isidro de Mirabelli, el mismo que ahora debe dar el OK al fiscal Domínguez para que el Presidente, pagando, archive su expediente. El Gobierno y especialmente Massa, buscaron sacarle la causa al juez Casanello y al fiscal González de Comodoro Py para llevarla a San Isidro, y de paso esquivando el despacho de la jueza Arroyo Salgado, que la había reclamado.
Ante Casanello, Fernández, en papel de abogado, argumentó que no hubo delito porque en la fiesta no se contagió nadie y pidió el sobreseimiento. Casanello lo rechazó. La Casa Militar le pasó a la Justicia los nombres de los visitantes a Olivos y los permisos para circular en pandemia. Casi ninguno los tenía y entre los que tenían, al menos dos eran truchos, otorgados por el mismo intendente de la Quinta Presidencial.
La mayor parte de los investigados fue sobreseída, como Florencia Peña, que declaró haber sido convocada por el Presidente a “discutir la problemática de los actores”. Como reparación, Fabiola le propuso a Mirabelli donar respiradores para cerrar el proceso. No tuvo eco. Y al final Fernández decidió confesarse culpable y ofreció pagar una multa para evitar ser condenado. Queda claro: hay cosas que la plata no puede comprar.
