En una escena similar a la que se vivió el 22 de diciembre -apenas se conoció el fallo de la Corte Suprema que repuso parte de la coparticipación a la Ciudad- Alberto Fernández volvía a recibir esta mañana a un grupo de gobernadores peronistas para intentar escenificar un gesto de respaldo político a su decisión redoblar la embestida contra el máximo tribunal e impulsar el juicio político contra los cuatro supremos.
A la sede de gobierno llegaron esta mañana los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Uñac (San Juan) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También, los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Raúl Jalil (Catamarca) -que enviaron a sus segundos- se conectaron por videoconferencia. La reunión comenzó minutos antes del mediodía en el Salón Eva Perón del primer piso.
Estaba confirmada además la participación del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro que, a modo de recepción, alojó en sus oficinas de la planta baja a los mandatarios provinciales a medida que fueron llegando a Balcarce 50.
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Además de los gobernadores de Juntos por el Cambio, espacio donde se escucharon feroces críticas contra la actitud de Fernández, hay otros gobernadores que no formarán parte de la jugada política del Presidente. Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Gutiérrez, de Neuquén; Gustavo Sáenz, de Salta, y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones, según anticipó LA NACION, no estarán presentes. Se trata de mandatarios que responden a sellos partidarios provinciales y que solo se alinean en algunas medidas con el Gobierno. En la reunión anterior, habían redactado un comunicado propio, en el que fueron muy críticos del fallo de la Corte que repuso la coparticipación a la Capital Federal.
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni -afín a Sergio Massa-, que había adherido al comunicado del Gobierno del 22 de diciembre, esta vez no sería de la partida. Tampoco el gobernador de Santa Fe, el peronista Omar Perotti, quien, desde un principio, no acompañó la decisión del Presidente de incumplir el fallo de la Corte.
Luego de que la Corte resolviera hacer lugar a la cautelar presentada por la administración de Horacio Rodríguez Larreta y reponer a la Ciudad parte de la coparticipación que el Gobierno había recortado en 2020, Fernández se reunió con 14 gobernadores peronistas que le reclamaron que hiciera “algo” para plantarse frente a los supremos. En ese entonces, en un comunicado conjunto con los mandatarios provinciales, Fernández dijo que el fallo era de “imposible cumplimiento” anunció que iba a recusar a los cuatro miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti). Dijo además que presentaría el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución dictada por los cortesanos.
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Tres días después, vía Twitter, Fernández anunció que pagaría el monto actualizado que la Corte ordenó reponer a la Ciudad, pero que lo haría con bonos. Una actitud que fue cuestionada por los gobernadores que tenían las posturas más intransigentes y por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que aludió irónicamente a la Casa Rosada como la “Agrupación Amague y Recule”.
En las últimas horas, y luego de que se filtraran ilegalmente chats del ministro se Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, -entre ellos, un presunto intercambio con Silvio Robles, mano derecha de Rosatti-, Fernández volvió a escalar la embestida contra la Corte Suprema. En las primeras horas del 2023 emitió un comunicado en el que anunció que impulsaría el juicio político de los cuatro miembros del máximo tribunal.
