Ahora Alberto Fernández pretende hacerle creer a la sociedad que nunca fue su intención responsabilizar a Fabiola Yáñez por la organización de su fiesta de cumpleaños en la Residencia Presidencial de Olivos. Si fue así, no se notó. Pero si de verdad nunca fue su intención descargar su responsabilidad en Fabiola, debería aclararlo ya. Decir que “El primer y único responsable soy yo”.
Como presidente de la Nación. Y también como hombre. No en el sentido del “macho” sino del “hombre de bien”. De la buena persona. Y, al mismo tiempo, debería hacer algo más, sin dilaciones, presentarse ante la Justicia y reconocer responsabilidad. ¿De qué? De violar el decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que él mismo impulsó. Y enfrentarse a una posible condena.
Una condena que contempla desde seis meses dos años de prisión. La misma posible condena que les puede ser dictada a las 47 mil personas investigadas por la Justicia por violar el ASPO. Eso sí sería ejemplar, presentarse ante la Justicia, asumir las consecuencias y cumplir así el principio básico de que todos somos iguales ante la ley. Porque no hace falta ninguna evidencia más, para corroborarlo, que la foto que trascendió por todos lados.
Alberto Fernández estuvo ahí, sin barbijo, junto a 12 personas más, en un lugar cerrado, quién sabe durante cuánto tiempo. No fue solo un error o un acto involuntario. Error es querer llamar al tercer piso y apretar el botón del segundo o del cuarto. Enviar un mensaje al celular equivocado. Lo que hizo Alberto Fernández es violar la ley. Aunque ahora el presidente se muestre enojado.
Mucho más enojados deberíamos estar, y estamos, la mayoría de los argentinos. Los parientes de nuestros muertos. Los que nos vimos privados de muchas cosas al respetar las normas. Privados de estar a metros de nuestros amigos y de nuestros seres queridos. Privados de abrir negocios bares y restaurantes. Privados de trabajar durante una cuarentena inútilmente larga, y mal pensada.
Enojados deberían estar los que están despidiendo a sus muertos hoy mismo. Esto no puede quedar así, ni terminar acá. Podemos compararlo con los bolsos de José López y la máquina de contar dinero negro de la Rosadita y los vacunados de privilegio. Podemos discutir si la oposición debe impulsar o no un juicio político contra el Presidente. Lo que no podemos hacer es dejar que se nos rían en la cara.
Porque no fue un error ni un descuido. Esta foto es solo el último eslabón de una cadena que revela la conducta desaprensiva que tuvo oficialismo desde que empezó la pandemia. Una conducta no excepcional, sino lineal y reiterada, que incluyó, entre otras, que Cristina Kirchner fue quien autorizó el envío de las vacunas para su jardinero y su empleada doméstica, las primeras dos personas que se aplicaron la vacuna en El Calafate, el 30 de enero de este año.
Que la Justicia no lo haya considerado todavía un delito, no la exime de su responsabilidad moral. Y tampoco la exculpa de su pecado original. Pecado original que comparte con Alberto Fernández, y cuyas consecuencias están pagando todos los argentinos. ¿Qué pecado original? El haberse mezclado en una fórmula contra natura para formar un gobierno desopilante. Un gobierno que puede ser considerado como uno de los peores, sino el peor, desde 1983.
