“El que diga este tipo de cosas, va a pagar sus consecuencias”. Estamos tan acostumbrados a esta frase que casi pasó inadvertida dentro de la angustiosa agenda nacional de las últimas semanas. Nos es familiar porque la hemos naturalizado tanto en ámbitos laborales y sociales como en los corrillos, en el mundo del espectáculo o en las aulas escolares. La rémora del ojo por ojo, que tiene su génesis en las antiguas escrituras religiosas, se refunda en esta era.
Pero cuando esa frase suena en boca del abogado del Presidente de la Nación, adquiere connotaciones de mucho riesgo para el sistema democrático. Si se impusieran las consecuencias advertidas por Dalbón, el estado de miedo y el clima de autocensura se extendería hasta que nadie hable. Para el ciudadano, que observa a los dirigentes opositores denunciados, sujetos a audiencias y a eventuales sanciones económicas, el panorama se presenta amenazador.
Debemos tener en cuenta, además, que venimos de 16 meses de restricciones y alta intolerancia a la crítica en nuestro país. Ciudadanos de distintas provincias han sido allanados y en varios casos encarcelados por postear críticas a las autoridades a través de redes sociales, como el caso de Rodrigo Etchudez en la provincia de Santiago del Estero, o de las concejalas Neme y Ruiz en la provincia de Formosa al reclamar frente a la gobernación.
Dos periodistas fueron a prisión en territorio de Insfrán y decenas de ellos fueron impedidos de su derecho de circulación en distintos puestos fronterizos provinciales. Cuando se cita a Patricia Bullrich, presidenta de la principal fuerza opositora, a comparecer por Zoom a una audiencia ante el Presidente o se anuncia una nueva demanda por injurias, esta vez contra Elisa Carrió, la sociedad se plantea varias preguntas.
¿Ha dejado la Argentina de ser una nación democrática, con vigencia plena de la Constitución Nacional? ¿Dejamos de adherir el Pacto de San José de Costa Rica y los tratados de Derechos Humanos incorporados en el art. 75 inc. 22 de la misma? ¿La libertad de expresión y el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos ha dejado de tener alcance para los dirigentes opositores?
Si el Presidente Alberto Fernández denuncia a dirigentes políticos como lo hizo, ¿Qué diferencia conceptual podría existir entre el gobierno argentino o el de Nicaragua? La poca tolerancia a la frustración o a la crítica demostrada por esta denuncia exhibe una tendencia al menoscabo de un debate público que debería ser robusto y construido sobre el acceso irrestricto a la información pública.
Con la transparencia necesaria para posibilitar la evaluación de los actos de gobierno sobre los hechos cuestionados. El abogado vengador del Presidente, que acaba de anunciar el monto de la demanda a Bullrich en 100 millones de pesos, perderá y Alberto Fernández seguramente deberá pagar las costas, pero lo grave no es el resultado, sino los hechos. Criticar al gobierno en la Argentina ya está teniendo sus consecuencias.
