En los últimos días, Fabiola Yañez consultó cuándo iba a salir su sobreseimiento en la causa donde fue imputada por celebrar su cumpleaños en la Quinta de Olivos cuando estaban prohibidos los encuentros sociales, por orden del presidente de la Nación. Alberto Fernández comparte la misma inquietud. Quieren que el expediente se cierre ya, pero en una semana habrá noticias incómodas para la pareja presidencial.
Sofía Pacchi, una de las imputadas por la fiesta, será indagada por el juez Lino Mirabelli. La joven, que es la amiga de la primera dama y fue empleada de Presidencia, se habría reunido este jueves con Alberto Fernández en la Casa Rosada, según reveló el canal TN. En el entorno presidencial buscan que vuelva a ser representada por el abogado que logró los acuerdos económicos y que no pase por la instancia de la indagatoria.
Hace dos semanas, el juez Mirabelli citó a declarar a Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh, Sofía Elizabeth Pacchi y Stefanía Domínguez, en el marco del caso que investiga la fiesta realizada en la quinta Presidencial el 14 de julio de 2020. A diferencia de Alberto Fernández y Fabiola Yañez, estas imputadas no buscaron un acuerdo económico con la justicia para cerrar el caso.
El tiempo apremia: las hermanas Fernández Peruilh deberán declarar el martes 28 de junio, Pacchi el miércoles 29 y Domínguez el jueves 30 de junio.
Antes de que eso ocurra, cerca del presidente buscan jugar una última carta: que Juan Pablo Fioribello -abogado de Yañez- vuelva a representar a Sofía Pacchi, hoy bajo el asesoramiento letrado de Fernando Burlando. No es cualquier imputada: de absoluta cercanía a la primera dama y con un cargo de asesora concedido por la Secretaría General de la Presidencia, en tiempos de cuarentena tenía un rol fundamental en la cotidianidad de Yañez. Conoce los detalles y movimientos de la Quinta de Olivos y de ciertas dependencias de la Casa Rosada.
El interés es evitar que Pacchi sea indagada por el juez Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, y acceda a pedir un acuerdo económico con el Ministerio Público Fiscal. Fue bajo este mecanismo, habilitado por el Código Procesal Penal, que el jefe de Estado y la primera dama lograron quedar al borde del sobreseimiento por la fiesta ilegal en Olivos.
Fioribello ya había representado a Pacchi en el comienzo del expediente. El abogado habría recibido ahora desde Olivos la sugerencia de que vuelva a representar a la ex asesora de Yañez, posiblemente para intentar una suerte de “control de daños”, sabiendo que el nivel de información que maneja la joven es mayor al de los demás invitados a la fiesta, y que en la indagatoria podría usar algunos de esos datos para defenderse.
Otro de los temas que observa el jefe de Estado es que la declaración de Pacchi y las otras invitadas expondrá dos resultados antagónicos ante el mismo delito: mientras que el Presidente, su pareja y algunos de los concurrentes lograron que el fiscal y el juez acepten el pago de una “reparación integral” para cerrar la causa, otros podrían terminar procesados y eventualmente condenados. Al menos no parece elegante.
El mes pasado, Alberto Fernández obtuvo un préstamo de tres millones de pesos para pagar esa reparación, que inmediatamente transfirió a la cuenta del Instituto Malbrán tal como se había comprometido a hacer.
Pero pese a ese pago y a la ansiedad de la primera dama, el expediente no fue cerrado todavía. La razón es técnica: hay apelaciones a la homologación del acuerdo que extingue la acción penal para Alberto Fernández y Fabiola Yañez, que debe resolver la Cámara de Apelaciones de San Martín. Hasta que eso no ocurra, el juez no firmará el sobreseimiento.
Mientras tanto, todo indica que luego de las indagatorias las cuatro invitadas podrían ser procesadas por violar el decreto que estableció la cuarentena. Si eso ocurriese, el caso luego será elevado a juicio oral, que sólo podría evitarse con una probation: las acusadas deberían realizar tareas comunitarias -por ejemplo- y también se podría sumar una reparación económica.
¿Por qué las invitadas de Yañez serán indagadas? Porque pidieron ser sobreseídas sin ofrecer la reparación integral, algo que fue rechazado por el juez Mirabelli. Pero también porque cuestionaron otro aspecto rechazado incluso por la Cámara de Apelaciones de San Martín, que es la inconstitucionalidad del decreto que establecía la estricta cuarentena. Esa había sido la estrategia del abogado de Stefanía Domínguez, Mauricio D’Alessandro. Ese camino fracasó, y ella fue citada a indagatoria.
El primer acuerdo económico que se homologó en esta causa fue el de la vestuarista de la primera dama, Carolina Marafioti, quien ofreció un pago equivalente al costo de cinco días de internación en una terapia intensiva de COVID en un hospital público, equivalente a 200.000 pesos.
Esa reparación integral fue la puerta de acceso para que el caso se cerrar para el jefe de Estado. La estrategia legal, diseñada por el abogado Fioribello, también alcanzó al presidente y a Fabiola Yañez. Los acuerdos homologados fueron de 1.600.000 pesos y 1.400.000 pesos respectivamente.
