El concejal Alejandro Sangenis presentó un proyecto de ordenanza municipal de Yerba Buena acerca de un pedido de interpelación ante la falta de control de policía mortuaria de cementerios privados. Esto se debe a la denuncia realizada por parte del ciudadano local Lucas Bravo que da cuenta de la supuesta exhumación informal de cadáveres por parte del cementerio Parque San Agustín.
Todo comenzó cuando Bravo denunció el 10 de septiembre del año pasado el marco de ilegalidad en el que se encontraría el cementerio a la hora de exhumar cadáveres. La gravedad de esta cuestión pasa por el hecho de que una serie de daños y perjuicios como así también daños morales le ocasionó a este ciudadano el hecho de que el cementerio tiró el cadáver de su padre en una fosa común sin ningún tipo se identificación convirtiéndolo en un “N.N.”.
El proyecto de ordenanza deja en claro que “que el poder de policía mortuorio pertenece a la Municipalidad”, razón por la cual la gestión de Mariano Campero está obligada a “velar por el trato digno y el respeto a la humanidad de los cadáveres en los cementerios públicos y privados”. En ese sentido, se señala que para la exhumación de cadáveres se debe iniciar un expediente municipal.
Pero también contar con una resolución del Ministerio de Salud y una guía de la empresa 9 de Julio, “ya que no se puede exhumar cadáveres sin orden judicial”. En ese sentido, el concejal Alejandro Sangenis hace hincapié en que el accionar del cementerio Parque San Agustín no es irregular sino más bien ilegal. Ahora bien, en el proyecto de ordenanza se deja en claro las razones detrás de todo.
Y es que señaló que “los cementerios privados venden el terreno que constituye las tumbas y cobran un canon mensual de mantenimiento”. El problema es que “cuando hay atraso en el pago del canon, el código civil autoriza a los dueños de cementerios a cobrar la deuda”. Y se abrazan al hecho de que “el código civil prevé que puede rematar el terreno únicamente por deuda con el cementerio”.
Pero en el caso del Sr. Bravo, el cementerio Parque de San Agustín “no mandó ni siquiera una carta documento, ni ningún otro tipo de manifestación de pretender regularizar la situación”. Al mismo tiempo, se aclaró que “tampoco pidió una orden judicial para exhumar el cadáver, no solicitó autorización a la policía mortuoria municipal, no pidió autorización del Ministerio de Salud, no obtuvo una guía de la empresa 9 de Julio”.
Es por esta razón que Sangenis mencionó que el cementerio yerbabuenense “solo y simplemente tomo la determinación de violar la dignidad y el respeto en la custodia del cadáver y proceder a exhumarlo en forma irregular lo cual ya es grave, para luego tirarlo en una fosa común que no permite su identificación, convirtiendo el cadáver del Sr. Padre del Sr. Bravo en “N.N.”.
De más está decir que lo antes mencionado constituye claramente un delito. Para colmo, más de un año ha transcurrido desde el inicio del reclamo del Sr. Bravo y al mismo tiempo inició un pedido de sumario en la municipalidad. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta ni la empresa que explota la custodia de los difuntos, ni de la municipalidad que ejerce el poder de policía mortuoria.
Es en este marco que el concejal solicitó la interpelación a que brinden informes, con los respectivos documentos, al Jefe de Gabinete local, Dr. Manuel Courel, el Sr. Pablo Macchiarola Secretario de Gobierno y el Sr. Franco Culeddu Sub-Director de Cementerio. En primer lugar, tendrán que explicar qué es lo que ocurrió con el expediente del Sr. Bravo 11621-B-2021 dirigido a Mariano Campero.
Al mismo tiempo, Sangenis apunta a que se sepa que “si se determinó o no si se trata de un solo caso o es una práctica constante del cementerio del Parque San Agustín exhumar los cadáveres sin respeto a la dignidad y humanidad con que deben ser tratados”. Sobre todo, considerando que no pueden hacerlo de ninguna manera “sin orden judicial, sin autorización municipal, sin autorización del Ministerio de Salud y sin Guía de la Empresa 9 de Julio”.
Por último, el concejal de Yerba Buena hizo constar en su pedido de presentación se reserva el derecho de denunciar el caso ante los organismos de derechos humanos y la justicia, en la ocasión de que sea insuficiente o insatisfactoria las respuestas en la interpelación de los mencionados funcionarios que forman parte del gabinete del intendente de la ciudad jardín, Mariano Campero.
