El concejal Alejandro Sangenis realizó un pedido de informe con carácter de urgente al presidente del Concejo Deliberante de Yerba Buena, Rodolfo Aranda. Se apunta a que eleve un informe consignando “el destino y el uso” de los dineros públicos. Todo comenzó cuando el concejal del PRO, Miguel Diosquez Dupuy, presentó un pedido de informe en el Concejo Deliberante de Banda de Río Salí.
Y es que se apuntó a los fondos que se destinó a la ciudad bandeña mediante decreto del Poder Ejecutivo Provincial a la suma de mil ochocientos millones de pesos. En el documento presentado, el edil señala “la necesidad imperiosa de conocer en forma detallada, concreta y pormenorizada los fondos qué ingresan a las arcas del municipio como sí también su destino y el uso de dichos montos”.
En ese contexto es que se enmarca la solicitud que da cuenta acerca de que Sangenis se atrevió a emular su conducta y reiterar numerosos pedidos que van en la misma línea. Y es que lo que Aranda se rehúsa a entender sobre el informe que el presidente del cuerpo deliberativo de Yerba Buena debe formular al intendente Mariano Campero, y de los cuales le fueron oportunamente recordados.
Al respecto, Mariano Campero debe explicar el sobre-precio de la obra de sacar la rotonda de Camino del Perú y Avenida Perón que acordó con Germán Alfaro, aportar la impresionante suma de unos 56 millones de pesos que costará la obra para sacar una pequeña plazoleta y reprogramar los semáforos. Sangenis señaló que “esa obra a todas luces es sobrevaluada y constituye un escándalo de sobre-precio y corrupción”.
Por otro lado, se dejó en claro que no se explica que se hayan hecho ciclo vías en una ciudad en la que el 90% de sus arterias no tiene veredas y no se explica en que se gastó casi 100.000.000 de pesos si las bicisendas son “un poco de pintura amarilla, y menos cantidad de pintura blanca y verde, a lo que hay que sumar unos pocos demarcadores viales”. No se trata de acusar de nada a nadie.
Pero debe haber explicaciones de cara a la comunidad, porque se está instalando la idea de que en las ciclovías hubo sobreprecios y negociados. Además, Aranda debe preguntar al Intendente si tubo ordenes de su partido para contratar una empresa de Buenos Aires vinculada a Horacio Rodríguez Larreta y no dar preferencia a las empresas tucumanas que también saben pintar, sobre todo, si se tiene en cuenta que las bicisendas no son más que unas demarcaciones de pintura.
El texto presentado deja en claro que la norma expresa del artículo 28 inciso 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades que manda que es facultad del Concejo Deliberante fijar las delimitaciones y la altura de las construcciones. De esto se desprende que esa modificación del Código de Ordenamiento Urbano hace incurrir al referido intendente de Yerba Buena en el delito penado por el artículo 248 del Código Penal.
Lo cierto es que nunca se dio las explicaciones y es necesario e imprescindible para evaluar las consecuencias de esos actos nulos y evitar dispendios al municipio y perjuicios a terceros. Asimismo, está claro que se desconoce si Mariano Campero ha omitido deliberadamente cumplir con su deber de funcionario público y girar los fondos de funcionamiento del Concejo Deliberante vetando la ordenanza sancionada bajo el N° 2.363.
Y es que el intendente tenía el deber de transferir los fondos para los gastos de funcionamiento del Concejo y abusando del derecho a veto actuando en forma ilegal, no transfirió los fondos incurriendo a la vez en malversación de caudales públicos. Pero eso no es todo debido a que Aranda debe pedirle informe a Campero acerca de si se dio autorización o no a la realización de la reunión multitudinaria de la empresa Intensive Live en el predio de la Sociedad Rural.
Es preciso, que se realicen todas las aclaraciones sobre la participación que le cupo a la Municipalidad de Yerba Buena en ese evento del cual se deriva una investigación penal por Estafa Piramidal que perjudico a muchos vecinos de Yerba Buena, los que dicen que el Municipio habría cobrado 4 bitcoins – de aproximadamente $ 400.000 cada uno -, los cuales se desconoce quién los cobró y tampoco se sabe si ingresaron o no a las arcas del erario público.
Esto no es poco si se tiene en cuenta que si Intensive Live no tiene dicha autorización y el Municipio yerbabuenense avaló el evento en el que se realizaron operaciones financieras, el funcionario autorizante estaría incurso en incumplimiento de los deberes de su cargo art.248 C.P. y sería responsable de avalar a una empresa que habría estafado a cientos de vecinos de Yerba Buena.
Las explicaciones que se deben sobre el accionar del Municipio en este caso no son menores, porque si la Municipalidad hubiera cumplido con los deberes de su cargo una empresa sin autorización del B.C.R.A. no haría estafa piramidal en reuniones multitudinarias y no estarían perjudicados económicamente cientos de vecinos. Hay ciertamente incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos (248 C.P.).
Y también hay que esclarecer los rumores de los bitcoins que se habrían dado al municipio sin dejar margen de dudas, por la honorabilidad de los potenciales involucrados, y porque de ser cierto podría haber habido negociaciones incompatibles con la función pública. Es gravísimo, porque en esa reunión se realizaron operaciones que constituyen captación de ahorro público y para ello se precisaba autorización del B.C.R.A.
En el pedido de informa se deja en claro que “aquí la actuación de Campero y demás imputados deja mucho que desear, por un lado, si autorizaron violaron los deberes de funcionarios público por acción, y por otro lado si no autorizaron y no controlaron violaron los deberes de funcionarios públicos por omisión”. Asimismo, otro tanto corresponde explicar sobre la habilitación y controles de la firma ADHEMAR CAPITAL.
Cabe recordar que se trata de una financiera que habría sido autorizada a instalarse en Yerba Buena – SIN AUTORIZACION DEL B.C.R.A. y que llevo a cabo una Estafa Piramidal con cientos de vecinos de Yerba Buena estafados, y que si la municipalidad hubiera cumplido su deber de contralor no habría sucedido. Claramente se debe informar al H.C.D. si la firma estafadora serial fue autorizada por el Municipio, que tipo de autorización se le dio.
Pero también cual documentación base se usó para dar autorización de funcionamiento, si se controló o no se controló que no ejerciera actividades distintas de las autorizadas, etc. “Debemos dejar en claro si el municipio cumplió o no sus deberes legales, porque hay responsabilidades y hay muchos damnificados y por enormes cifras dinerarias y no es dable permitir que se piense que no se actuó correctamente”, explicó Sangenis.
Lo mismo ocurre con el Expte. Nº 309-Y-2018 la Comisión de Obras Públicas del H.C.D. en que se dejó establecido que se podía autorizar el emprendimiento deportivo-recreativo de Las Cañas, debiendo cumplir los horarios de funcionamiento para actividades deportivas C.O.U. punto 2.2.5. y condiciones de cerramiento de canchas conforme C.O.U. 2.2.5.2.
Pero el problema es que ninguna de las mencionadas está siendo cumplida por la autorizada, porque en ningún momento se le autorizó el funcionamiento de estacionamiento pago (lo cobran con la cuota social semestral a los jugadores y los no jugadores pagan 200 pesos al ingreso) y tampoco se le autorizo para que funcione como boliche bailable sin cumplir ninguna de las condiciones para esas autorizaciones, siendo prolegómenos de un potencial futuro Cromañon.
Al respecto, se ha requerido informes a Campero y no los ha contestado, por lo que se debe traer al H.C.D. toda la documentación base de la habilitación de la mencionada empresa y el tipo de habilitación que finalmente otorgo el Poder Ejecutivo, además se le ha solicitado a Campero que haga cesar los bailes y la explotación comercial del estacionamiento pago no autorizados y el mismo hace la vista gorda. ¿Acaso Campero es Socio de Las Cañas?
Resulta llamativo que, advertido el intendente de esta de la situación, no tome medidas del caso y proceda a la clausura de las actividades no autorizadas o no incluidas en la autorización, o por lo menos se dé una explicación plausible. En definitiva, los pedidos de informes y las explicaciones deben ser dadas por Mariano Campero que tiene cubierto por la Provincia (PACTO FISCAL) todos los salarios de la planta municipal.
