La mesa de enlace de entidades agropecuarias se declaró en “estado de alerta” tras las recientes resoluciones del Gobierno que dispusieron mayores requisitos y controles para la comercialización de productos de la agroindustria, tanto para exportar como en el mercado interno.
Un comunicado conjunto de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA) afirmó que esas medidas “rompen con la promesa de diálogo que hicieron las autoridades y demuestra un altísimo desinterés en los productores y en el sector, que tantas divisas aporta a las arcas del Estado, al tiempo que provee de alimentos a los argentinos”.
Y, en un tono de evidente descontento y tensión, advirtieron que “abre un tiempo de consulta con nuestras bases”, los productores agropecuarios de cada una de esas entidades, que podrían derivar en medidas de protesta; aunque son conscientes que la delicada situación por la pandemia y la crisis económica requiere tener mucha cautela.
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Respecto de la voluntad de diálogo, las entidades de la mesa de enlace enfatizaron que la semana pasada pidieron audiencias con los ministros con injerencia en el tema: de Agricultura; Desarrollo Productivo y de Economía y Hacienda. Pero no hubo respuestas de parte de los funcionarios.
Lamentaron que se haya dejado de lado “el compromiso del presidente de la Nación durante nuestro último encuentro, cuando aseguró que antes de tomar cualquier medida de alto impacto para el sector, se conversaría”. Prácticamente interpretaron que fue un engaño. “Aquellas promesas fueron sólo una puesta en escena para confundir a la opinión pública, traduciendo nuestra vocación en un esfuerzo inconducente”, afirmaron.
La medida a la que se refieren, fundamentalmente, es a la Resolución Conjunta 3/2021 que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial de este martes, y dispuso la puesta en marcha de una nueva “Declaración Jurada de Operaciones de Exportaciones de Carne” (DJEC).
Los ruralistas consideran que “la medida recuerda a los nefastos ROE (Registros de Operaciones de Exportación), por medio de los cuales se restringían y direccionaban discrecionalmente las exportaciones de bienes de origen agropecuario, y causaron un daño irreparable a la producción”.
Pusieron en consideración también que este lunes “se publicó la Resolución 60, que establece una serie de resoluciones y cumplimientos para quienes deseen exportar. Ambas medidas se suman a otras políticas implementadas anteriormente en forma inconsulta, perjudicando siempre al productor que necesita incentivos promocionales para seguir produciendo bienes y colocarlos en el mercado interno y externo”.
Opinaron que “todo esto demuestra que no existe un compromiso real de diálogo ni tampoco se busca articular consensos por parte del Gobierno nacional en pos de generar desarrollo productivo, social y económico”.
