El hecho de que sean inminentes las elecciones legislativas nacionales no debe ser bajo ningún punto de vista un obstáculo, mucho menos una excusa, para privilegiar lo urgente por sobre lo importante. Ese es el marco en el cual el juicio oral y público en contra del ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador jaldista, Jorge Yapura Astorga, se viene postergando desde hace casi un año. ¿Acaso la Justicia estaría ocultando información vinculada a la causa de Yapura Astorga?
Y es que este vergonzoso hecho habría comenzado en la mismísima Oficina de Digitalización, lugar desde donde se habrían “desaparecido” fojas importantes de la causa. Pero lo peor del caso es que, al respecto de esta situación, no estarían ajenos los integrantes de la Sala III, la cual es presidida por el Dr. Adolfo Fabián Fradejas. Y es que los miembros del tribunal son quienes deben llevar adelante el debate oral.
Pero, como si esto fuera poco, tampoco desconocería la falta de las importantes fojas de la causa en la que Yapura Astorga está acusado de realizar actos de corrupción, quién sería el fiscal de Cámara, es decir, el acusador, en este caso, se trataría del Dr. Daniel Marranzino, del Ministerio Público Fiscal (MPF). Ante esta realidad, ayer domingo 25 de julio ingresó una denuncia en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, acerca del expediente 2137/2017.
Es por ello que el denunciante del por entonces intendente de Tafí del Valle, solicita al máximo tribunal una auditoría del citado expediente, ante las graves irregularidades que presentaría la causa que cuenta con un fallo que está firme desde hace casi un año. Esto significa, que el ciudadano en cuestión estaba al tanto de que al trámite judicial que debe sustanciarse y que, de hecho, viene siendo postergado, ahora presenta la falta de fojas en lo que hace al expediente.
Cabe recordar que el Dr. Gustavo Morales hace unos meses, relató a Tucumán Despierta, que Fradejas estaba al tanto de que el juez Morales Lezica (otro integrante del tribunal que debe juzgar a Yapura Astorga) le compraba estupefacientes a un preso antes de ser detenido. Además, el abogado mencionó que “eso está en un acta”, algo que no habría salido a la luz ya que “quien lo encubrió fue Adolfo Fabián Fradejas, quien era quien presidía ese tribunal y que por supuesto ha mirado hacia otro lado”.
Como si esto no fuera suficiente, Gustavo Morales denunció que “quien era el fiscal que también miró para otro lado, es Daniel Gerardo Marranzino”, sobre quien dijo que se trata de alguien que “tiene que velar por la objetividad y la lealtad procesal”. Es por ello que no debería llamar la atención que estos personajes oscuros en el mundo de la Justicia, pudieran estar involucrados en este grave hecho de extrema gravedad institucional en la causa de Yapura Astorga.
Y es que no se puede pensar otra cosa que no sea que es la propia Justicia la que estaría ocultando información en la causa del legislador jaldista Jorge Yapura Astorga, incurriendo en una conducta procesal obstruccionista del Tribunal de Juicio para llevar adelante el juicio oral y público con el nefasto fin de protegerlo de años de prisión con los que debería cumplir en caso de ser hallado culpable.
En el marco de lo que bien puede ser considerado como una dilación indebida cercana a la impunidad de parte del mismísimo MPF que, en lugar de actuar con lealtad y objetividad procesal y gestar los intereses de la víctima y permitirle acceder al expediente, se lo impide y las sospechas de que el Poder Judicial actuaría de manera estructural en beneficio de Yapura Astorga no hacen más que acentuarse.
Además, cabe mencionar que la misma Corte Suprema que recibe este lunes 26 de julio la solicitud del denunciante del legislador jaldista fue, en su momento, el tribunal que le negó de forma unánime a Yapura Astorga el recurso federal que le hubiera permitido ganar más tiempo y dilatar el juicio oral y público al que debe someterse. De hecho, entre los firmantes, se encontraba la propia Dra. Claudia Sbdar.
Se trata de la presidenta de la Corte, quien aparecía a mediados de agosto del 2020 como la abanderada del comienzo del fin de la impunidad en Tucumán, empezando por llevar a Yapura Astorga a tener que rendirle cuentas a la sociedad por la enorme cantidad de delitos que se le endilgan a él y a su círculo más cercano. Sin embargo, todo no fue más que una ilusión si se contempla todo el tiempo transcurrido.
En esa línea, debe recordarse que, en su momento, un fallo unánime e histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, dejó firme la Elevación a Juicio Oral y Público de Yapura Astorga, por lo que el legislador es un hombre público que se encuentra Procesado. No obstante, ocurre eso justamente, el expediente se encontraría paralizado, al punto de que, hasta el momento, no se habría sorteado la fecha y la sala en la que se llevará a cabo el juicio oral.
Esto significa que la Justicia de Tucumán parecería mirar hacia otro lado y dormir el sueño de los justos, cuando se trata de juzgar a políticos corruptos. En casi un año, la Justicia de Tucumán ha demostrado que no actúa con causas que son sensibles al poder a pesar de que se trata de casos de gravedad institucional si se tiene en cuenta, por ejemplo, los delitos que se les imputan al ex intendente y hoy legislador oficialista Yapura Astorga y a su “equipo de trabajo”.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]Se trata de nada menos que los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Coautor De Los Delitos De Incumplimiento De Los Deberes De Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Malversación de Caudales Públicos (Peculado) y Asociación Ilícita. En ese marco, cabe preguntarse: ¿Acaso no revisten la suficiente gravedad como para que la Justicia haga algo?[/su_note]
Al respecto, todo parecería indicar que la Justicia provincial estaría protegiendo a este procesado por corrupción por medio de su silencio e inacción cuando en la causa llegó a confirmarse el juicio a días de cumplir un año del fallo firme, pero el mismo continúa sin concretarse. Pero, como si eso fuera poco, el legislador también estaría siendo protegido por la Legislatura provincial.
Por un lado, esto se debe al hecho de que el Poder Legislativo que conduce el vicegobernador Osvaldo Jaldo, le permite gozar a Yapura Astorga de los fueros parlamentarios. Y es que pareciera que el procesado cuenta con la “protección” del presidente de la Cámara. De hecho, se los ve muy cómodos juntos cada vez que el vicegobernador realiza algún tipo de acto político o proselitista y el legislador integra la comitiva de Osvaldo Jaldo en los recorridos semanales.
Esto no hace más que demostrar la cercanía del procesado y el vicegobernador. En ese sentido, ya debería haber sido separado del cargo, por lo menos hasta que termine su proceso penal y así evitar posibles tráficos de influencias que habría en tribunales para evitar ser condenado. Sin embargo, la Cámara parece dispuesta a darle toda la protección necesaria dentro del cuerpo legislativo, como así también en la Justicia provincial. La pregunta es: ¿Hasta cuándo?
