La medicina prepaga recibió con la mayor de las preocupaciones la sorpresiva suspensión de los aumentos de 7% en las tarifas que en una primera instancia les habían autorizado a cobrar a partir de febrero. Incluso, la suba en las cuotas había sido avalada en el Boletín Oficial de la mañana del último día del año, pero quedó suspendida horas después con una publicación especial, cuando se iban a producir los festejos por el Año Nuevo.
De esta manera, es el segundo ajuste en las cuotas que queda stand by, luego de que a principio de mes las compañías ya habían atravesado una situación similar. Alberto Fernández suspendió un aumento que ya había sido autorizado y las empresas advierten sobre la situación crítica del sector ya que este año no cuentan con el programa ATP. El hecho es que ahora desde el sector privado de la salud afirman que no podrán hacerle frente al 2021 sin aumentos.
Pero, además, en el sector temen estar frente a un intento del Gobierno por reformar el sistema de salud luego de dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la necesidad de hacerlo más “eficiente” y estas marchas atrás que van en contra de lo que predica el titular de la cartera de Salud, Ginés Gonzáles García, al menos cuando se sienta con empresarios de la salud.
Es por ello que ayer, a pesar de ser 1° de enero, no hubo feriado para los dirigentes sectoriales, ya que compartieron su enojo y su estupor por una medida que, aseguran, afecta a uno de los servicios que mejor funcionan en la Argentina, elegido por presidentes y dirigentes políticos cada vez que deben atender una cuestión de salud. Alertaban además que este año tendrán serias dificultades para pagar salarios.
Sobre todo, luego de un 2020 muy complejo en el que los servicios más rentables se detuvieron por la pandemia y sólo las prestaciones más urgentes asociadas a la lucha contra el coronavirus estuvieron activas. Los empresarios afirman que sus compañías se mantuvieron a flote gracias a las inyecciones de dinero público que supusieron el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y otras transferencias.
Fuentes de las principales empresas manifestaron que toda la situación fue “sorpresiva e insólita” y la atribuyeron a una interna entre los funcionarios del ministerio de Salud y el Instituto Patria de Cristina Kirchner. Y es que durante el 2020, el Gobierno puso en dos oportunidades el foco sobre la necesidad de reformular el sector privado de la salud. Uno de ellos fue en abril, es decir, al comienzo de la pandemia mundial de coronavirus.
La idea era que el Estado pudiera disponer de los recursos hospitalarios del sistema privado en el marco de la pandemia, pero desde el sector empresario expresaron su disconformidad porque entendieron que se trataba de un avance para una posible estatización del sistema. Luego la medida quedó descartada. Y el otro momento fue el ya mencionado en el que la vicepresidenta volvió a plantear cambios, cuando dijo que había que “repensar” todo el sistema de salud.
