En el medio de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del Bloque del FdT en la Cámara de Diputados, nos enterábamos, como quien no quiere la cosa, que se firmaba un contrato con China para la instalación de una nueva central nuclear en nuestro país. Cuando toda la atención y tensión estaba puesta en la reacción de los mercados, en quién presidiría el bloque oficialista, como seguiría el acuerdo con el FMI y si se trataría o no en el Congreso.
Justo en ese momento, el gobernador Axel Kicillof rubricaba el acuerdo. Eso sí, estaba acompañado por su Ministro de Seguridad, que al parecer de este gobierno es una cartera clave a la hora de hablar sobre la ampliación y diversificación de la matriz energética de nuestro país en lugar de prevenir el narcotráfico. Atucha III se instalará en Zárate y requerirá una inversión de 8.300 millones de dólares, la obra se estima durará más de 8 años.
El gobernador celebró además que se generarán miles de empleos y que la provincia se consolidará, así como “la de más peso energético”. Hasta acá el cuento es muy lindo, pero hay mucho que no están contando. Y tampoco lo contaron en septiembre de 2021 cuando se presentó un pedido de informe sobre las negociaciones, que se estaban llevando a cabo, entre la Secretaría de Energía Argentina con la Agencia Nacional de Energía de China y la Corporación Nuclear Nacional de ese país.
¿Qué se preguntó hace 4 meses? Lo mismo que nos preguntamos ahora. Dónde están los estudios previos de factibilidad técnica, ambiental, económica y de financiamiento. En particular, ¿Cuál es el estudio que demuestra que el emplazamiento apropiado de esa central es precisamente Atucha? Esto vinculado a la protección radiológica y sus implicancias en el área, como así también la dependencia de una sola corriente de agua de refrigeración.
La tecnología de esta nueva central nuclear es distinta a las instaladas en Atucha I y II. El combustible tampoco es el mismo. La materia prima es uranio enriquecido que no se produce en la argentina. Por lo tanto, ¿De dónde y a qué precio se obtendrá una materia prima que el país deberá importar? Y si se produce en nuestro país, ¿a qué precio y cómo impactarán esos valores en los costos de producción de esa energía?
Esta inversión implica miles de millones de dólares y es un ‘contrato llave en mano’. La transferencia de tecnología se pagará con la energía que produzca el país en 20 o 30 años a precio fijo. Un compromiso a futuro que ni siquiera está contemplado en el marco de un ‘Plan Económico y Energético’, en cumplimiento de la Ley 24.354, que debería analizarse y aprobarse en el Congreso.
Un compromiso que además debe contextualizarse en una Argentina con una balanza energética que no permite cubrir la demanda con producción local, con problemas para la importación de gas de Bolivia por el declino en la producción de YPFB, las restricciones para la producción de Vaca Muerta y el declino de la producción de las cuencas del sur.
A este escenario debemos sumar un dato no menor, que también paso desapercibido para la opinión pública y conocimiento de la ciudadanía, la energía hidroeléctrica que podría ampliarse con centrales como las de Río Santa Cruz también queda comprometida en los negocios de Sabino Vaca Narvaja en China. Y es que esas centrales, que tampoco completaron sus estudios de impacto ambiental, también serán financiadas con fondos chinos, con garantía soberana de nuestro país y comprometiendo la venta de la energía que produzcan a precio fijo.
Paradójico y a nuestro juicio hipócrita, como mendocina no puedo dejar de advertir que, mientras Portezuelo del Viento se paraliza por decisión del Gobierno Nacional, teniendo los fondos propios para concretarla y dos estudios de impacto ambiental que la avalan; las centrales de Río Santa Cruz avanzan sin estudio de impacto ambiental y comprometiendo fondos y recursos de los argentinos en financiamientos chinos. ¿Doble vara K?
En síntesis, valga decir que mientras la falta de un plan energético coherente, que permita la ampliación y transición de la matriz energética argentina, nos tiene sumido en una crisis energética vinculada a la inestabilidad e incertidumbre económica, el kirchnerismo embarcado en la ‘Ruta de la Seda’ brinda certezas a China sobre la disponibilidad de nuestros recursos comprometiendo la energía que aquí falta por años y a precio fijo.
Una vez más estamos viendo la falta absoluta de transparencia del gobierno en acuerdos internacionales, sin un plan energético, ponen en riesgo áreas estratégicas comprometiéndolas a largo plazo. Este gobierno debe rendir cuentas a la ciudadanía, dar a conocer los proyectos y brindar detalles de las negociaciones que lleva a cabo y cumplir con la legislación vigente.
