La investigación arrancó en diciembre de 2019, cuando una ex funcionaria de la AFIP denunció una organización criminal que habría evadido una suma aproximada de $800 millones a través de facturas truchas. La Justicia logró comprobar, mediante escuchas telefónicas, la relación entre los miembros de la organización y funcionarios de la AFIP de Santiago del Estero.
Las escuchas, realizadas por la Dirección Regional Tucumán de la PFA y por la Unidad Operativa Federal (UOF) de la PFA de Santiago del Estero, demostraron que el contador de la organización pagaba coimas de hasta 200 mil pesos para que los funcionarios cancelen embargos y permitan la inscripción de empresas “fantasma”.
El fiscal Pedo Simón, titular de la Fiscalía Federal N°1 de Santiago del Estero, imputó a una funcionaria y a dos funcionarios de la AFIP -uno de ellos, actualmente jubilado- por cohecho pasivo y asociación ilícita fiscal por la supuesta percepción de dinero a cambio de descargar boletas de deudas, levantar embargos de empresas y contribuir a la creación de usinas de facturas truchas. También fue imputada otra persona que no trabajaba en el organismo pero que recibía dinero de las coimas en su cuenta bancaria.
Este viernes, la Justicia allanó las oficinas de la AFIP de Santiago del Estero para secuestrar documentación. Al mismo tiempo, también se hicieron allanamientos en los domicilios particulares de los funcionarios, donde se hallaron cheques librados por las usinas ya imputadas, comprobantes de transferencias bancarias y otros elementos de interés para la causa, según informó el sitio Fiscales.
Lo allanamientos fueron ordenados por el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Arbibay. Según pudo saber este medio, cuando la Policía Federal llegó a las oficinas de la AFIP varios empleados reaccionaron con ataques de nervios.
La investigación determinó que las coimas las pagaban un contador y otras personas en la sede de la AFIP de la capital santiagueña, a cargo de Julio César Cuezzo, y en los domicilios particulares de los funcionarios imputados.
También se libraran cheques a favor de una persona que prestaba su cuenta bancaria para intentar ocultar la maniobra.
La funcionaria imputada, quien presta servicios en la sección de recaudación, junto a dos empleados de la sección jurídica -uno activo y otro recientemente jubilado-, “regularizaban” deudas de contribuyentes existentes hasta alcanzar saldo “0″. Por cada trámite, los funcionarios de la AFIP cobraban hasta 200 mil pesos.
La funcionaria y los funcionarios fueron imputados por el delito de cohecho pasivo y como partícipes de la asociación ilícita fiscal, mientras que el intermediario fue considerado partícipe esencial en el cohecho y el contador autor del delito de cohecho activo, que se suma a las imputaciones previas por la comisión, en principio, de los delitos de evasión doblemente agravada y de ser el jefe de una asociación ilícita fiscal.
En la causa, iniciada a fines de 2019, la fiscalía imputó a un total de 14 usinas de facturas truchas y a 22 contribuyentes socios de las empresas, junto al contador jefe de la organización y su secretaria.
