Lebbos es el papá de Paulina, una estudiante de Comunicación Social que desapareció el 26 de febrero de 2006. Había salido a bailar con sus amigas y encontraron su cuerpo 13 días después.
Víctima de un femicidio y de un abuso sexual, la impunidad alrededor de su muerte se convirtió en un emblema para Tucumán. La Justicia dio por probado el encubrimiento alrededor del crimen y hasta condenó al primer fiscal de la causa, al ministro de Seguridad de Alperovich y a la cúpula de la Policía de Tucumán.
La Justicia tucumana tiene en su poder 27 causas abiertas vinculadas a este caso y todas están paralizadas. Se trata de expedientes que se iniciaron por orden del tribunal luego del segundo juicio y que tiene doble conforme de la Suprema Corte de la provincia de Tucumán. Entre ellas, una que investiga el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y abuso de autoridad, además de falsedad ideológica.
“Había un sentimiento de que no le iba a pasar nada, era esa sensación de impunidad permanente en la que vivimos en esta provincia. Yo abrigaba en el fondo de mi corazón una esperanza y se cumplió”, insistió Lebbos que ahora espera que -con Alperovich condenado- la Justicia tucumana avance en las causas que tienen pendientes.
Cuando los jueces del tribunal integrado por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto, pidió que sean investigadas más de 40 personas y casi cinco años después ninguna causa avanzó, ni siquiera está claro que haya habido imputaciones.
Luego del fallo judicial estas causas cayeron en manos del fiscal Mariano Fernández, que no imputó a ninguno de los investigados ni avanzó sobre ninguno de los expedientes de acuerdo a la orden del fallo judicial.
Luego, el Ministerio Público Fiscal decidió que las causas sean investigadas por el fiscal regional del Centro Judicial Capital, Fernando Nicolás Blanno, que tampoco avanzó en los expedientes.
Para Lebbos, esa inactividad está relacionada al procurador, Edmundo Jiménez. Se trata del jefe de todos los fiscales y que, durante cinco años de la gobernación de José Alperovich fue su ministro de Gobierno.
Por eso presentó un pedido en la Legislatura tucumana para que citen a declarar al procurador para que explique por qué no avanzan las causas vinculadas al crimen de Paulina.
También le presentó una carta al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, para denunciar la situación de inacción en la Justicia tucumana.
“Esta chica -por la víctima de los abusos sexuales por los que fue condenado José Alperovich- se habría evitado mucho sufrimiento si me hubieran escuchado: en el 2016 y en el 2017 hice una nota dirigida a cada presidente de bloque y a Gabriela Michetti, que era la presidente del Senado. Pedí que se forme una comisión investigadora para analizar la conducta moral de Alperovich. Ninguno me respondió, ni uno”, contó Lebbos a Clarín.
“Las presenté en el 2017, Alperovich era senador, si me hubieran escuchado, hubiera estado inhabilitado para cumplir cargos públicos, no se presentaba como candidato y no hubiera violado a su sobrina. Al haber tanta impunidad, hacen lo que quieren”, lamentó.
Cuando Mariano Fernández estaba en la Fiscalía de Instrucción Conclusional de Homicidios y Delitos Complejos no avanzó sobre las investigaciones vinculadas al crimen de Paulina.
Pero cuando lo derivaron a la Unidad Fiscal de Investigaciones Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N°1 recibió otra causa que también involucraba al ex senador Alperovich que ahora está preso en el penal de Ezeiza.
Se trató de una denuncia por estafa realizada por tres sobrinos de Alperovich contra José y su hermano Naum por presuntas maniobras ilícitas vinculadas a la herencia familiar.
La empresa León Alperovich S.A.C.I.F.I., sociedad comercial, industrial, financiera e inmobiliaria, fue fundada por el padre del ex gobernador tucumano, León Alperovich, y heredada tras su fallecimiento en 2011 por su esposa Marta León de Alperovich.
La mujer falleció en 2021 y fue para ese entonces que -según la denuncia- se habrían desarrollado los delitos.
Los hermanos José, Naum, Sara y Leonor son los herederos naturales de la fortuna que cosecharon los Alperovich. Pero poco antes de su muerte, los varones de la familia “retiraron utilidades”, es decir que retiraron “parte de su ganancia en la empresa”. Así vendieron 71 propiedades a valor fiscal, a un precio mucho menor al de mercado, “sacaron casi 15 millones de pesos en plazos fijos y más de 6 millones de dólares entre plazos fijos y dinero en efectivo”.
En noviembre de 2021 realizaron una asamblea de socios en la que, según la denuncia, Marta León participó y convalidó los balances que habilitaban a estos movimientos. Según los sobrinos de Alperovich, hijos de Leonor Alperovich, para ese momento la mujer estaba internada en terapia intensiva, incapacitada e imposibilitada de convalidar ninguno de esos movimientos. Un mes después, en diciembre, falleció.
“Esa asamblea viene a ser el último toque dentro de la maniobra fraudulenta porque es la que iba a convalidar los movimientos patrimoniales que se hicieron anteriormente”, explicaron a Clarín.
De acuerdo a la acusación, que fue presentada en noviembre del año pasado pero que recién en abril de 2024 fue ratificada por pedido de la fiscalía de Fernández, eso permitió que la herencia que debía repartirse en la sucesión “sea una sociedad vacía, una cáscara vacía”.
“El fiscal es el Dibu Martínez, le ataja todos los penales”, se burlan personas allegadas a la causa, haciendo referencia a la inacción de la fiscalía en avanzar con esta investigación.
En paralelo Martín, Matías y Marcela Meleguir (los hijos de León Alperovich) presentaron una denuncia en la Justicia de familia vinculada a la repartición de los bienes vinculados a la familia.
Están representados por el abogado Franco Venditti, pero aún no fue autorizado por el fiscal como querellante en la causa. /Clarín
