La Justicia decidió citar a las autoridades del colegio San José de Calazanz para que identificaran a los autores de la amenaza de bomba por la que fue imputada la titular de la línea del celular que realizó la llamada. Al parecer, los responsables nunca habían informado de esta novedad a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que investiga el caso.
De acuerdo a lo informado, el 18 de mayo el servicio 911 recibió una llamada que daba cuenta de que en el establecimiento educativo se había instalado una bomba. Ese día el colegio fue evacuado y el caso, denunciado.
La fiscala, Mariana Rivadeneira, identificó a la titular de la línea y luego, a través de un oficio que respondió el asesor legal del establecimiento, confirmó que la sospechosa era madre de un alumno.
La mujer, en una audiencia, explicó que ella era la titular de la línea, pero que la usaba su hijo adolescente. También informó que los compañeros del menor eran los que habían cometido el delito. El juez Matías Graña aceptó que fuera acusada de intimidación pública, pero que siguiera el proceso en libertad.
El jueves, las autoridades del colegio le informaron a La Gaceta que, una semana después, habían identificado a los autores de la amenaza. “Nos empezamos a enterar por rumores. Fuimos atando hilos, nos acercamos a ellos para hablar y comenzaron a pisarse; así descubrimos la verdad”, contó Sonia González, vicerrectora.
Tras conocer la verdad, las autoridades se contactaron con el padre del autor de la falsa alarma, quien fue suspendido por dos días y tuvo que realizar trabajos comunitarios, según lo indica el acuerdo escolar de convivencia de la institución. Luego fue enviado, junto a nueve compañeros más, al 911 por medio de la Secretaría de Participación Ciudadana.
“Internamente hemos tomado las medidas necesarias. Con los chicos del curso estuvimos trabajando en su momento; al grupo de 10 chicos, que fueron al 911, les explicaron cómo trabajan y les hablaron del uso responsable de los recursos a la hora de atender urgencias. Entonces ahí ellos tomaron conciencia de lo que es una broma y la importancia del uso de los recursos. Luego hicieron un trabajo sobre eso y fueron por todos los cursos explicándoles lo que habían aprendido”, dijo la vicerrectora.
Llamado
La fiscala Rivadeneira, al enterarse de esta situación a través de LA GACETA, citó a las responsables del colegio con la intención de que les explicaran por qué no habían informado sobre la identificación del autor de la amenaza.
Las responsables del establecimiento educativo negaron la información publicada en el diario. También se habrían negado a identificar a los señalados porque eran menores de edad.
Ante esta situación, los responsables de la fiscalía le informaron que era su obligación revelar las identidades, ya que no se trataban de víctimas, sino de sospechosos. No trascendieron más detalles de esa reunión.
Rivadeneira, según explicaron otras fuentes, les dio un plazo de dos horas para que enviaran copias autenticadas de los legajos del adolescente que supuestamente fue suspendido y de los que realizaron la tarea comunitaria. Una vez que tenga esa información, definirá el camino a tomar.
Al ser consultada sobre el tema, la fiscala no quiso dar declaraciones ni brindar más detalles. Sí se refirió a la cuestión en general: “Todos tenemos que involucrarnos en esta cuestión. Estamos hablando de un delito que generó gran conmoción en la sociedad. Funcionarios judiciales, policías y autoridades de los colegios debemos involucrarnos”.
