Acuerdo de precios en decenas de productos de la canasta básica, créditos y descuentos para beneficiarios de la ANSeS, una atenuación de las subas de los servicios públicos y beneficios para las pymes. A ese paquete de medidas, anticipado por Clarín, este domingo, el presidente Mauricio Macri le sumará este miércoles el anuncio de un proyecto que utilizará para intentar apagar reclamos de opositores y, también, de las propias filas oficialistas: se trata de la reforma de la ley 22.802 de Lealtad Comercial, una norma vigente desde la dictadura, con la que se propone “proteger a las pymes” y regular la competencia desleal en el comercio.
La iniciativa apunta a desalentar prácticas desleales que afecten la competencia entre empresas. Más allá de que en el Gobierno se encargaron de aclarar que “no es sólo” para ese sector, por su naturaleza la ley tiene como eje central los controles de los supermercados. “Es complementario a las leyes de defensa a la competencia y de defensa del consumidor”, precisaron altas fuentes oficiales.
Si bien se trata de un proyecto sobre el que el ministro de Producción, Dante Sica, venía trabajando desde el año pasado; a partir de las medidas que Macri consensuó con la UCR y los gobernadores de Cambiemos, el Gobierno se decidió a darle impulso ahora. Incluso, sobrevoló la idea de que fuera por decreto, como gesto de autoridad del mandatario. A esta hora, la chance concreta es que sea enviado al Congreso, tras el anuncio presidencial.
La iniciativa terminó de pulirse en las últimas horas, contrarreloj y bajo un extremo hermetismo. “Había que actualizar una norma que está vigente de la dictadura. El objetivo no es castigar a nadie, sino garantizar la competencia honesta“, dijeron en la Casa Rosada.
Entre los ejes, se propone actualizar los mecanismos y los procedimientos de sanción. Y regular la identificación de mercaderías, entre otras cuestiones.
La propuesta sancionará el incumplimiento de normas y la explotación de la situación de dependencia económica de proveedores y la fijación de precios por debajo del costo de producción, el denominado “dumping”, y la publicidad comparativa engañosa.
La Autoridad de Aplicación continuará siendo la Secretaría de Comercio Interior, aunque se le ampliarán sus facultades y su poder de acción. Y se implementarán mecanismos para agilizar los procedimientos de control y sanción, a partir de la digitalización del procedimiento.
En contrapartida, en el Gobierno rechazan el proyecto de Ley de Góndolas que había presentado Elisa Carrió, como herramienta de presión a los supermercados; y otro similar que, como publicó Clarín, tiene preparado la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para impulsar a nivel provincial. Advierten que con esta nueva ley y cambios en materia de Defensa del Consumidor, el objetivo que se proponen estará cumplido.
EP
