Prosigue la sangría en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de San Miguel de Tucumán. La identificación de otros dos expedientes paralizados contra funcionarios públicos agrava la crisis que afecta a ese despacho, que a partir del 8 de febrero está a cargo de la jueza Carolina Ballesteros. Las causas en cuestión corresponden a denuncias formuladas respectivamente contra un dirigente de extracción justicialista, Armando Cortalezzi, y contra otro radical, Mariano Campero. El primer caso empezó en 2012 y carece de movimiento desde 2014 mientras que el segundo quedó estancado hace casi dos años, con un pedido de investigación jurisdiccional (procedimiento especial a cargo del juez) pendiente de resolución.
Ex legisladores compraron casas y autos al llegar al cargo, según una jueza
El proceso contra Cortalezzi, actual presidente del Concejo Deliberante de esta ciudad, y contra José Gerardo Campos, que trabajaría o habría trabajado con el primero, se remonta a la época en la que aquel se desempeñaba como interventor de la Caja Popular de Ahorros por decisión del ex gobernador José Alperovich. En esas circunstancias, integrantes de la Asociación Bancaria se presentaron en la Justicia penal y dijeron que los denunciados habrían proferido amenazas de muerte. Según Ballesteros, en el expediente hay un proyecto de informe que expresa que Cortalezzi y Campos fueron sobreseídos, pero la sentencia de sobreseimiento no existe (ver “Un borrador dice…”).
Las reacciones del denunciante y del fiscal
A Campero le adjudicaron la posible comisión de los delitos de defraudación y de abuso de autoridad por contratar trabajos de mantenimiento de calles en forma directa -sin licitación publica- a la firma “Sebastián Calleri Construcciones”. La jueza expresó que la fiscala Adriana Giannoni solicitó la investigación del intendente en mayo de 2017 (ver “Un pedido…”). Como en ese momento ya no estaba Mirta Lenis de Vera al frente de la oficina, el requerimiento debió haber sido analizado por los jueces subrogantes Marcelo Mendilaharzu, Víctor Manuel Rougés (ya jubilado) y Juan Francisco Pisa. Ello no ocurrió en función de lo que informó Ballesteros. Aquellos tampoco intervinieron en el caso del ex jefe de la Caja.
La Justicia halla bajo un armario el caso contra 27 legisladores acusados de cobrar coimas en 2002
La descripción del hallazgo y del estado de los expedientes que cuestionan el accionar de Cortalezzi y de Campero consta en la nota del 7 de marzo que la jueza envió a Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Días después y en una misiva separada, Ballesteros comunicó al titular del alto tribunal que había encontrado bajo un armario la causa por supuestas coimas iniciada contra los 27 legisladores que votaron a favor de reformar la Constitución en 2002. Ese caso exhibía como último acto procesal la sentencia de 2010 que anula el pedido de sobreseimiento de los funcionarios: el fallo dictado por la ex magistrada Lenis de Vera -renunció en 2016 para acogerse a la jubilación con el beneficio del 82% móvil- nunca fue notificado a las partes (ver por separado la reacción de Marta Cárdenas, madre del ex legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse). Hacia finales de marzo, Ballesteros manifestó a Posse por escrito que había hallado alrededor de 13 actuaciones de pornografía infantil sin trámite. Ese descubrimiento, que la jueza también denunció en sede penal, fue el primero que tuvo trascendencia pública.
Uno por uno, quiénes son los 27 mencionados en la causa por presuntas coimas de 2002
Al momento de la publicación de la existencia de las causas paralizadas de pornografía infantil Ballesteros ya había inventariado alrededor de 250 procesos penales “cajoneados”, y aproximadamente 2.500 casos contravencionales pendientes de resolución y de registración informática. Tras la ventilación de la noticia, Posse mandó a los auditores Agustín Ladetto y Mariana Tasquer al Juzgado N°5. Fuentes del alto tribunal comentaron ayer que el presidente estaba de viaje y que tenía previsto recibir las conclusiones de la auditoría mañana (se informa por separado). Los sucesos del Juzgado N°5 incluyen el traslado del secretario Carlos López y del prosecretario Demetrio Kuchimpos, que en su momento desconocieron las anomalías y atacaron a Ballesteros. Como si todo esto no fuese suficiente, fuentes judiciales indicaron que en los últimos días habrían aparecido más causas cajoneadas y, entre ellas, nuevas actuaciones de pornografía infantil.
ARMANDO CORTALEZZI
UN BORRADOR DICE QUE FUE SOBRESEÍDO, PERO LA SENTENCIA NO EXISTE, SEGÚN LA JUEZA
Una causa penal contra Armando Cortalezzi (PJ), ex interventor de la Caja Popular de Ahorros y hoy presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, y José Gerardo Campos, que trabajaría con el primero, forma parte del universo de alrededor de 250 procesos paralizados detectados en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de esta ciudad.
Este expediente abierto en 2012 por las posibles amenazas de muerte que denunciaron miembros de la Asociación Bancaria presenta una particularidad: incluye un proyecto de informe sin firmas ni sellos que tiene a Cortalezzi por sobreseído y por extinguida la acción penal, sin que exista la resolución que lo corrobore, según la jueza Carolina Ballesteros.
El borrador en cuestión consigna la fecha 20 de abril de 2018. “No existe una sentencia de sobreseimiento: dicha resolución está pendiente”, expresó Ballesteros en una nota del 7 de marzo remitida a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que también da cuenta de un caso frenado contra el intendente radical de Yerba Buena, Mariano Campero (se informa por separado).
La jueza, que llegó al Juzgado N°5 el 8 de febrero, observó que el último acto procesal del expediente de Cortalezzi data de 2014, y que este exhibía medidas de prueba sin proveer y un pedido de restricción de acercamiento sin resolver, entre otras anomalías. Consultado al respecto, Cortalezzi prefirió no hacer comentarios.
MARIANO CAMPERO
UN PEDIDO DE INVESTIGACIÓN AGUARDA RESPUESTA DESDE HACE CASI DOS AÑOS
Mariano Campero, intendente de Yerba Buena (UCR), fue denunciado en noviembre de 2016 por la posible comisión de los delitos de defraudación y de abuso de autoridad en la contratación en forma directa de la firma “Sebastián Calleri Construcciones” para trabajos de reparación de pavimento y de bacheo.
La causa entró al Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de esta ciudad por el pedido de investigación jurisdiccional que firmó la fiscala Adriana Giannoni y que lleva casi dos años aguardando una resolución, según el informe del 7 de marzo que la jueza Carolina Ballesteros remitió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
“El caso no tiene movimiento desde junio de 2017”, expresó la magistrada. En esa misma misiva, Ballesteros refirió la existencia del expediente paralizado atinente a Armando Cortalezzi (PJ), presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán (se informa por separado).
La jueza añadió que había encontrado una carpeta amarilla con documentación original insertada entre las fojas del expediente de Campero. Consultado al respecto, el intendente expresó que desconocía la existencia del pedido de investigación.
“En su momento hicimos todas las presentaciones y hasta ofrecí renunciar a los fueros. Estoy a disposición de la Justicia. Fui víctima de numerosas operaciones y en 2016 quisieron hacerme un golpe de Estado: lamentablemente usaron al Poder Judicial para eso”, dijo ayer.
POSSE AGUARDA EL ANÁLISIS DE LOS AUDITORES
Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, propondrá a sus pares medidas respecto del Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de esta capital luego de recibir las conclusiones de la auditoría que ordenó el 27 de marzo.
Fuentes de su vocalía informaron ayer que el juez supremo estaba en un viaje oficial, y anticiparon que prevía entrevistarse este jueves con los auditores Agustín Ladetto y Mariana Tasquer. Aquellos deben constatar o descartar las irregularidades que había informado la jueza Carolina Ballesteros, quien llegó al despacho N°5 el 8 de febrero.
AUTOR
Irene Benito
