Sumó 84 diputados con el apoyo de Mauricio Macri, el aporte de gobernadores aliados y un puñado de radicales conversos.Los peronistas Osvaldo Jaldo, de Tucumán, que ordenó a tres de sus legisladores a alienarse con el oficialismo, y el catamarqueño Raúl Jalil, garantizaron el éxito de La Libertad Avanza.
El gobernador santacruceño Claudio Vidal también hizo su aporte. Con el debate avanzado, y cuando ya parecía irreversible el sostenimiento del veto, uno de sus dos legisladores deslizó que acopañaría la voluntad presidencial.
La oposición, que buscó insistir con la ley de financiamiento universitario, obtuvo 160 votos, mientras que hubo siete ausencias y cinco abstenciones: cuatro misioneros que responden al gobernador, Hugo Passalaqcua, y el radical, Pablo Cervi.
Con 144 diputados presentes, la sesión comenzó a las 11.18. Se trató exclusivamente lo del veto de Milei al financiamiento educativo. El Gobierno logró el objetivo a partir del aporte de Pro, los diputados que dependen de los gobernadores, los radicales libertarios y las sugestivas ausencias.
Frente a la inminente victoria de los libertarios, Miguel Ángel Pichetto advirtió al Gobierno: “Creen que ganan, pero en realidad pierden”. Y explicó: “Acaban de consolidar el partido del bloqueo y la minoría. Para este momento ya deberían haber conformado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo, del consenso de ideas, pero lo que hay es una apuesta a la confronatación, a consolidar el conflicto y a ganar batallas que en el fondo pierden”. Tras ello, el jefe del bloque Encuentro Federal arremetió contra lo más preciado para Javier Milei: la economía. “No va a venir ninguna inversión si se desmuestra que hay fragilidad institucional y si el gobierno no consolida una mayoría para poder gobernar. Están perdiendo al electorado duro de La Libertad Avanza, fundamentalmente a los jovenes”, consideró.
Respecto del rumbo de la administración libertaria, señaló: “Es un barco sin luces, un tren que no llega a ninguna estación, una empresa de demolición, que es lo que expresa este plan económico que no sabemos qué es”. Por último, pidió por la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para que brinde detalles del Presupuesto 2025.
Por su parte, el conductor de la bancada radical, Rodrigo de Loredo, acusó al Poder Ejecutivo de “desprestigiar” a las universidades para su uso político. “No hay una sola propuesta vinculada a las reformas que necesitan nuestras universidades para mejorar lo que ya funciona. Lo unico que estamos discutiendo es un ajuste. Estamos discutiendo el tamaño del ajuste, que es necesario para estabilizar a la Argentina, pero por qué han escogido arteramente que para las universidades sea un 20% superior al resto de la administración pública”. Y concluyó: “Esta decisión de definanciamiento esconde una voluntad política que me gustaría que lo pongan sobre la mesa”.
Previamente, su colega radical Danya Tavela, una de las autoras de la ley vetada por Milei, pidió a los diputados en el recinto no transformarse “en la casta que quiere sostener sus privilegios embromando a las generaciones que siguen”. “No condenen a los jóvenes al fracaso y a irse del país”, rogó y agegó: “No sean cómplices de los errores y mala fe de este Gobierno”. La legisladora acusó al Gobierno de “construir mentiras y falacias” para “justificar una decisión política que es un enorme error para el Presidente”.
En la misma línea se expresó el referente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro: “Mienten a la hora de decir que no establecimos las auditorías, mienten oficialistas y colaboracionistas al decir que no quisimos debatir un nuevo sistema de reparto de financiamiento universitario”. Tras ello, explicó la razón de esta actitud: “Mienten porque con lo que se han tomado por el superávit del desmanejo de los fondos fiduciarios en estos primeros seis meses se puede financiar esta ley. Son 796.000 millones de pesos contra los 734.000 millones de pesos que implica el financiamiento universitario”. Y exigió: “Dejen de mentir, dejen de decir que somos degenerados fiscales, cuando desde abril hasta la fecha, insistimos en la Comisión de Educación, y se lo planteabamos al Secretario y al impresentable del Secretario de Política Universitaria”.
Cristian Ritondo, de Pro, ratificó el alineamiento de su bloque con Milei, aunque exigió, al igual que Mauricio Macri, “una mejor gestión”. “No hay que tener mala praxis. Todavía no conformamos la Auditoría General de la Nación (AGN), no tenemos la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y no derogaron el decreto que prohíbe a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a hacer auditorias en las universidades”, listó. Y concluyó: “Este gobierno ha cometido estos errores, por eso celebramos que hayan aceptado tanto el 6,8% retroactivo lal mes de abril como la garantía de una suba salarial para los docentes que menos ganan. A pesar de las demoras, es un buen comienzo y tenemos que terminar de definir en la discusión del Presupuesto la prioridad de este gobierno sobre las universidades y la administración pública en general”.
En representación de UP, Germán Martínez aclaró que su bancada defiende la universidad pública. A lo largo de su intervención en el recinto retrucó el argumento de que “no hay plata” del Gobierno: “Para los espías de Santiago Caputo sí hay plata, pero para las universidades públicas no”, marcó.
José Luis Espert, de LLA, habló de las universidades como “un kiosco” y remarcó: “El informe de auditoróa más reciente es del año 2006 y es sobre el año 2004. Hace 20 años que la Universidad de Buenos Aires (UBA) le debe una rendición de cuentas, en particular a aquellos que no pueden estudiar porque son pobres”. No obstante, aclaró: “Estamos muy lejos de querer terminar con la universidad pública”.
Lo mismo destacó Mercedes Llano, del oficialismo. “No está en dicsusión la educación publica, está en discusión los mecanismos de actualización salarial de los docentes”, señaló. “La universidad publica no es propiedad de ninguna expresión partidaria. Es innegable la necesidad de recomponer los salarios docentes, pero no hay crédito disponible para solventar un gasto que está significativamente por encima de los empleados de la administración pública”, concluyó.
Lourdes Arrieta, que integró hasta el mes pasado el bloque de La Libertad Avanza (LLA), votó en contra del veto de Milei y, por un momento, pareció complejizar los planes del Gobierno para blindar la decisión presidencial. “Lo público no es tan público. Quería reflexionar acerca de este debate sin sentido para pensar dónde realmente va el dinero: si va al estudiante, que estudia en el piso o con baños hacinados; o va para ellos o muchos rectores que son amigos del poder de turno. Quiero reafirmar mi compromiso hacia todos los estudiantes que nunca van a poder acceder a la universidad pública. Estan financiando a los ñoquis, trolls, a la SIDE, por eso la universidad pública no tiene que ser un debate, aunque sí las auditorías para ver si va a los estudiantes o a los rectores”, planteó la mendocina.
En tanto, la cordobesa Alejandra Torres, aliada de Martín Llaryora, anunció que se ausentará de la votación por cuestiones de salud. Lo mismo sucedió con Jorge “Loma” Ávila, de Chubut, aliado al gobernador Ignacio Torres, quien avisó que faltaría “por cuestiones de salud”. Un golpe para quienes buscan insistir con la ley dado su manifiesto apoyo al presupuesto universitario.
Qué dice la ley
La norma sancionada por el Congreso establece una recomposición retroactiva de los salarios de docentes y no docentes del sistema universitario nacional por la inflación acumulada al 1° de diciembre del 2023. Define, además, una actualización mensual de los mismos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que arroje el Indec, solo en el caso en que no se llegue a un acuerdo paritario.
Respecto de los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios, indica que se actualicen al 1° de enero de 2024. Para lo que resta del año, determina que se revisen estas partidas de manera bimestral con el índice de inflación publicado por el Indec.
El propósito de la ley es garantizar el presupuesto a las altas casas de estudio, más allá de los aumentos esporádicos que ofrezca el Poder Ejecutivo.
Según el decreto de Milei que oficializó el veto a la ley de financiamiento universitario, ese proyecto significa un gasto adicional para este año de $811.569 millones. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en cambio, estimó que para este año tendrá un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI.
