La Argentina sufrió otro revés judicial en uno de los litigios internacionales que tiene en contra. Se trata de la demanda que interpuso el fondo Titan Consortium en el caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que tenía sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) y que la justicia estadounidense había habilitado recientemente a ejecutar.
Una Corte del distrito de Columbia falló este miércoles a favor de los demandantes en lo que se conoce como sentencia final. La decisión es inapelable y ordena al país a pagarle a Titan US$390,9 millones más los intereses que surjan entre la fecha de fallo y la que se concrete el pago (tasa variable hoy en 5,11%).
A mediados de noviembre, los abogados del país y de Titan acordaron los términos y condiciones. Entre ellos, evitar ir a un nuevo juicio por lo que se habilitó la sentencia final de la justicia estadounidense. En esa instancia, también negociaron el monto de la deuda y los intereses a pagar.
Además, la sentencia final permite, si hay un incumplimiento del condenado, activar de manera directa el proceso de embargos hasta cubrir el total de la sentencia, explicó Sebastian Maril, analista de Latam Advirsors, que sigue el detalle de los juicios contra el país en el exterior.
Un conflicto que lleva 16 años
Titan Consortium es la dueña de los derechos de litigio en la expropiación de Aerolíneas, ocurrida en 2008, tras comprárselos a Burford Capital (demandante contra el país en el caso YPF por el que el país tiene un fallo en contra por más de US$16.000 millones).
Por Aerolíneas, Titan demandó en la Justicia de EE.UU. a la Argentina para la ejecución de un laudo arbitral del CIADI, de 2019. Ese tribunal de controversias del Banco Mundial no tiene poder para forzar el cobro de sus fallos, por lo que si no hay acuerdo entre el Estado deudor y la empresa se habilita el camino judicial en los tribunales más cercanos a la sede del BM. Eso fue lo que hizo Titan.
El país intentó rechazar los argumentos de los querellantes, pero en agosto un tribunal de Columbia hizo lugar a la ejecución de la sentencia. A partir de esa instancia, ambas partes negociaron los términos y condiciones del pago, así como el monto de la deuda y los intereses (de acá a fin de año) a partir de la fecha en que se conociera la palabra del juez. Ahora, con la sentencia final, la Argentina debe pagar o enfrentarse a un proceso de embargos inédito. Desde el Gobierno todavía no dieron información sobre cuál será la estrategia que adoptará la Procuración del Tesoro.
Otro juicio con sentencia adversa que presiona al Gobierno
Esta no es la primera causa en la que la Argentina ya tiene una sentencia firme en contra. En noviembre se venció el plazo para pagar la condena por US$15000 millones (en euros) por la falsificación de estadísticas de crecimiento económico durante el kirchnerismo. El caso se conoce como “Cupón PBI” y está radicado en la corte de Londres.
La Argentina había depositado una garantía de US$310 millones en marzo para poder apelar el fallo de primera instancia, pero en octubre la Corte Suprema del Reino Unido desestimó tratar el caso. Por lo tanto, la sentencia está firme y los beneficiarios del gallo pueden ejecutar esa garantía o iniciar el proceso para intentar embargar activos argentinos.
La semana pasada, el Gobierno se refirió a la sentencia. En la Casa Rosada indicaron que “por razones ampliamente conocidas” el país “no se encuentra en posición de pagar la totalidad de los montos adeudados”. Por lo tanto, dijeron que están evaluando “un calendario para pagos adicionales” para cumplir con el fallo judicial.
