La primavera electoral que nos brindó el segundo semestre del año pasado dejó sus frutos con la recuperación del empleo, la caída de la desocupación, relativas mejoras salariales, mayor cobertura y aumento en las asignaciones sociales y, por lo tanto, una consecuente caída de la tasa de indigencia y de la pobreza urbana. Sin embargo, no hay mucho que festejar. En parte, porque estos resultados son pobres en sí mismos.
Cuando miramos en perspectiva histórica el deterioro en el nivel de vida de amplios sectores, más allá de las desigualdades sociales crecientes, surge que los niveles de pobreza se asemejan a los de finales de 2019, cuando la situación ya era muy crítica en términos económicos y sociales, pero eran mucho menores la informalidad laboral, el nivel de empleo público y la cobertura de los programas sociales.
Algunos datos estadísticos permiten ilustrar la falsa ilusión de mejora: la mitad de la fuerza de trabajo está desocupada o tiene un trabajo precario; sólo 1 de cada 3 trabajadores tiene un empleo privado formal, al mismo tiempo que 1 de cada 3 de los ocupados son pobres; los salarios reales medios no cubren una canasta básica familiar. En este marco, sólo el 35% de los hogares urbanos no ha transitado por la pobreza en estos últimos tres años.
Lo que demuestra que 15 puntos porcentuales de la actual tasa de pobreza son nuevos pobres crónicos de sectores medios. Los niveles de pobreza no sólo son altos, sino que constituyen el emergente de problemas más estructurales, los cuales más que resolverse parecen agravarse. En ese sentido, tampoco la dinámica económica permite festejar. Más allá de una racional solución de transición a la crisis de la deuda y las destructivas consecuencias de un default.
Y es que no existen condiciones económicas ni políticas para que las mejoras alcanzadas formen parte de un proceso sostenible de estabilidad monetaria-fiscal, inversión, multiplicación de nuevas empresas, creación de empleo privado, mejoras en la productividad y en los salarios reales. En suma, no se observa un proceso con reglas claras que haga posible aumentar la demanda de empleo y mejorar la calidad de vida de la sociedad. Nada más ni nada menos.
Por lo tanto, el principal desafío de la Argentina continúa siendo poner en marcha un modelo de estabilización económica y crecimiento equilibrado, con aumentos de productividad y mayor equidad distributiva. Todo lo cual es, a su vez, en función de que exista estabilidad macroeconómica y se inicie un cambio de régimen económico. Ambos objetivos no se lograrán sin reformas estructurales (monetarias, fiscales, financieras, laborales, administrativas, etc.).
Sin embargo, estos desafíos no forman parte de la agenda gubernamental. En este sentido, no sólo los resultados son pobres sino también las políticas oficiales que se ponen en juego para atender la creciente inflación y la estanflación estructural que nos acompañan desde al menos una década. El diseño de políticas superadoras del estado de decadencia requiere abandonar la especulación política para construir una política al servicio del bien común.
