En la semana que pasó para ya no volver, lo que quedó claro, más allá del relato oficial, es que no será este un fin de año con buenas noticias. La pobreza no cesa, la inflación en niveles record, las inversiones y la generación de empleo que no son una realidad y los dólares que ya prácticamente no se encuentran en las arcas del Banco Central, o al menos eso es lo que muestran sus números.
En el medio de este desaguisado estamos a días de tener que cumplir con el último vencimiento del año con el FMI, algo más de 1.800 millones de dólares que se irán, sin fecha de regreso, a la espera de un acuerdo con el organismo que nos permita refinanciar cerca de 45.000 millones de dólares, refinanciación esta que será acompañada seguramente con algunos años de gracia para que seguramente dentro de algún tiempo no muy lejano volvamos incumplir.
Obligándonos nuevamente a tener que renegociar lo que se pacte también en esta oportunidad. Padecemos de incumplimiento crónico. Lo cierto es que el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es el fin del camino, sino apenas el principio. Si bien el final feliz con el organismo debe llevar consigo un plan que implique la posibilidad de en algún momento podamos hacer honor a nuestros compromisos.
Sabemos que esto será un cúmulo de buenas intenciones que no resolverán los verdaderos problemas del país. Desde ya que el desafío principal que tiene la República Argentina es el de la generación de empleo a través de la inversión y el impulso del sector privado, aunque para que esto ocurra hacen falta reformas estructurales que lejos están de figurar en la hoja de ruta de la política argentina. La creación de empleo es lo importante, lo verdaderamente crítico.
Luego existen cuestiones de carácter urgente que deben resolverse en el corto plazo. La falta de dólares es una de ellas. Increíblemente en uno de los países que ostenta tener la mayor cantidad de dólares físicos por habitante, el BCRA está prácticamente sin reservas. El cepo al dólar y por sobre todo la brecha cambiaria hacen cada vez más crítica la situación. Por un lado, quienes exportan y generan los dólares están sin incentivos para hacerlo.
Y es que un dólar que ostenta un valor en torno a los 200 pesos al exportador se lo pagan en el mejor de los casos 106 pesos, si es que tienen la suerte de no estar sujeto a retenciones. Por otro lado el apetito del importador se dispara, con un dólar en torno a los 200 pesos, nada más apetecible que importar comprando bienes en el exterior con un dólar a 106 pesos. Incluso con la expectativa que este tipo de cambio se encuentra por debajo del valor que algún día alcanzará.
Es decir, las compras se incrementan por sobre lo habitual. La solución que le ha encontrado el Gobierno al problema de los dólares es rudimentariamente sencilla y se basa en simplemente no permitir a absolutamente nadie hacerse de unos dólares, no importa el motivo. Si uno quiere viajar, no se le permite hacerlo, o al menos no a toda la clase media que gustaba de viajar al exterior y su única posibilidad era hacerlo financiado.
Si uno desea importar, las autorizaciones tardan e incluso muchas veces nunca llegan. Si uno quiere comprar para ahorrar, no es posible hacerlo en el mercado oficial. Ante la limitada visión del Gobierno esto roza la perfección, esquilmo al exportador, le compro los dólares baratos y los uso solo yo, sin vendérselos prácticamente a nadie. Si bien en algún punto dentro de la lógica kirchnerista esto podría resultar auspicioso, cometen el error de olvidar un pequeño detalle.
El 80% de lo que se importa está ligado a la industria y a la producción. Buena parte de los productos que existen dentro de las fronteras del país tienen algún componente importado. No permitiendo importar indefectiblemente generan un estancamiento profundo de la economía y aquí tendrán que tomar una decisión, corregir el mercado cambiario y permitir que se importe libremente.
O tendrán que enfrentar el costo de un nuevo freno a la actividad económica en una sociedad que ya no puede más. No existirá crecimiento si no se permiten importar insumos, maquinarias y demás bienes necesarios para poder crecer. El otro gran desafío que reviste urgencia es el de resolver, en lo que ellos llaman el “Plan Plurianual”, un presupuesto que se ajuste a las necesidades que imperan en virtud del posible acuerdo con el fondo, achicar el agujero fiscal.
Entender que no se puede gastar más de lo que ingresa implica entender que para pagar las deudas nos debe sobrar dinero. En la práctica lo que el Ministro de Economía Martín Guzmán pretende es exponer números más acordes. Cifras más afines con un déficit que ronde el 3%. Lo interesante es que esto se lograra en parte ajustando las tarifas de los servicios públicos, tarifas que están atrasadas más del 100%.
Y deberán aquí pagar el costo del impacto inflacionario que generarán estos ajustes en los subsidios a las tarifas. Sin embargo, la situación parece no importarles a los funcionarios de turno. Y es que dicen que este año se crecerá un 10%, que la inflación se encuentra atravesando un proceso de desaceleración, a pesar de estar en torno al 50% anual, y que el año que viene el país crecerá un 4% y por sobre todo, el Estado está y seguirá presente.
Sin demasiado sustento hay que tener expectativas y ser optimista en que el nivel de delirio que impera hoy en quienes gobiernan la Argentina no se vaya más allá. Y que, justamente, no esté por encima de la imperiosa necesidad de enfrentar de una buena vez los problemas reales, estructurales, serios y urgentes y evitar así lo que pueda ser una nueva crisis de proporciones incalculables en la República Argentina.
Es lo que están haciendo con las cuotas de los viajes al exterior, es un golpazo a la clase media. Con la segmentación de tarifas es otro golpazo a la clase media, que es un sector que ellos ya perdieron. La apuesta es contener a los sectores populares que son los que eventualmente podrían salir a la calle, generar inestabilidad política, mientras le siguen pegando a la clase media, y venden eso como un ajuste progresista.
El pragmatismo es ajustar en un año par, el año que viene que no hay elecciones tiene que ser de super ajuste. La expectativa que tiene el Gobierno es volver a crecer en 2023 y repartir un poco más. La realidad es que el kirchnerismo pasó del “ganamos perdiendo” al “pagar creciendo”. El Gobierno presenta los días por venir con un sostenido optimismo. Al menos es lo que se pretende transmitir.
Nadie quiere en el oficialismo hablar de restricciones. “Ajuste” es una palabra maldita. La narrativa que convierte en presentable el inevitable acuerdo con el FMI hace ancla en una expectativa de crecimiento de la economía que de momento no se percibe. La gente observa con creciente desencanto los juegos de la política. El vigésimo aniversario del 2001 acelera los recuerdos y emociones.
Y, para colmo, retrotrae el ruido de los cacerolazos al compás del “que se vayan todos”. Un buen acuerdo con el FMI tendrá costos sociales y políticos altos. La tarea de ordenar la casa, de “desmalezar”, no será gratis para sus ejecutores. Nadie quiere estar en la primera línea de fuego. Pero todo parece indicar en la semana que se fue es que serán los integrantes del Gobierno los que pondrán a la sociedad en la primera línea de fuego sin importarles nada.
