En la última semana de enero se publicó el ranking mundial de corrupción que elabora Transparencia Internacional. Reveló que nuestro aumentó retrocedió 18 lugares, ubicándose en el puesto 96 entre 180 países. El aumento de la corrupción suele ser atribuido a persistentes deficiencias de la justicia penal argentina. Pero en realidad, es un problema de los principales organismos para prevenir la corrupción.
Uno es el Consejo de Magistratura, concebido para garantizar la selección transparente de los jueces y controlar los recursos del Poder Judicial. Su integración fue modificada por el kirchnerismo en 2006, que redujo el número de integrantes, sobrerrepresentado el estamento de los legisladores. Aquella fue impugnada por la justicia, que recién en diciembre de 2021 (quince años después) declaró su inconstitucionalidad.
Otro es la Defensoría del Pueblo, la cual debe velar por los derechos de los ciudadanos vulnerados por el (mal) accionar u omisión del Estado. Ya transcurrieron trece años que el Congreso Nacional no cumple con el mandato de elegir al Defensor (el último fue Eduardo Mondino). Por ello, incluso hay una sentencia judicial contra el Congreso por omisión institucional.
Está también el Ministerio Público Fiscal, que debe garantizar el accionar independiente de los fiscales. En este caso, también el Congreso incumple con el mandato de elegir al nuevo Procurador, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó a fines de 2017. No solo hay una notoria falta de consenso político sobre el candidato, sino también está cuestionada la mayoría parlamentaria para aprobar su designación.
No menos importante es la Auditoría General de la Nación, la cual tiene a cargo el control externo de la administración pública nacional. Es el único organismo cuyo titular es designado por la oposición y es responsable ante el Congreso Nacional. Por lo tanto, es un engranaje clave del control parlamentario de la corrupción. Lamentablemente, esta función la desempeña de forma limitada.
Ya que, al detectar una irregularidad, la comisión a la que reporta –la Bicameral Mixta Revisoras de Cuentas- debe elevar un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Este suele responder con tantos tecnicismos y demoras, que al fin de cuentas desalienta el control. Por último, no puede dejarse de mencionar la Oficina Anticorrupción. Es el único organismo ideado no solo para prevenir hechos de corrupción, sino también investigarlos y denunciarlos a la justicia.
Sin embargo, esta última capacidad se ve limitada ante la circunstancia que el titular es elegido por el presidente de la Nación, lo que explica que sea poco frecuente que investigue y denuncie a funcionarios del gobierno que lo designó. Como surge de esta breve descripción, la Argentina presenta un déficit de control de la corrupción caracterizado por persistentes desacuerdos sobre el titular del organismo, su integración, la mayoría parlamentaria y la eficacia del control.
Tampoco hay voluntad legislativa de dotar la Oficina Anticorrupción de un marco institucional sólido. Para decirlo en términos futboleros, la pelota está en la cancha del Congreso. Son los legisladores que deben activar el control de la corrupción. Sin perder más tiempo y dejando de echarle la culpa a la justicia.
