Mientras en los medios nacionales continúa haciendo eco la grave denuncia contra uno de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, la pregunta que rebota es qué hará falta para que se produzca la necesaria intervención federal. Y es que lo trascendido durante la semana que pasó fue de una gravedad institucional que no admite parangón alguno, ya que no hay registro de una situación parecida.
El caso Pedicone – Leiva es el más claro ejemplo del peligro en el que se encuentra el sistema republicano de gobierno a causa de la falta de independencia del Poder Judicial, según consta en la denuncia del camarista. Y es que lo que vino a desnudar lo referido por Pedicone sería la supuesta intromisión del Poder Ejecutivo junto con el Poder Legislativo dentro de la Justicia tucumana.
Los máximos representantes del Ejecutivo y del Legislativo, son la propia dupla gobernante de la provincia, es decir, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, quienes, según Pedicone, habrían pedido por intermedio del vocal de la Corte, Daniel Leiva, sacarle el pie de encima a un legislador de la oposición, Ricardo Bussi, sólo por ser funcional al poder político, tanto a la hora de las elecciones como para abroquelar el poder en la Cámara legislativa.
De comprobarse, asistiremos a la intromisión descarnada de la clase política en el máximo tribunal en el que la Justicia de Tucumán se referencia. En ese marco, resulta ensordecedor el silencio que emerge de parte de la Corte Suprema, sobre todo, de su presidenta, la Dra. Claudia Sbdar. La titular de la C.S.J.T. debe desconocer el dicho popular que reza que “el que calla, otorga”, por lo que sólo genera dudas e incertidumbre su actitud.
En este punto cabe preguntarse si la presidenta de la Corte toma dimensión real de que su silencio no hace más que agravar todavía más la situación institucional en la que está sumida la Justicia local. ¿Sabrá que su silencio hace ruido? ¿Qué la sensación que queda en la opinión pública es que todo parecería implicar una suerte de complicidad por parte de la Corte con las espurias relaciones institucionales mantenidas con el Ejecutivo y el Legislativo?
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Empeora el panorama cuando se recuerda que la Dra. Sbdar es una de las integrantes del Consejo para reformar la Justicia Federal, es decir, es una de las personas más importantes, elegidas por el presidente Alberto Fernández, para armar un proyecto de ley hecho, que parecería a la medida de las necesidades de impunidad de Cristina Kirchner y de su séquito. Sin embargo, nada tiene para decir sobre la denuncia llevada a cabo por Pedicone contra uno de sus colegas en la Corte Suprema.
Y si no se tratara de un silencio cómplice, ¿Acaso no es un silencio que bien podría estar ocultando algo? ¿Pero qué? Son muchos los interrogantes que se abren y pocas o nulas las respuestas que se brindan. ¿Acaso está en juego la verdad acerca de que la Justicia en Tucumán se comporta como una extensión del poder de turno debido a que está compuesto por magistrados que antes trabajaron para el Gobierno?
¿Acaso la Corte Suprema se manejaría de forma facciosa cual mafia? ¿Estaba al tanto la Dra. Claudia Sbdar de las maniobras que venía realizando, según Pedicone, el vocal Daniel Leiva? ¿Es por ello que ahora calla? Y es que la sospecha ya no pasa por una cuestión de mero corporativismo. ¿Y es que es posible que hasta exista complicidad de parte de los magistrados? ¿Esta denuncia viene a romper el secretismo que existe en torno a los manejos de la Justicia?
Sea como fuere, esta situación coloca a la Justicia provincial al borde de una necesaria como pronta Intervención Federal. Y es que no existiría acción alguna de parte de la presidenta de la Corte, Dra. Claudia Sbdar para intentar sanear a la situación, lo que desemboca en una suspicaz inacción que parecería tender a que todo pase rápido para volver a funcionar de la manera en que lo vino haciendo hasta aquí.
Sin ir más lejos, el propio vocal de la Corte, Daniel Leiva, ya debería de haber tomado licencia y ser apartado de provisoriamente del máximo tribunal hasta que se aclaren los graves hechos denunciados en su contra. El papel de la titular de la Corte es claro en toda esta situación ya que, no solo mantiene en su lugar a su colega, sino que también habría permitido una suerte de apriete contra el denunciante Enrique Pedicone.
Y es que eso pareció ser el pedido de informes de los fallos de Pedicone que solicita la Legislatura que encabeza Osvaldo Jaldo. Lo mismo que en el caso de la Defensoría del Pueblo a cargo de Fernando Juri Debo, que funciona en la órbita del Poder Ejecutivo, otra acción que pareciera moverse en pos de oscurecer más que en lograr conocer la verdad. ¿Cómo entonces no pensar que sería urgente la posibilidad de que se produzca cuanto antes una Intervención Federal?
Cabe recordar que la misma se halla expresamente prevista en nuestra Constitución Nacional. El artículo 6 esgrime que “el Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o reestablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.
Pero también, ¿Acaso no es legítimo preguntarse por la posibilidad de que se interviniera a la provincia entera? Y es que lo que aquí se abría alterado no es sólo el sistema judicial, sino la alteración completa de la forma republicana de gobierno. Y es que se estaría atravesando una concentración del poder, en la que existe subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, al tiempo que se evidencia falta de independencia de los jueces.
Habrá que esperar lo que sucederá en los próximos días ante tamaña gravedad institucional que tiene lugar en Tucumán. Mientras la Corte, con su titular Dra. Claudia Sbdar a la cabeza, no emita palabra al respecto, al tiempo que mantenga en su cargo al vocal Daniel Leiva, el fantasma de la intervención federal debería materializarse para poner orden y devolverle a la provincia la forma republicana de gobierno que no debería haberse pervertido como habría pasado.
