Ayer jueves, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) promovió una ejecución fiscal ante la Justicia Federal por $7.454.568,39 -que con los intereses supera los ocho millones de pesos- contra la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán (ASUNT). Este pedido de embargo pone en vilo a los más de cinco mil docentes afiliados y sus familias, y profundiza la deficitaria cobertura de la Acción Social universitaria.
La AFIP solicitó las medidas cautelares contra el organismo que preside Adriana de Pedro “atento a que el incumplimiento del deudor obliga a la promoción de esta ejecución fiscal, resulta necesario adoptar los recaudos pertinentes, a fin de asegurar las rentas del Estado y el efectivo cobro de las sumas adeudadas”, según reza el embargo presentado por la abogada Graciela del Milagro López Sosa en representación de la AFIP ante la Justicia Federal.
En ese sentido, se requirió “ordenar la traba del embargo general de fondos y valores del ejecutado por el monto del total reclamado con más el 15% de dicha suma, fijados legalmente para responder a intereses -resarcitorios y punitorios- y costas”, y se estableció que el embargo se librará oficio al Banco Central de la República Argentina con determinados recaudos.
En primer lugar, se estableció que “la medida deberá efectivizarse sobre los fondos del deudor depositados en cuenta corriente, caja de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas títulos, cajas de seguridad y/o cualquier otro fondo o valor del cual resulte titular o co-titular. Si la cuenta tuviese más de un titular, el embargo se limitará a la parte indivisa que corresponda al deudor”.
Además, se planteó que “la medida comprenderá tanto a los fondos y valores existentes a la fecha de comunicación del oficio, cuanto a los que se depositen o constituyan en el futuro, hasta cubrir la suma reclamada de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 7454568,39) con más el monto de PESOS UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 1118185,26) legalmente presupuestado para intereses y costas”.
“Los fondos embargados deberán retenerse en la entidad hasta su transferencia a la cuenta de autos por orden judicial o hasta que mi mandante solicite la transferencia a las cuentas recaudadoras de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el marco del procedimiento establecido en función de lo dispuesto en el onceavo párrafo del artículo 92 de la Ley fiscal, según corresponda”, se lee en el pedido de ejecución fiscal.
AFIP también requirió “la inhibición general de bienes del deudor, a inscribir en el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción del demandado y Nacional de la Propiedad Automotor, a cuyo fin corresponde se ordene librar los Oficios respectivos, diligenciándose este último a través del SOJ automotores”.
