El gremio de trabajadores públicos ATE le envió una contracarta documento a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este sábado y así elevó la tensión en un conflicto que ya tiene varios capítulos. El último había tenido lugar esta semana, cuando la funcionaria los había intimado para que paguen más de 56 millones de pesos por los operativos de seguridad de las marchas que realizaron en diciembre contra el gobierno de Javier Milei, en un día donde también les giró misivas a otras organizaciones sindicales y sociales.
Después del mediodía, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, hizo pública la carta que le mandaron por correo a la titular de la cartera de Seguridad, que los acusa de haber interrumpido el tránsito, algo impedido por el protocolo antipiquetes que ella ideó.
“Señora Patricia Bullrich, acá tiene la respuesta de ATE por los 56 millones. Ahora los que la intimamos somos nosotros”, introdujo en su cuenta de X (ex Twitter) el referente gremial que encabezará el próximo lunes otra jornada de protestas contra la gestión mileísta por las bajas en la administración pública.
Asimismo, Aguiar le pidió a Bullrich que “cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa” y, tras esa acusación, afirmó que todas las resoluciones que emanan de la cartera de Seguridad son nulas. “Usted y su ministerio no cuentan con facultades para perseguir el cobro de cualquier suma de dinero, mucho menos para crear una pena u obligación de pago que en la ley no existe”, justificó.
Asimismo, el gremialista le aclaró que “ningún otro órgano del Poder Ejecutivo puede declarar el derecho de huelga como ilegítimo”, algo que entienden que pretende el gobierno de Milei con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 y con la ley ómnibus.
Y, por último, Aguiar le dejó una advertencia a Bullrich: “Si no le pone fin a su accionar persecutorio y antisindical, la que terminará siendo denunciada será usted”.
A su descargo el sindicalista sumó las fotos de la carta documento, que tiene fecha del viernes y lleva su firma. En el escrito desde el gremio niegan que exista “causa u obligación” para que tengan que pagar esa suma millonaria, como así también insisten con que el Ministerio de Seguridad no tiene potestad para hacerles ese reclamo ni para caracterizar el derecho de huelga como “ilegal o ilegítimo”.
Desconocen además los informes y notas que Bullrich mencionó en su carta -firmada por su alfil Martín Siracusa- y consideran “nulas e inoponibles” las resoluciones que instrumentan el protocolo antipiquetes.
“Por lo tanto intimamos cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa, así como en su evidente actitud persecutoria y antisindical, bajo apercibimiento de efectuar las acciones gremiales y legales en el plano nacional e internacional que estimemos correspondientes”, cierra la misiva de ATE.
El sindicato de los trabajadores públicos no fue el único intimado por el Ministerio de Seguridad, que también le envío cartas por ejemplo a Camioneros, conducido por la familia Moyano. Asimismo, recibieron reclamos agrupaciones sociales como el Polo Obrero, de Eduardo Belliboni.
En el plano gremial hubo reuniones de los equipos técnico-legales entre las distintas organizaciones para establecer una respuesta al unísono y coordinada contra esta medida de Bullrich que consideran desacertada.
