Las facturas de energía eléctrica de entre 15.000 y 70.000 usuarios de Tucumán están bajo estudio de las autoridades nacionales y podrían sufrir aumentos considerables en el primer bimestre de este año.
La suba tendría explicación en el cambio de categoría de esos hogares, dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación, tras cotejar la situación laboral, económica y tributaria de cada uno de ellos. Ese nuevo encuadre haría caer los subsidios nacionales que hasta el momento se les otorgaban por el servicio que presta la empresa distribuidora EDET.
La novedad fue confirmada por José Ricardo Ascárate, interventor del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), quien advirtió que el aumento tarifario impactará en un número considerable de hogares de la provincia.
“Estamos cruzando datos con la base de datos que regía en octubre con la planilla de enero. Hay miles de usuarios que estaban incluidos en los subsidios y que ahora dejarán de recibir ese beneficio. No tenemos aún los números finales, pero estamos hablando de decenas de miles de usuarios excluidos. Nación tendrá que explicar porqué tomó la medida; esta no es una decisión de la Provincia”, aclaró.
El expediente
La punta del ovillo de este complejo escenario se conoció tras una acción de amparo de un grupo de personas que denunció segmentaciones erróneas en sus tarifas de la energía eléctrica.
La demanda, interpuesta por el diputado Carlos Cisneros y por la abogada Patricia Neme, como apoderada de la Asociación Civil Red de Defensa de Usuarios y Consumidores (Redecu), tuvo un fallo favorable del juez Civil y Comercial Común, Pedro Yane Mana. El magistrado ordenó al Ersept dar trámite “urgente” a los reclamos y abrió una caja de pandora.
Ascárate explicó que la primera categorización del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) se hizo sobre los datos enviados por los propios usuarios el año pasado. En el último trimestre de 2024, ARCA (ex AFIP) realizó un cruce de información y tamizó la lista de beneficiarios. Para hacerlo, consideró las pautas fijadas por el Gobierno nacional para acceder a los subsidios, esto implica ingresos, propiedades o posesión de vehículos.
“Nación dio de baja a miles de usuarios que estaban recibiendo el beneficio y esto impactará en las boletas de enero y de febrero. Esto puede ser motivo de mayores reclamos y complicaciones”, precisó el funcionario provincial.
En el Ersept, en tanto, evalúan la resolución del juez Yane Mana aunque anticipan que habrá que discutir la competencia. Desde el organismo advierten que la resolución que se cuestiona tiene origen en el Gobierno nacional. .
Paliativo tucumano
En agosto del año pasado, Tucumán firmó un convenio con la empresa EDET para aplicar una tarifa social plus para todos los usuarios incluidos en la categoría N2. El beneficio provincial contemplaba descuentos fijos en la boleta, de entre $5.000 y $7.000, y se estimaba que podría alcanzar a unos 300.000 hogares.
La recategorización nacional recae sobre los hogares de bajos ingresos, denominados técnicamente como N2. En Tucumán, casi el 70% de los casi 500.000 usuarios que tiene EDET se encuentran en esa condición
El antecedente salteño es mirado con atención por las autoridades provinciales. En julio de 2024, el Ente Regulador de Servicios Públicos y la Defensoría del Pueblo de esa provincia, junto a una organización de usuarios, promovió una acción de amparo para que la Secretaría de Energía de la Nación mantuviera abierto el RASE de manera permanente.
En octubre, el primero de esos organismos le ordenó a la empresa de energía salteña que mantenga en la categoría de ingresos bajos a casi 27.000 usuarios que estaban dentro del régimen de tarifa social por ganar menos de $600.000 mensuales.
Ascárate adelantó que, desde el ente que conduce, realizarán los planteos necesarios para restituir los subsidios nacionales a los usuarios locales. Sin embargo, aclaró que hay decisiones que exceden las facultades de ese organismo. “El gobernador Osvaldo Jaldo nos dio instrucciones para asegurar que la mayor cantidad de tucumanos en situaciones vulnerables puedan seguir percibiendo la tarifa social. Pero hay un registro nacional que nosotros no podemos modificar. Tenemos un problema que no sabemos dónde termina”, concluyó el ex legislador radical.
