La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) efectuó un estudio de los presupuestos 2023 y 2024.en base al cual determinó que la reducción de gastos dispuesta por Osvaldo Jaldo desde que asumió el gobierno, tuvo una incidencia superior al 33 por ciento en la erogación de recursos provinciales.
El documento, compuesto por 57 páginas, fue difundido esta semana por la organización, que desde 2002 realiza este tipo de trabajos sin fines de lucro, con la intención de fortalecer la democracia en Argentina, según afirma en su sitio web.
El documento, con la firma de Marcelo Alejandro Giullitti Oliva y revisado por Sebastián Pilo, consta de un análisis en el que contraponen el cálculo de fondos y gastos del Poder Ejecutivo (PE) de Tucumán según su jurisdicción y el destino de esos dineros.
“A través del presupuesto, el Estado puede garantizar una prestación eficaz, adecuada y suficiente de los servicios públicos tendientes a garantizar los derechos de las personas que habitan en su territorio o, por el contrario, implementar medidas que conduzcan a la vulneración de derechos y el incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos”, sostiene la introducción del estudio.
El escrito reunió toda la información accesible de las previsiones financieras del PE en el ejercicio actual y en el anterior, y luego, se enlistan las cifras a valores reales, usando como referencia la inflación acumulada, que alcanzó un 214,6 por ciento en 2023, de acuerdo con el Indec.
De esta manera, para el Presupuesto 2023, último de la gestión de Juan Manzur, se calculó en un total de $ 1.586.163 millones ($ 1,5 billones); mientras que para el de 2024 -el primero de Jaldo- se fijó un monto de $ 1.052.158 millones ($ 1 billón).
El informe detalla que, en ciertas áreas, “esta disminución en términos reales es más acentuada”. Por caso, se mencionó el Ministerio de Desarrollo Social (con una disminución real del 48%), el Instituto de la Vivienda (43%) y el Ministerio de Educación (27%).
En cuanto a la distribución del gasto por jurisdicción, el documento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia sostiene que en ambos períodos, las tres áreas con mayor volumen de recursos fueron el Ministerio de Educación, el Sistema Provincial de Salud y el Ministerio de Seguridad, sumando entre las tres más del 60 por ciento de la asignación de recursos.
“La composición del gasto también revela una preponderancia notable en el rubro de gastos en personal, con un 60% aproximadamente del gasto público en jurisdicciones afectado a este grupo, seguido por las transferencias, con aproximadamente el 20%, y los bienes de uso, con aproximadamente el 10%”, se enfatizó en las conclusiones.
Al final, el estudio aportó tres recomendaciones. La primera, apuntó a la transparencia y la necesidad de datos abiertos; la segunda, pide evitar el debilitamiento financiero de áreas vinculadas a políticas sociales; y por último, sobre la neceisdad de promover formatos de participación ciudadana en el armado del presupuesto.
