Quizá, la medida más polémica –e incluso escandalosa- es el control de precios, aquel que demoniza al empresario, al comerciante y trata al consumidor de idiota mientras el oficialismo busca instaurar la idea de que el Estado te protege, te cuida.
Pero la demencia es tal que ya tocó niveles persecutorios, autoritarios, casi insospechados. Se trata de un nuevo tiro que el Gobierno de turno se da en el pie.
Es que este viernes, por decreto –como de costumbre- el Gobierno “convocó” a intendentes, gobernadores y al jefe de Gobierno porteño a sumarse a “la campaña” del control de precios.
En tal resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial, se autoriza a los intendentes a intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta; citar a los presuntos responsable y solicitar a la autoridad de aplicación su detención preventiva.
Además se podrán secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por hasta 30 días hábiles; intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito, nombrando depositario; y clausurar preventivamente hasta por tres días los locales en los que se hubiere constatado la infracción.
Es decir, un comerciante que no cumple con lo impuesto por el Ejecutivo nacional, será tratado como un delincuente. Si, como esos mismos que el propio Gobierno liberó al inicio de la pandemia.
Siempre la discusión termina en el mismo lugar: ¿Por qué el oficialismo no comprende –o no quiere comprender- que los precios se forman sobre la base de una serie de gastos? ¿Por qué no se reduce la carga impositiva de los productos cuyo valor se busca estabilizar?
Resulta incomprensible que en democracia plena, un gobierno –electo democráticamente- aún pueda utilizar métodos autoritarios para imponer el cumplimiento efectivo de sus decisiones y que ello, incluso, sea avalado y apoyado por buena parte de la sociedad.
Ya lo explicó Diego Brancatelli, nadie a quien se lo pueda acusar de opositor: la lista de precios máximos es incumplible porque un comerciante adquiere productos a un valor mayor al que puede poner a la venta. Eso es, precisamente, lo que genera desabastecimiento.
Porque ¿quién va a comprar un producto por el cual va a perder si lo vende? Entonces el comerciante queda enredado en un perverso dilema: o desabastece y es sancionado, o incumple con los precios que dispone el Gobierno y…. es sancionado.
Este debería ser un escándalo de proporciones, pero en Argentina es una costumbre, lo habitual del absurdo de las decisiones políticas. ¿Quién va a apostar por abrir un local con este tipo de medidas? ¿Cómo se busca fomentar el empleo cuando las decisiones se contradicen con las declaraciones?
Por otro lado, es obvio que el Gobierno sabe que medidas demagógicas como esta no tienen asidero. Todo lo contrario, tienden a complicar la situación, porque el 8 de enero de 2022, habiendo finalizado el control y teniendo desabastecimiento de ciertos productos, los precios tenderán a aumentar, primero por la inflación y luego por la demanda.
¿La solución que encontraron desde el Ejecutivo nacional? Subir a todos al mismo barco, todos deberán hacer el control pertinente en la jurisdicción o localidad que le corresponda, por más que no estén de acuerdo.
Es que así lo decidieron, unilateralmente, el jefe de Gabinete Juan Manzur, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro.
Básicamente, si la iniciativa no funciona, se reparten las responsabilidades y no recae la culpa completa sobre el Gabinete de Alberto Fernández. Asimismo, quien no cumpla, será subido al ring de la política como el antipueblo, el amigo del establishment especulativo, un tipo en contra de los trabajadores.
En serio, la locura es total, a punto tal de tener que incurrir en el autoritarismo y la persecución intentando dar vuelta el resultado de una elección.
