La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I al mando de Ignacio López Bustos, desde donde se solicitó la prórroga de las medidas de menor intensidad de un encartado.
Este jueves 23 de noviembre se realizó una audiencia de prórroga de la prisión preventiva contra Hugo Fernández, imputado por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Lautaro Alexander Ostriz (24 años), quien fue encontrado sin vida el 20 de agosto pasado en Estación Araoz, 10 días después de haber sido visto por última vez.
Según la teoría del caso, el jueves 10 de agosto, a las 19:00 horas aproximadamente, el imputado junto a otros sujetos que están siendo investigados en la causa, movilizándose en una camioneta de color negra conforme a un plan criminal previamente acordado y en cumplimiento de la distribución de roles y tareas abordaron a la víctima en la parada del colectivo, ubicada en diagonal al Juzgado de Paz de la localidad de Estación Aráoz, obligándolo contra su voluntad a subir al rodado mencionado con el fin de trasladarse hacia las inmediaciones del kilómetro 38 de la ruta provincial 302 cardinal norte.
Una vez allí, para cumplir con el objetivo previamente trazado por los encartados hicieron descender por la fuerza al joven del vehículo y con la intención de ocasionar la muerte le produjeron diferentes lesiones que lo llevaron a la muerte, producto de lesiones compatibles con traumatismo encéfalo craneano grave.
Siguiendo expresas instrucciones del fiscal titular, la auxiliar de fiscal, Luz Becerra, solicitó la extensión de las medidas de coerción, pero esta vez, de menor intensidad como: Fijar y mantener domicilio, prohibición de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, la obligación de permanecer a disposición del tribunal, firmar una vez por mes el libro de comparendo en comisaría, prohibición de salir de la provincia sin autorización previa y la restricción de acercamiento respecto de los familiares de las víctima por el término de cuatro meses.
El pedido fue concedido por la jueza actuante.
