La primera pregunta que cabe hacerse es qué llevó a Alberto Fernández a romper una relación política que cultivó en los primeros meses de su presidencia con Horacio Rodríguez Larreta. La conclusión más obvia es que el oficialismo necesitaba cubrir las falencias en la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y que para eso juntó dos territorios políticos que gobiernan el oficialismo y la oposición.
Así nació el AMBA como una entidad jurídica, institucional y administrativa. El AMBA no es nada de eso. Todo el kirchnerismo tiene una obsesión con Mauricio Macri, pero la antipatía hacia Rodríguez Larreta es nueva. Basta escuchar cualquier discurso de Kicillof de los últimos días para establecer que le dedica a la Capital y al gobierno capitalino más de dos terceras partes de sus diatribas.
Fue la Capital la que distribuyó el virus de la segunda ola, según el gobernador. ¿Quién le dio esa información? No lo dice. La Capital no vacuna como debería hacerlo, agrega. ¿Por qué? ¿Acaso porque sus opositores se proponen exterminar a los argentinos? Sería una inferencia ridícula. Nacido y criado como porteño, el gobernador Kicillof está asustado. Es la primera vez que pone el cuerpo en el vasto e indómito territorio del conurbano bonaerense.
Su administración bascula ahí, para tratar la pandemia, entre el prejuicio y la ideología. Dejó que jóvenes de La Cámpora se adueñaran del proceso de vacunación; relegó a los intendentes, sobre todo si son de partidos opositores, que controlan experimentados centros de atención médica, y, encima, cree que hay una conjura de innumerables intereses, medios periodísticos, políticos de centro-derecha y empresarios importantes, para destruir su carrera política.
Sucedió algo parecido cuando Fernández dijo que, en efecto, los niños no se contagian en las escuelas (aceptó, al final), pero movilizan gente en el transporte público cuando asisten a clases. Rodríguez Larreta le explicó que la inscripción en las escuelas capitalinas tiene el requisito de que las familias deben vivir a no más de 10 cuadras de los institutos de enseñanza. Van todos caminando. El transporte público no aumentó en la Capital desde que se reabrieron las escuelas.
La política está enojada, distanciada o tratando de sacar ventajas. La Justicia debe interceder ahora, cuando los rehenes de la disputa son los niños. No se puede predecir qué dirá la Corte Suprema sobre la cuestión de fondo; es decir, sobre la jurisdicción para decidir en cuestiones de educación. Será difícil para la Corte explicar que la letra de la Constitución y de la ley no rigen esta vez para el desacuerdo entre la Capital y el gobierno federal.
El Presidente está incómodo, molesto e irritado con el caso. No le gusta que jueces distritales hayan desautorizado un decreto suyo de necesidad y urgencia. Le gusta menos la evidencia de que se enfrentó con los padres, abuelos y tíos de los niños en la Capital y buena parte del conurbano. Salió mal parado y además sobrelleva la presión cristinista para salvar a Kicillof del temor y, eventualmente, del abismo.
